Con la pretendida independencia de Cataluña, que lidera el gobierno autónomo de esa región, España vive hoy el mayor desafío a su democracia desde que en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco, sus ciudadanos acudieron a votar por primera vez en libertad. Lo que siguió luego fue un proceso ejemplar que se conoce como la Transición, término con el que se denomina el período de tiempo en el que España y sus dirigentes políticos hicieron lo posible para dotarse de una constitución democrática y de nuevas normas de convivencia.
No fue un proceso fácil, pero fue justamente ejemplar porque la dictadura de Franco fue producto de una guerra civil que dejó muchas heridas en la sociedad. Heridas que aun hoy tardan en cerrar. Esto no se suele entender desde fuera, porque por lo general no se piensa en que una guerra civil es la peor de todas las guerras posibles porque es un conflicto fratricida, es una guerra entre hermanos.
Tuve la fortuna de presenciar personalmente y desde el puesto privilegiado de periodista que cubrió acontecimientos del día a día de aquel cambio. El regreso al país de grandes figuras políticas que habían vivido en el exilio proscritos incluso de ser mencionados durante el franquismo, fue una muestra de aquel ánimo de reconciliación. Los retornados, además, contribuyeron a la redacción de esa carta magna cuyo 40 aniversario se celebra el próximo año.
Pero como no hay proceso político perfecto en ninguna parte del mundo y, como dice el refrán, nunca lluve a gusto de todos, los padres de la constitución española dejaron una peligrosa brecha abierta por donde se ha colado uno de los mayores males para la convivencia de la humanidad: el nacionalismo.
España se dividió políticamente en diecisite comunidades autónomas, tres de las cuales conocidas como “comunidades históricas” –el País Vasco, Cataluña y Galicia— reclamaban un fuero especial por haber tenido un estatuto de autonomía en el gobierno de la República en 1931. Visto con rigor, el resto de las regiones españoles no son menos “históricas”: qué decir de Castilla, Extremadura o Andalucía, tierras de genios de la lengua, de artistas y de conquistadores de un nuevo mundo.
Pero en fin, a las tres se les dio un estatuto de autonomía que fue aprovechado, particularmente en el País Vasco y en Cataluña, por los nacionalistas con el más peligroso instrumento: la educación. Esta fue, desde mi punto de vista, la mayor equivocación de la Transición política española, haber puesto en manos de los nacionalistas la educación.
Con ese medio a su alcance una minoría (hoy en Cataluña y mañana quizá en el País Vasco) ha tergiversado la historia, y hasta la geografía, y se ha llegado al absurdo, el disparate y el esperpento. En estos días, una responsable de educación en Cataluña, durante una comparecencia pública, fue incapaz de hablar en castellano; no porque no lo quisiera, porque no lo sabía.
Este fue el caldo de cultivo en el que ya varias generaciones de catalanes han ido alimentando su hispanofobia, con un líder político gangsteril llamado Jordi Pujol como sumo sacerdote del independentismo, que gobernó durante veinticinco años en esa región, y cuyo grito de batalla fue: “España nos roba”, mientras él y su familia se dedicaban a esquilmar la hacienda pública y a esconder en los bancos de la vecina Andorra el producto de la rapiña del clan familiar.
La cosa es tan ridícula que hasta la bandera independentista han tenido que copiar de la cubana, con una estrella y un triángulo masónicos anacrónicos en nuestros días y que, por supuesto, la mayoría de quienes hoy enarbolan esa enseña ignoran su significado (los independentistas vascos no han sido más originales, pues para su país y futura república copiaron la union jack británica).
Pero, no por ridículo el desafío es menos serio. Nadie sabe en qué puede parar una provocación que ha empezado esta semana votando en el parlamento regional una ley de referendum de autodeterminación que viola la constitución española.
Con base a la ley aprobada, el gobierno catalán va a convocar a los ciudadanos a votar el próximo 1 de octubre para que decidan si quieren una república independiente o seguir unidos a España. La tal ley, viola, además de la carta magna española, resoluciones de la ONU, un dictamen del Tribunal de La Haya, recomendaciones del Consejo de Europa y estándares internacionales para este tipo de consultas populares. El tope de participación establecido es del 30%, lo que quiere decir que de llegar a realizarse, unos 700.000 participantes (la cantidad de gente que normalmente va a las manifestaciones independentistas), podrían decidir el destino de casi ocho millones de catalanes.
Este es un asunto que parecerá ajeno y lejano a muchos colombianos pero del cual se puede extraer una valiosa enseñanza: no es bueno callar cuando el populismo, el nacionalismo y la reacción toman las banderas de una causa y amenazan con tomarse el poder.
En Cataluña mucha gente que no estaba de acuerdo con el disparate del independentismo, se quedó callada por temor a que la tildaran de ser de derechas o directamente fascistas. Y, por no haber expresado lo que pensaban, hoy se encuentran al borde del abismo.
