Los enemigos de la paz en Colombia sí existen. Y son mucho más peligrosos que la guerrilla, como ya lo he manifestado en este mismo espacio en otra oportunidad, ya que es la misma horda irracional a la que el cantautor argentino Facundo Cabral llamó “una masa eufórica de idiotas”, pues no solo suelen llevar mafiosos al Congreso para que los representen, sino que también son capaces de seguir al diablo hasta el mismo infierno.
Culpar a Hitler, por ejemplo, de ser el único causante de la Segunda Guerra Mundial es una verdad a medias, es como culpar solo a Álvaro Uribe de los males que trajo el paramilitarismo a Colombia. Hitler no hubiera hecho lo que hizo sin el apoyo de la sociedad civil alemana, sin sus Fuerzas Militares y la miopía de los gobiernos de Europa de la época. De igual manera, el paramilitarismo en Colombia no hubiera sido lo que fue sin un acuerdo tácito entre las autoridades políticas, militares y civiles del país, por lo que resultaría imposible explicar hoy tanto control de territorio, tantas masacres y desplazamientos de campesinos en los últimos veinticinco años.
El control territorial fue clave para imponer voluntades, para expulsar de sus hogares o asesinar a opositores, ya que en palabras castizas se podría traducir como la imposición a la brava del poder político en las distintas regiones del país.
Esa imposición no fue solo a través de las armas, representadas en masacres y desplazamientos, sino también consensuada entre algunos miembros de los distintos estamentos de los poderes sobre los cuales descansa el orden constitucional de Colombia. Sin lo anterior no podría explicarse tampoco la presencia de los paramilitares en el Congreso de la República durante casi dos décadas y su infiltración a instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el DAS, la Procuraduría y las Fuerzas Armadas.
Que Alejandro Ordóñez, ese señor que Cecilia Orozco Tascón definió en una de sus columnas de El Espectador como “un politiquero abusador de los recursos estatales”, recorra el país en una campaña irrestricta para que las tierras arrebatadas por los hombres de Castaño y Mancuso no regresen a manos de sus verdaderos dueños, que se opone por igual a que los miembros de la guerrilla tengan asiento en el Congreso, el mismo recinto que ha albergado a paramilitares y a sus descendientes, a dinastías enteras de saqueadores de los recursos del Estado, es una vergüenza para Colombia. Y lo es porque su función como Procurador no es ponerle palitos en la rueda a esa paz que es el anhelo de todos los ciudadanos, en particular aquellos que han visto morir por culpa del conflicto a familias enteras y han tenido que abandonar sus fincas para salvar sus vidas.
Es una vergüenza que un funcionario público, que ostenta tanto poder, se aferre con triquiñuelas jurídicas a la silla de su cargo y utilice los recursos del Estado para bloquear las decisiones de los organismos encargados de investigarlo.
Es una vergüenza porque su función es velar por las garantías de la sociedad y la administración de justicia, no para amenazar ni manipular a los magistrados del Consejo de Estado y dilatar como todo un mafioso las investigaciones por su reelección irregular al mayor cargo del Ministerio Público.
Fotografías cortesía de periodismosinfronteras.org, Revista Gente y lasillavacía
Es una vergüenza que este señor utilice un helicóptero de las Fuerzas Militares para desplazarse hasta una zona del Magdalena a un encuentro con dos mil personas que se oponen violentamente a la aplicación de la Ley Restitución de Tierras. Ordóñez Maldonado argumenta, en defensa de “esos campesinos”, que estos fueron “compradores de buena fe”. Es decir, no sabían el pasado ni la historia sangrienta de esas tierras y, por lo tanto, fueron engañados por los vendedores.
Lo curioso de este hecho es que en ese mismo espacio, ocupando tarima con el Procurador, estuviera aplaudiendo las expresiones de apoyo hacia los “campesinos”, el gerente de la Federación de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, un señor que, como sabemos, ha sido señalado en numerosas ocasiones por los jefes paramilitares de Antioquia, Córdoba y Sucre de ser un miembro de su causa. Es decir, la que buscaba la refundación del país, y que en ese ejercicio de poder expulsaron a miles de campesinos de sus fincas, asesinaron a otros miles y se apoderaron de sus tierras.
Estas fincas, que hoy reclaman sus dueños con documentos en mano y que les obligaron a traspasar a otras manos bajo la amenaza de quitarles la vida, son las mismas fincas en las que aparecen como propietarios personas tan cuestionadas como el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, a quien el procurador Alejandro Ordóñez ha defendido a capa y espada desde que fue acusado de recibir coimas para favorecer con sus fallos a una de las partes en un pleito sumamente publicitado.
Según el columnista de SEMANA León Valencia, quien tuvo a su cargo la Corporación Nuevo Arco Iris, “José Félix Lafaurie tiene un programa que se llama ‘La vaquita por la paz’ que está siendo implementado en Urabá y Magdalena y que busca hacer desistir a los reclamantes de tierras [con chantaje incluido] de su propósito”. Detrás de este programa se encuentran, igualmente, el procurador Alejandro Ordóñez y la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, esposa del gerente de Fedegán.
Estos señores, afines a las políticas del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, son los asesores de la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras [Asocolvirt], que se opone abiertamente a la Ley 1448 de 2011, la cual es clara cuando dice que “si una persona de buena fe adquiere un bien que antes había sido objeto de despojo, y pagó el valor justo por él, podrá ser indemnizado si la justicia ordena que el predio sea devuelto a su poseedor original, víctima de la acción de los grupos violentos”.
Sin embargo, otro aparte de la mencionada Ley afirma que si en “caso contrario […] quien a través de maniobras engañosas, testaferrato, fraude notarial, o uso de la violencia, ostente la posesión de una finca, no será considerado como poseedor de buena fe, y deberá devolverle su predio al campesino que fue desplazado y despojado, sin indemnización”.
No tengo dudas de que esta última parte de la ley es la que le temen todos aquellos que se oponen al regreso de las tierras a manos de sus propietarios originales, y están dispuestas a hacer cualquier cosa para evitar que los predios regresen a los que les fueron arrebatados a sangre y fuego y que ahora los quieren devueltos. Quizá esto explique por qué ha habido tantos tropiezos y demoras en la aplicación efectiva de dicha ley, pero también por qué tiene tantos enemigos públicos poderosos.
Publicada el: 6 Jul de 2016
