Chiquita Brands: 17 años de impunidad en Colombia

El caso de Chiquita Brands es una de las mayores vergüenzas judiciales en Colombia. A pesar de que se ha demostrado que la multinacional financió el paramilitarismo en Urabá con 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, nadie ha sido condenado.

Mientras en Estados Unidos la empresa fue sancionada, en Colombia el proceso sigue atrapado en un laberinto de dilaciones.

¿Por qué el caso de Chiquita Brands sigue impune?

Desde hace 17 años, el proceso contra 10 empresarios de Chiquita Brands ha estado congelado en la justicia colombiana.

La Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia ha permitido que la defensa use tácticas de dilación, como:
Presentar pruebas irrelevantes.
Justificar los pagos a paramilitares como “extorsión”, un argumento desmentido por exjefes paramilitares.
Prolongar el juicio hasta que el caso prescriba.

Si no hay un fallo antes del 17 de septiembre de 2025, el caso quedará archivado y los empresarios quedarán libres de toda culpa.

64.000 víctimas de Chiquita Brands siguen esperando justicia

El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín reconoció en febrero de 2025 que los pagos de Chiquita Brands ayudaron a sostener estructuras criminales responsables de:

Asesinatos
Desplazamientos forzados
Torturas y masacres

Pero la sentencia no condenó a nadie. La impunidad sigue protegiendo a los empresarios que financiaron la violencia en Urabá.

¿Qué intereses hay detrás de la demora?

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de acción de la justicia colombiana, preguntándose:

¿Quién protege a los empresarios de Chiquita Brands?
¿Por qué el caso no avanza, a pesar de las pruebas contundentes?
¿Qué mensaje envía el Estado a las víctimas con su inacción?

Mientras los criminales de cuello blanco siguen en libertad, las víctimas siguen esperando un mínimo de justicia en un país que solo castiga a quienes no tienen poder.