¡Bienvenidos sean todos al modelo económico del presidente Iván Duque! Una propuesta que lucía de maravilla en su libro Efecto Naranja y en los discursos mediáticos, de tal modo que cautivó a varios votantes durante las campañas presidenciales. Sin embargo, es importante recopilar los efectos económicos, políticos y sociales que ha tenido la economía naranja desde que Duque asumió el cargo de presidente, y analizar si la belleza del discurso se compara con la praxis.
Cómo olvidarlo, aquellos días donde empezaron a circular los nombres de los ministros que conformarían el actual gabinete de gobernación. Especialmente, uno de los que más llamó la atención fue el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el funcionario público que apareció en el escándalo de paraísos fiscales Panamá Papers. Así es, esto también alude a la polémica de los bonos de agua, endeudando a 117 municipios con la ley 1176 del 2007, y para rematar, fue el mismo que dijo a mediados del 2008 que “el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto».
Ahora bien, recordemos la propuesta que se realizó acerca de una reforma tributaria, involucrando la extensión del IVA a los productos de la canasta familiar y el impuesto de renta a los asalariados.
Desde que se mencionó esta reforma económica por el ministerio de Hacienda y Crédito Público, se originó un diluvio de críticas en el debate de la esfera pública, especialmente por gran parte de los 10 millones de votantes que mostraron sus quejas enfocadas a las propuestas que Alberto Carrasquilla, y su inconsistencia hacia la campaña política que involucraba la estimulación de la economía naranja, con menos impuestos y más salarios.
A pesar de todo, el 21 de noviembre del 2018 los medios de comunicación otorgaron un suspiro de alivio, al informar que varios congresistas denegaron la propuesta de gravar con IVA el 18% de la canasta familiar. No obstante, este hecho pasó a ser la punta del iceberg, en cuanto a las eventualidades que han desfavorecido la imagen de Iván Duque hasta la actualidad.
Durante el pasado mes de enero, el Gobierno idealizó el plan de vender un 8.9% de las acciones de Ecopetrol, propuesta que escandalizó a La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), ya que según las declaraciones de Edwin Palma como presidente de la USO, es que “se recogerán más de 10 billones por parte del Estado para busca tapar un hueco fiscal”.
La lucha por los movimientos sindicales en este aspecto ha tenido una gran vigencia desde hace décadas, especialmente en la gobernación de Álvaro Uribe, ya que se llevó al Congreso la ponencia de Ley 1118 del 2006 y la Ley de Servidumbres Petroleras 1274 del 2009. De este modo, estas leyes consintieron respectivamente en la aceptación de privatizar acciones de Ecopetrol S. A, y permitir negociaciones con todo tipo de empresas petroleras.
Este permiso ocasionó el aumento de los desastres ambientales y protestas de los trabajadores públicos por luchar contra el desempleo, las desigualdades salariales y las pésimas condiciones laborales, confrontación que aún sigue bajo la gobernación de la economía naranja.
Las protestas por la educación pública tampoco se quedaron atrás, desde los primeros meses de gobierno con la economía naranja se han originado diversas marchas, gracias a los líderes estudiantiles, profesores y partidarios de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Una larga jornada de manifestaciones a lo largo del año pasado conllevó a que el presidente aumentara el presupuesto de la educación superior pública, en una cifra mayor a 4.5 billones de pesos. Sin embargo, las cosas no han sido tan eficientes como se esperaban ya que, actualmente, hay profesores que se han quejado sobre la regulación de recursos para el pago de pensiones, servicios de salud y cesantías.
Por otra parte, hay instituciones, como la Universidad Autónoma de Colombia, donde se ha protestado por un endeudamiento de salarios desde marzo, también por las irregularidades de pagos hacia la seguridad social de los maestros.
La lucha por la educación pública legitima una desdicha para la economía naranja, ya que, si no hay un apoyo estatal hacia los estudiantes y maestros de estas instituciones, se produce un estancamiento en la producción de bienes y servicios por la propiedad intelectual, sin algún tipo de incentivación ni recursos económicos para perfeccionarse.
Según estadísticas recientes del Dane, el desempleo a nivel nacional aumentó del 9,5% al 10.3%, con una cifra aproximada de 2’717.000 personas que actualmente se encuentran sin trabajo; es decir, se aumentaron 0,8 puntos porcentuales en la muestra tomada del mismo mes del año 2018.
La inhabilidad del Estado ha sido degradante para el manejo de inversión en el sector agropecuario, de tal forma que no se ha podido demostrar un incentivo para la mano de obra local.
Del mismo modo, el rebaso de atención que ha tenido Iván Duque por los migrantes venezolanos y la inversión extranjera ha causado un descuido en la producción de bienes y servicios, enfocadamente hacia los trabajadores informales de Colombia que se han visto afectados por los índices de desempleo.
Cabe mencionar que el PIB ha bajado del 2,6% al 2,3% a comparación del segundo semestre del año pasado, la inflación aumentó el 0,31% durante el mes de mayo y la devaluación del peso colombiano ha pasado por un 10,3% frente al alza del precio del dólar.
Otro caso que tiene en preocupación al sector agropecuario son las negociaciones vigentes de Colombia con Nueva Zelanda, con el fin de firmar un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) de la Alianza del Pacífico, también conformado por Australia, Canadá y Singapur.
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y las juntas directivas de Asoleche han demostrado su inconformidad con los acuerdos de un nuevo TLC.
Es importante mencionar que Nueva Zelanda es uno de los 10 países con mayor cantidad de producción lechera a nivel global, contando con una aproximación de 5 millones de vacas que les han ayudado a incrementar la demanda de productos lácteos, especialmente por territorio de Oceanía y Asía.
De esta manera, se convierten en una potencia de las políticas neoliberalistas que se expanden a nivel global, aguardando por entrar en la competencia del mercado en Colombia, mientras que los campesinos y los demás trabajadores informales tienen un esfuerzo diario por sobrevivir mediante largas jornadas de trabajo, con salarios ineficientes y pésimas condiciones laborales. Gracias a la ineficacia de la economía naranja, se ha evidenciado la centralización de apoyar a los grandes empresarios y figuras públicas con alto poder político.
Me parece un artículo muy interesante y acertado, todo esto lleva a la inseguridad que estamos padeciendo por culpa de este gobierno tan permisivo con los extranjeros, y no preocuparse por mejorar la situación económica, laboral, estudiantil y de salud.
Una revisión clara y concisa. Gracias.