Las dinámicas del conflicto armado interno de Colombia lograron, por décadas, ocultar el que debe ser considerado el mayor problema del país: la corrupción pública y privada. Con el concurso de la Gran Prensa y en virtud de la degradación moral y ética de los actores armados (Fuerza Pública, Paramilitares y Guerrillas), la sociedad colombiana apenas si reconocía a la corrupción[1] como un hecho grave y con un anclaje cultural profundo.
Una vez se logró firmar el Acuerdo Final con las Farc, la sociedad y la opinión pública empezaron a darle a la corrupción la dimensión que debió habérsele dado de tiempo atrás. Es de tal magnitud el problema, que las prácticas corruptas, asociadas en muchos casos al clientelismo, están inexorablemente atadas a un ethos mafioso que ha guiado históricamente la vida pública y privada de militares, policías, políticos profesionales, empresarios, banqueros, industriales, académicos, periodistas, profesores y ciudadanos del común, entre otros.
Atacar el problema de la corrupción no es fácil porque las prácticas corruptas fácilmente quedan subsumidas en expresiones lingüísticas como “favores políticos” que pueden ir desde la consecución de un cargo público, un contrato o una beca; o en lo cotidiano, una “ayudita con una vuelta”, que bien puede traducirse en evitar un trámite engorroso para sacar la licencia de conducción o un permiso de construcción, entre otras “vueltas” que requieren, en muchos casos, que el ciudadano se enfrente a un Estado paquidérmico, mafioso y corrupto, fruto de la acción de funcionarios que obedecen a padrinos políticos, igualmente comprometidos con actos de corrupción y prácticas clientelistas.
Es decir, un círculo vicioso y un encadenamiento de hechos y acciones que hacen casi imposible pensar en que la corrupción se pueda acabar en Colombia de la noche a la mañana, sin que medie una profunda transformación cultural. Es de tal magnitud la tarea de enfrentar y acabar con la corrupción, que de inmediato recordamos lo dicho por el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
La corrupción público y privada se ha naturalizado de tal forma, que proponer acciones encaminadas a perseguir a los corruptos, develar identidades y maniobras y castigarlos con cárcel efectiva, sea visto como una suerte de “afrenta cultural” contra aquellos sectores de poder, social, político y económico, que no solo se han beneficiado de las prácticas corruptas, sino que manejan muy bien aquello que se conoce como la “economía del delito”.
Son tan altos los niveles de entronización de la corrupción en Colombia, que cualquier intento de erosionar sus bases políticas y culturales, indispone a quienes desde lugares de privilegio, han logrado sacar provecho de la confusión ética y moral de los demás y, por supuesto, de la propia, para ampliar privilegios y extender riqueza y poder.
El solo hecho de que seamos invitados a votar un referendo contra la corrupción constituye la mejor prueba de que efectivamente somos una sociedad corrupta, o por lo menos, proclive a transar por debajo de la mesa. De igual manera, la convocatoria a votar este 26 de agosto la consulta anticorrupción, de origen partidista, debería de avergonzarnos como sociedad. Solo a una sociedad moralmente confundida se le pregunta si apoya un proceso de paz y ahora, si desea ponerle fin a la corrupción. O por lo menos, que a través del voto, exprese su contundente rechazo.
El referendo y la bancada uribista
En una anterior columna expresé las dudas que me asaltan acerca de la efectividad de un referendo para “acabar con la corrupción en Colombia”. Sin embargo, participar de la jornada electoral y votar Sí en todos los 7 puntos del contenido, es una obligación moral y ética, en el marco de una ciudadanía que está obligada a buscar salidas a un problema que compromete no solo la viabilidad fiscal del Estado, sino que al promover el Todo Vale que se validó social y políticamente desde el 2002, es claro que estaremos apoyando la generación de nuevos conflictos y malestares sociales y a profundizar inequidades.
Los promotores de la consulta son políticos profesionales a los que se les puede endilgar cierta complacencia con el Régimen, pero a los que hay que reconocerles la voluntad de querer hacer algo y enfrentar el mayor problema que tiene el país.
Convocar al “pueblo” para que vote y se manifieste sobre los puntos del referendo anticorrupción, constituye una acción política que deslegitima la acción legislativa que ya emprendió el Centro Democrático, el partido de Gobierno, conducente a aprobar normas que le “pongan freno” a la rampante corrupción pública y privada. No resulta contradictorio que hoy la bancada uribista no apoye la iniciativa liderada por la hoy excongresista Claudia López Hernández. Su apoyo inicial, se dio en medio de un cálculo político y electoral que hoy pierde sentido porque Uribe y su bancada lograron nuevamente alzarse con el poder presidencial.
Al ser gobierno, poco le interesa a Uribe y al propio Presidente de la República apoyar una iniciativa que no solo expone una realidad, sino que coadyuvaría a que las entidades de control y la ciudadanía, a través de las veedurías ciudadanas y los ejercicios de generación de opinión pública en las redes sociales, adquieran una mayor legitimidad y apoyo social, que terminen afectando los intereses de un movimiento político cuyos miembros más notables están envueltos, de tiempo atrás, en investigaciones, procesos y señalamientos por actos de corrupción.
Baste con recordar lo acaecido con la política pública, Agro Ingreso Seguro (AIS), que terminó beneficiando a familias ricas que apoyaron la reelección de Uribe. Núcleos familiares que recibieron cientos de millones de pesos en subsidios no reembolsables. El propio Uribe se vio beneficiado, según la Contraloría General de la República, con la entrega de recursos públicos para mejorar el distrito de riego de su hacienda el Ubérrimo. Igualmente, es investigado por anexar baldíos a los terrenos de la señalada hacienda.
Así las cosas, la consulta anticorrupción se convirtió en un pulso político entre sectores de oposición y el gobierno de Iván Duque. Llevar el referendo a ese escenario no solo servirá para polarizar aún más al país, sino que expondrá con mayor claridad que hay sectores de la sociedad colombiana y de su clase política y empresarial, que han naturalizado de tal forma la corrupción, que todo proyecto, discurso o iniciativa que confronte esa realidad, desde principios morales y éticos, se entenderán como ataques políticos y enfrentamientos “ideológicos” innecesarios.
Este 26 de agosto hay que salir a votar SÍ a los 7 puntos. De triunfar la consulta, no esperamos que al otro día se acabe con este “cáncer que ya casi hace metástasis” en la sociedad colombiana. No. Pero habremos dado un paso gigante en el camino de reconocer lo que verdaderamente somos como sociedad. Y es claro, que desde muchas perspectivas y ámbitos de actuación, la sociedad colombiana deviene mafiosa y corrupta.
Adenda 1: El presidente del Congreso, Ernesto Macías, señaló que votaría NO al punto en el que se propone reducir el salario de los congresistas. Deja ver el controvertido político, el talante ético desde donde se construyen y se alimentan las inequidades en Colombia.
Adenda 2: Es clara la intención del CD de poner en la Contraloría General de la República a José Félix Lafourie: poner el órgano de control al servicio de los sectores que de tiempo atrás se oponen a la restitución de tierras y al cumplimiento de lo acordado en La Habana. Igualmente, frenar los procesos que en contra de Uribe adelantó el Contralor General saliente, Edgardo Maya Villazón. De igual manera, al hacerse con la CGR, el gobierno de Duque podrá, sin mayor control fiscal y ambiental, apoyar a los empresarios que financiaron su campaña, en la idea de ampliar la frontera agrícola en la altillanura, en particular, los proyectos agroindustriales y la extensión ganadera en zonas de reserva. Y por supuesto, detener cualquier proceso de responsabilidad fiscal y ambiental por la apropiación indebida de baldíos en la altillanura.
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[1] Cabe dentro de las prácticas de la corrupción o constituyen actos de corrupción, todas aquellas acciones conducentes a imponer los intereses particulares y/o grupales, sobre los derechos y los propios intereses del colectivo. El soborno es una modalidad de corrupción; también, las presiones indebidas de particulares hacia funcionarios estatales; o entre funcionarios de entidades del Estado y las que puedan ejercer ministros y políticos profesionales; de igual manera, los silencios administrativos de órganos de control fiscal o ambiental estatal; o en su defecto, las acciones deliberadas de instituciones del Estado o privadas en contra de específicos sectores o personas, para favorecer a otros que no necesariamente cumplen con las normas requeridas. El clientelismo, al ser una institución social y política en Colombia, se erige como la mayor circunstancia generadora de actos de corrupción pública y privada. Buscar saltarse las normas, torcerle el sentido a la ley, para engañar al Estado o para hacer caer en errores a funcionarios, también es una práctica corrupta.
Imagen tomada de El Espectador
