Desde hace 2 años vengo haciéndole seguimiento a la situación política de Córdoba en espacios donde confluyen actores armados, caciques políticos, minería ilegal y cultivos de coca. Con una población de 1 millón 658 mil personas, según el Dane, el departamento de la Bonga del Sinú se ha caracterizado por convertirse en una especie de vitrina electoral donde los partidos políticos del orden nacional van a ofrecer cupos indicativos a cambio de votos para incrementar su capital electoral.
Después de Bogotá y Antioquia, Córdoba es uno de los departamentos con mayor cantidad de congresistas en el país. En el top 5 de representantes a la Cámara más votados, 3 pertenecen a Córdoba: Sara Piedrahíta (105.112), David Barguil (86.152) y Eduardo Tous de la Ossa (85.658); mientras que, en el top 5 de los senadores más votados del país, 2 pertenecen a Córdoba: Musa Beasile Fayad (154.402) y Bernardo Elías Vidal (140.143). Todos del partido de la U, excepto Barguil.
Dentro de los 5 primeros puestos en Senado, de acuerdo a investigaciones hechas por la Fundación Paz & Reconciliación, Musa Besaile y Bernardo Elías tienen cuestionamientos e investigaciones activas ante la Corte Suprema de Justicia. En su mayoría, por vínculos con paramilitarismo.
En este escenario, la política cordobesa ha jugado un papel fundamental para el apoyo que recibió el presidente Juan Manuel Santos en su reelección en 2014, pero ha sido también un departamento víctima de señalamientos injustos por el otrora incursionar paramilitar en la región, que ha servido para que se siga estigmatizando a quienes trabajan a diario por cambiarle la cara ante el país.
Sin lugar a dudas, el paramilitarismo en la región dejó varios ex congresistas en la cárcel y muchos de los que actualmente actúan en la política cordobesa guardan relación con estos o gobiernan en cuerpo ajeno.
El meollo del asunto está en que la coyuntura del departamento no es para nada prometedora. Recientemente, el ex gobernador Alejandro Lyons, familiar y padrino político de la representante Sara Piedrahíta, podría ser requerido por la Fiscalía debido a sus presuntos vínculos con el asesinato del ex director de regalías Jairo Zapa. Un dato comprometedor del aberrante delito es que el lugar escogido para desaparecer la evidencia del asesinato de Zapa fue en una quebrada que queda a no menos de 40 metros de una propiedad del padre de Alejandro Lyons.
Como si esto no fuera poco, el actual alcalde de la capital cordobesa (Montería), Marcos Daniel Pineda, hijo de la senadora conservadora Nora García Burgos, fue capturado por presuntos actos de corrupción en la construcción del coliseo “Happy Lora”; con él, fue capturado el exalcalde de Montería y actual consejero presidencial para las regiones Carlos Correa, del mismo grupo político. Aunque la juez 40 de control de garantías se abstuvo de dictar medida carcelaria para ambos, queda la incógnita sobre la autoría de la celebración indebida de contratos y prevaricato.
Mientras tanto, sigue la zozobra de la gente de a pie en Montería por el futuro de sus mandatarios y por la precaria inversión que se hace para el fomento de empleos; en contraste con las grandes obras de concreto que no dejan de ser una absurda cría de elefantes blancos.
Un exabrupto total para una capital departamental que recibe un presupuesto del orden de un billón de pesos anuales, en donde el mayor rubro se lo llevan los sectores de inclusión social, agropecuario, salud y minas. Empleo ni siquiera figura dentro de los primeros 5 rubros.
Sin contar, por ejemplo, con la espera de las declaraciones de Otto Bula sobre la participación de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías en relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Así las cosas, sus caciques políticos, los mismos que han servido como mercaderes de votos para el gobierno nacional y que sacan provecho de los cupos indicativos para proyectos de inversión en su región, van preparando a sus ahijados políticos para las elecciones del 2018.
En efecto, duele ver a la gente que lucha a diario en el “mototaxismo” para sacar adelante a familias enteras con ingresos ínfimos donde la guerra del centavo abunda. Ni qué decir de todos aquellos que viven en las zonas rurales, por ejemplo, del sur de Córdoba, que aún esperan que el Estado les cumpla la tan anhelada paz, truncada por las vacunas y los enfrentamientos entre el ejército y las Bacrim.
Aunado a lo anterior, las cifras no son alentadoras. Desde el 2000 Córdoba aumentó sus índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en áreas rurales y urbanas de un 44.1%, a un 59% en el 2016, ubicándose como uno de los departamentos con mayores indicadores de pobreza extrema. De acuerdo con Transparencia por Colombia, la Gobernación de Córdoba se encuentra con un riesgo de corrupción alto. Preocupante situación, teniendo en cuenta que el gobernador actual es Edwin Besaile, hermano del cuestionado senador Musa Besaile, y el contralor departamental es el antiguo funcionario de Congreso Emilio Otero, ficha política de Besaile y Elías.
La tristeza de ver este departamento de gente pujante la comparto con su población. Los poderes políticos emergentes, además víctimas del conflicto, esperan ver crecer a su departamento.
Situación que se justifica en la inefable pérdida de recursos públicos. Si es uno de los departamentos con mayor representatividad política en el Congreso, que además ha recibido desde el 2012 1 billón 200 mil millones de pesos para 601 proyectos de inversión de regalías, ¿Dónde están los partidos y políticos responsables de su departamento? ¿Así van a seguir aumentando su caudal electoral para el 2018?
