Columnista:
Germán Ayala Osorio
La muerte de funcionarios públicos en ejercicio y las de aquellos que gozan de buen retiro, suelen devenir con un manto especial, que impide que las actuaciones de aquellos no puedan ser recordadas o juzgadas social y políticamente por sus críticos, analistas y detractores. A ese manto se suma el freno moral que la sociedad en general impone con el propósito de evitar cualquier crítica al funcionario o a los funcionarios que partieron de este mundo. Al final, a todos los políticos que fallecen en Colombia se les suelen «perdonar» sus errores, crímenes o fatales decisiones.
De esa forma, las responsabilidades que políticamente deberían asumir en vida, se desvanecen entre las cenizas o quedan atrapadas en los féretros de los cuestionados. Es así, en particular cuando quienes fenecen son políticos profesionales afectos al régimen de poder.
El cubrimiento mediático juega un papel fundamental en la medida en que las empresas mediáticas hacen todo lo posible para no referirse a temas candentes y espinosos que puedan «manchar» la imagen del finado. En esa medida, los periodistas se despacharán en elogios y a las audiencias les hablarán del legado que deja el difunto. Con la muerte del ministro de la Defensa, la gran prensa tradicional, en particular los noticieros de televisión, Caracol y RCN, se despacharon en elogios, con el firme propósito de borrar de la conciencia colectiva, las actuaciones del funcionario y político vallecaucano.
El fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo García generó todo tipo de manifestaciones en las redes sociales y en los medios tradicionales. Unas, de dolor por su partida y otras, cuestionando sus actuaciones, en particular las que guardan relación con el último cargo que desempeñó: el de ministro de la Defensa.
Sobre lo actuado bajo esa investidura, se le cuestiona la arrogancia, soberbia y la falta de empatía con la que asumió las acciones criminales de varios policías del Esmad que asesinaron a por lo menos 10 jóvenes, en el marco de los disturbios desatados en Bogotá, por el asesinato de Javier Ordóñez, a manos de policiales que lo golpearon y torturaron hasta producirle la muerte.
Tuvo que mediar la decisión de un juez de la República para que Holmes Trujillo, en el marco de una moción de censura en su contra, pidiera perdón por el actuar criminal de los policías que dispararon a discreción en contra de jóvenes desarmados.
De igual manera, el agravamiento del orden público debido al sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores del ambiente, reclamantes de tierras y firmantes de la paz, constituye un hecho político y social con el que una parte de la sociedad cuestiona el papel jugado por el Mindefensa.
En su defensa a ultranza del Establecimiento colombiano, Trujillo García desestimó el término Masacres, señalando que se trata de un término «periodístico y coloquial». Al preferir el vocablo «homicidio colectivo», el funcionario buscaba minimizar el impacto social y político que produce la señalada nomenclatura, pues recoge con total sentido lo que viene ocurriendo con las consecutivas y sistemáticas masacres ocurridas en Colombia desde que se firmó el Acuerdo de Paz y retornó al poder lo que se conoce como el «uribismo».
También será recordada la diatriba y la catilinaria que expresó en contra de los magistrados de la JEP, a los que tildó de «políticos activos… a mí me alegra eso que dice -en referencia a una pancarta- no a la justicia especial para la paz, si los magistrados son unos opinadores y políticos militantes contra Uribe y el Centro Democrático».
Toda muerte debe lamentarse, y la de Carlos Holmes Trujillo no es la excepción, pero ello no es óbice para recordar qué defendió en vida y a qué intereses sirvió. Que descanse en paz. Los hechos a los que se alude en esta columna no constituyen «asuntos pendientes» que deja el político colombiano. No. Solo son hechos que la historia política debe recoger, en aras de aportar al juzgamiento del Establecimiento colombiano. Por trágica que sea la muerte, no puede usarse para construir una narrativa con la que se pretenda tachar o «dar de baja» unos hechos y unos actos de habla que, por su fuerza e impacto, se ganaron un lugar en la reciente historia del país.
Quizás, entonces, sea más equilibrado, periodísticamente hablando, titular así la partida del señalado político vallecaucano: Se fue un guerrero… del establecimiento.
