Columnista: Magnolia Londoño
Tras casi dos meses de haber presentado la terna para ocupar el cargo la Corte Suprema de Justicia eligió al abogado Francisco Barbosa para ocupar uno de los puestos más importantes en materia jurídica del país.
Con el nombramiento como el nuevo fiscal general de la Nación, la prensa se ha referido a Barbosa como uno de los hombres que rompe varios hitos como, por ejemplo, con 45 años ser el fiscal más joven en la historia del país (como si no nos bastara con las “pilatunas” del presidente más joven de nuestra historia); así como su marcada proveniencia del mundo académico.
Sin embargo, hay varias cosas hasta ahora a las que los medios de comunicación no le han hecho el suficiente eco. Cosas que podrían afectar el desempeño y la ya de por sí cuestionada independencia de la Fiscalía General de la Nación.
¿Otro aprendiz?
El primero de esos aspectos, es que pese a que Barbosa lleva más de 20 años de trayectoria asistiendo jurídicamente a entidades públicas y órganos de control; tal como lo resalta el periódico Vanguardia, Barbosa —al igual que sus compañeros de terna, María González y Camilo Gómez Álzate—, no es un abogado penalista.
Si bien esto no es una obligación normativa para ser postulado al cargo de fiscal, sí marca un precedente “negativo” de quien dirije la entidad bajo esas condiciones.
De hecho, los únicos fiscales que ha tenido la república que no han sido penalistas son Luis Camilo Osorio (acusado por vínculos con paramilitares), Viviane Morales (perseguida por Alejandro Ordoñez y hoy furibunda uribista) o Néstor Humberto Martínez (El fiscal de “¡La coima, marica! ¡Jijiji!”).
Aunque Barbosa se ha mostrado más que comprometido (en las entrevistas que ha dado) a que su despacho tiene toda la voluntad para sacar adelante temas como esclarecer el 100% de los feminicidios y actuaciones delictivas contra mujeres y niños; para varios juristas, de acuerdo con Ámbito Jurídico, Barbosa llegaría a la Fiscalía a aprender.
¿Qué tan independiente será?
De otro lado Barbosa, como nuevo fiscal tendrá que manejar —sabiendo o no— los “chicharrones” que le dejó su antecesor Néstor Humberto Martínez, como son el caso Odebretch y el asesinato sistemático de líderes sociales y reincorporados de las FARC. Así como deberá encargarse de casos como las Chuzadas 2.0 y, por qué no, hasta del caso Merlano.
Sin embargo, Barbosa tiene dos graves problemas en estos frentes: el primero es que a lo largo de su carrera, el nuevo fiscal ha hecho múltiples contactos en diferentes orillas políticas.
De acuerdo con el portal La Silla Vacía y su sección Quién es Quien, Barbosa también fue asesor jurídico, siempre externo, de entidades públicas como el Ministerio de Hacienda cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Andrés Pastrana; del de Comunicaciones cuando Martha Pinto de Hart era Ministra de Uribe; y del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá entre 2016 y 2017, cuando Arturo Charria lo coordinaba.
“Antes de llegar al Gobierno, defendía abiertamente las negociaciones de paz entre Santos y las FARC. De hecho, nunca escondió que votó por el ‘Sí’ en el Plebiscito y ha dicho que la JEP tiene un buen diseño institucional que cumple con los estándares del Derecho Internacional Humanitario”, se lee en el texto.
Posteriormente, cuando su amigo y compañero de pregrado, Iván Duque, empezó a hacer campaña presidencial, Barbosa cambió diametralmente su discurso y se volvió un crítico del proceso de paz. Cuando Duque llegó a la presidencia lo nombró consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
Ya una vez en el cargo, Barbosa fue jefe de misión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Corte Penal Internacional; además de asesorar, coordinó la estrategia para atender la crisis migratoria venezolana (gracias por tanto, ¿no?).
Por este y otros motivos, su independencia —al menos en el caso Odebretch— quedaría minada; situación que también podría ocurrir con el tema de las escuchas ilegales realizadas por el Ejército en favor, presumiblemente, del partido de gobierno.
También hay que recordar que cuando Barbosa fungía como consejero para los Derechos Humanos, lanzó la infortunada idea de que pese a que organizaciones sociales han insistido en que se declare la sistematicidad de los asesinatos a líderes sociales —y recientemente a excombatientes de las FARC—, el consejero Barbosa negó que estos homicidios se puedan calificar como tal.
“No podemos hablar de sistematicidad (en los asesinatos de líderes y excombatientes) ya que cada territorio tiene sus particularidades”, expresó Barbosa en declaraciones recogidas por El Heraldo el pasado 27 de diciembre.
Parte de “la rosca”
Además, resalta que el cargo de fiscal generalmente tiene fama de ser elegido “a dedo” en beneficio de un grupo o partido político; sin embargo, los esfuerzos que se han hecho para tratar de modificar este modelo de elección por uno más meritocrático se han visto truncados, situación que «benefició» la elección de Barbosa.
En el último incidente, el Congreso hundió un proyecto de ley que pretendía definir condiciones de mérito para la elección de este funcionario.
“La Comisión Primera de Senado hundió el proyecto para introducir meritocracia en la elección del Fiscal General. Bancada de gobierno priorizó en el orden del día la ley ‘Andrés Felipe Arias’, a sabiendas que esa decisión agotaría el poco tiempo que quedaba”, así lo denunció el pasado 3 de diciembre el representante a la Cámara por Bogotá José Daniel López.
Con todos estos hechos sobre la mesa, solo nos queda adaptar el viejo adagio popular para decir: “Y al fiscal, ¿quién lo ronda?”
