Columnista: José David Lozano
Las condiciones de Colombia en el ámbito institucional han retrocedido enormemente desde el 2018 que arrancó el nuevo gobierno precedido por Iván Duque; se han comenzado a notar aristas antiguas, como calcadas de gobiernos anteriores, tanto así que parece que estuviéramos en pleno año 2007 (año en que se descubrió el escándalo de las chuzadas del DAS) con un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales, ahora en cabeza del Ejército Nacional, según publicó recientemente Semana. Una analogía a las políticas aplicadas por el expresidente y ahora senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez,
Siguiendo con este deterioro institucional, es preocupante y estremecedor las declaraciones de familiares de los mal llamados “falsos positivos” que no son más que asesinatos extrajudiciales por parte del ejército colombiano, y la aparición de fosas comunes de personas que habían desaparecido décadas atrás, en los gobiernos entre los años 2000 y 2010, fosas comunes que despiertan historias, llanto, dolor y heridas que llevan muchas familias de esos jóvenes que les prometieron un trabajo en el campo pero nunca regresaron a sus casas, algunos los entregaron con botas pantaneras, camuflado y en una bolsa hermética.
Y es doloroso que estos jóvenes salieran con la ilusión de un trabajo para llevar un bocado de comida a sus casas y nunca hayan regresado, un trabajo en un país que tiene la tercera tasa más alta de desempleo de América Latina.
Ahora bien, se han venido observando con preocupación, asombro y a veces con indiferencia estatal, los asesinatos de líderes sociales, que vienen en ascenso, tanto que en lo corrido del 2020 van alrededor de 28 líderes asesinados, pero lo más estremecedor es que existe un patrón común del asesinato de estos líderes sociales en Colombia.
Primero que todo han sido personas que vienen defendiendo la paz como valor supremo, personas que reclaman sus derechos sociales, personas que defienden sus comunidades del asedio de grupos al margen de la ley (paramilitares, bandas criminales), personas reclamantes de tierras, militantes de partidos políticos opositores, estudiantes o también han sido identificados muchos como reinsertados de las FARC.
Esta drástica situación pone a diario en aprieto al mandatario nacional, ya que la comunidad internacional le exige que proteja la vida de estos líderes y que haga respetar a toda medida el derecho a pensar diferente, pero para sorpresa de muchos, el mandatario nacional poco o nada hace para cambiar esta situación, por el contrario, omite declaraciones y sus inocuas acciones han permitido observar el evidente desconocimiento que tiene como jefe de Estado.
Tanto es así la preocupación internacional, que Entidades multilaterales como la ONU, ha prendido las alarmas y han manifestado públicamente su preocupación por la situación de Colombia y le piden acciones concretas al mandatario nacional.
Para la ONU, la situación está agravándose, pues de los 115 asesinatos confirmados por este organismo internacional en 2018, se pasó en 2019 a una cifra muy cercana a 120, y en 2020 la serie se ha acelerado.
El Centro Democrático, partido de gobierno, ha intentado defender en el Congreso a su copartidario, pero no han sido suficientes argumentos para ocultar la dramática realidad que pasa el país.
Es de recordar que el mentor de Iván Duque, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, declaró públicamente en Twitter al inicio del gobierno Duque, que el país lo recibía su discípulo con “asesinatos aplazados”.
¿A qué asesinatos aplazados se refería el expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué supone uno?
