Columnista:
Gyhid Jeswen Rojas Cardozo
Desde el inicio del paro nacional de Colombia, el pasado 28 de abril, el Gobierno se ha dedicado a buscar culpables en lugar de asumir el papel que tiene asignado: gobernar la nación en beneficio del pueblo entero. Así, algunos de los militantes del Centro Democrático y otros, de partidos afines a la administración actual se han dedicado a nombrar diferentes actores que según ellos han intervenido en las manifestaciones y los legitima en su desbordado actual militar.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha presentado en diferentes intervenciones hablando de la instauración de la tranquilidad y la estabilidad que para la estatalidad son causados por grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC o las líneas del ELN, declaraciones que acompañan congresistas, cancilleres, otros ministros y medios de comunicación que ocultan una problemática social real tras el fantasma de las guerrillas y el comunismo en América Latina.
A esto se le sumó la reciente inclusión del senador Gustavo Petro como el culpable de las protestas, según los mismos que han argüido que otros grupos y países como Venezuela o Rusia se han infiltrado, han sumado a la larga lista de culpables al senador colombiano que se vio señalado directamente por la revista Semana en su portada del día 22 de mayo como el culpable del caos social, lo que ha generado la creación de un numeral en su contra. La respuesta de quienes realmente están en el paro no tardó en llegar y a la indignación por medio de las redes sociales fue inmediata, pues se demostró, una vez más, que se sigue creyendo que el pueblo colombiano no tiene la capacidad mental ni autonomía de organización para una protesta social y se le sumó la salida del video presidencial en formato «entrevista-publicitaria» en la cual el presidente dice que luego de 3 años en el poder no ha podido gobernar por culpa de la oposición, relegando nuevamente su responsabilidad a la culpabilidad del «otro bando».
Con todo lo acontecido hasta el momento se ve otra problemática al interior de la institucionalidad estatal y su legitimidad ante la ciudadanía: los defensores de derechos humanos pidiendo la renuncia del actual defensor del pueblo, Carlos Camargo, por su falta de representación del pueblo, se sumó el sector judicial al paro, los días 25 y 26 de mayo, argumentando una respuesta inadecuada de la institución a la población, las diferentes renuncias gubernamentales y una fallida moción de censura al ministro Molano, que apoyado por algunos congresistas del Centro Democrático, Partido de la U, MIRA, Cambio Radical, Liberal y Conservador fue mantenido en su cargo por la Rama Legislativa, dejando a un lado la petición ciudadana.
Sin embargo, hay una luz de esperanza, no presentada por el Estado, sino por la ciudadanía misma que ha abierto diferentes espacios de diálogos donde niños, jóvenes, adultos, ancianos, indígenas y un largo etcétera se han encontrado en contextos amenos para la construcción de pliegos de peticiones, quejas, pero sobre todo propuestas para que toda esta problemática encuentre caminos de solución y a la espera de que las propuestas presentadas en la mesa de negociación con la administración nacional se lleven a cabo.
El pasado domingo, 23 de mayo, se reunieron en lugares como instituciones educativas diferentes colectividades invitando en las comunidades barriales a todos aquellos que quisieran unirse al diálogo a una construcción social donde no había diferencias religiosas, políticas, culturales, lingüísticas o generacionales, pero sí un interés común que demostraba que las instituciones deben ser espacios, no de aterrizajes militares, sino de construcción desde la diferencia y que deberían tener una mayor cobertura, no para su persecución, aunque sí como muestra de que este contexto histórico no corresponde a intereses políticos determinados, sino a una preocupación de los ciudadanos por y para la ciudadanía misma.
