Autor:
Juan Grajales
Cinco años han pasado desde que el gobierno de Colombia y los líderes de las FARC firmaron un acuerdo que ponía fin al conflicto armado más antiguo de Latinoamérica. Después de sesenta años de guerra, para el 2016 el saldo era de casi de 8 millones de víctimas entre las que se contaban millones de desplazados, cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Según el Centro de Memoria Histórica, para finales de ese año ya se contaban 94 líderes sociales asesinados, 232 amenazas, 21 atentados y 314 agresiones sexuales contra esta población. Además, la ONU manifestaba su preocupación por el alto nivel de impunidad, pues en este mismo periodo también se habían perpetrado 389 ataques a defensores de derechos humanos en Colombia, entre los que se cuentan 59 homicidios y numerosas amenazas, casos de violencia sexual y desapariciones forzadas.
El saldo del conflicto armado para el 2018 dejaba a más de 262 mil muertos, de los cuales 215 mil eran civiles y 46 mil eran combatientes. Esto refleja la crudeza de una guerra que la luchaban pocos y la sufrían muchos. De las más de 80 mil víctimas de desaparición, 70 mil seguían sin ser encontradas. Según los registros, de los múltiples actores del conflicto armado, son los paramilitares quienes han perpetrado la mayor cantidad de homicidios (más de 94 mil), seguidos por los grupos guerrilleros (35 mil) y las fuerzas del Estado colombiano (10 mil). Otra cifra alarmante es la de los más de dieciocho mil menores reclutados de las comunidades vulnerables para llevarlos a la guerra.
La firma de los acuerdos de paz tuvo un impacto significativo, pues las FARC eran el grupo armado más importante y su desarme se reflejó en la caída en las cifras de violencia. Las FARC se encontraban presentes en alrededor de 242 municipios y eran responsables del 78 % de las acciones armadas. Después de la firma, los grupos disidentes se concentraron en 86 de esos municipios.
A pesar del efectivo desarme de la mayor parte del grupo armado, el gobierno falló en llevar el Estado a todos esos municipios que ahora quedaban desamparados en medio de una transición abrupta hacia el orden constitucional colombiano. Estos vacíos facilitaron que otros grupos armados (como el clan del Golfo, el ELN y otros) sacaran provecho de la débil institucionalidad y el potencial para expandir las redes de narcotráfico y demás actividades ilícitas.
Aquella noción de paz auténtica que se vivió durante el ocaso de las negociaciones casi ha desaparecido por completo con el pasar de los años. El número de combates, asesinatos y masacres se ha multiplicado en poco tiempo, alcanzando cifras devastadoras desde la llegada de Iván Duque al poder y sus constantes amenazas a la JEP y la estabilidad de los acuerdos.
Para el 2021 ya son más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales 1.8 millones no pueden acceder a las medidas de atención y reparación. De los más de 900 líderes sociales asesinados después de la firma de los acuerdos, solo este año han matado alrededor de 142. Además, 41 firmantes del acuerdo han sido víctimas de homicidio o desaparición en lo corrido del 2021.
Según la ONU, más de 57 mil colombianos han sido víctimas de desplazamiento forzado este año, una cifra mucho más alta que la del 2020. Para entrar en contexto, desde 1985 han sido más de 8 millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza, lo que convierte a Colombia en el país con mayor número de desplazados internos.
Según Indepaz, de enero a octubre de este año se han perpetrado alrededor de 77 masacres (o asesinatos colectivos, como insiste en llamarlos el presidente Iván Duque) en el territorio nacional, siendo Cauca y Antioquia los departamentos más afectados.
Con el notable deterioro de los acuerdos y el sistema de justicia transicional, Colombia parece estar a punto de entrar en una nueva época oscura con una paz que nunca fue y una violencia que, lejos de mantenerse latente, parecía haber incubado para regresar con más fuerza.
Ante el ocaso de la administración de Iván Duque, el Centro Democrático presenta aspirantes extremistas como María Fernanda Cabal de cara a las próximas elecciones presidenciales. Otros aspirantes a legisladores promueven ideas polémicas como el porte de armas, en un país cuyo balance de homicidios aumentó en un 21 % en el 2021.
A pesar de que los partidos de derecha continúan amenazando abiertamente la continuidad de los acuerdos de paz, la Corte Penal Internacional insistió en la importancia de respetar los procesos judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Colombia se encuentra en un momento crítico y las próximas elecciones pueden ser las más importantes en años. Con candidatos uniéndose y limando sus asperezas, otros con discursos abiertamente extremistas, algunos probando suerte por enésima vez o aliándose con personajes cuestionables. Ante este panorama solo queda preguntarnos una cosa…
¿Quién apostará por la paz?
