En los últimos años se ha vuelto costumbre que los medios de comunicación publiquen vídeos violentos para acompañar la narración de una noticia: los robos, los linchamientos, y hasta los estrellones, se han vuelto parte del paisaje informativo. Esta fórmula, que ha demostrado ser exitosa a nivel de audiencia, tiene profundos detractores, los más fuertes están en los gobiernos de turno.
Esto vuelve a ser debate a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en la que prohíbe a los medios digitales en el país reproducir vídeos sobre linchamientos, pues considera que la publicación de los mismos altera el orden social y la estabilidad psíquica y emocional de los usuarios. Una vez más el aparato judicial es utilizado para censurar a los medios críticos del régimen.
Y sí, es censura. Más allá de que este tipo de contenido sea sensacionalista y no requiera de mayor profundidad y cubrimiento periodístico, es decisión del director de contenidos de cada medio si lo reproduce o no. Las líneas editoriales determinadas en gran medida por una ética y responsabilidad subjetiva, se encargan de saber hasta qué punto una pieza es de interés público y si es necesario que la audiencia la conozca para entender la noticia.
Imagen cortesía de: elpitazo.com
Hace algunos meses en Colombia el presidente Santos le preguntó al entonces general de la Policía, cómo hacer para decirle a los medios de comunicación que no publicaran tanto los vídeos en los que se muestran delitos flagrantes. Según la lógica del mandatario, la percepción de inseguridad se debe a los vídeos que reproducen en los noticieros, y no a los constantes robos de los que los ciudadanos son víctimas. Y no es que crean que el fin de los vídeos significa también el fin de la delincuencia, es que saben muy bien que lo más fácil es pedirle a los periodistas que callen la problemática para que la polémica se desvanezca.
Desde el gobierno —no importa su espectro político— no han querido entender que bajo ninguna circunstancia tienen por qué meter sus tentáculos en decisiones que son netamente editoriales. Santos se ha caracterizado por pretender recomendarles a los periodistas cómo hacer su trabajo, se le olvida que hoy es presidente y sus nada genuinas sugerencias, siempre serán interpretadas como un ataque abierto a la libertad de expresión. Ni hablar de Nicolás Maduro, que ha demostrado en múltiples ocasiones que no le importa valerse de cualquier artimaña con tal de castigar a la prensa que lo critica.
En un país democrático debe ser la opinión pública la que exija un mejor contenido, los periodistas deben medir los alcances de lo que publican y no deben ser coartados en su ejercicio por los imbatibles poderes del gobierno.
Adenda: El nuevo código de Policía que está a una firma presidencial de ser realidad, es un despropósito redactado por la misma institución a la que beneficia: restringe las libertades y pone en riesgo la integridad de todos los ciudadanos. Esperamos que la Corte Constitucional lo tumbe y deje un mensaje contundente.
Publicada el: 3 Jul de 2016
