En una cadena de inculpaciones sin precedentes, magistrados, jueces, fiscales, policía, gobierno, medios, ciudadanía, padres de familia y demás, han estado tratando de hallar al responsable del nivel de delincuencia tan feroz que viene azotando al país, empezando por las grandes ciudades.
¿Quién deja en libertad al repulsivo raponero y, por qué razón los atracadores (entre otros facinerosos), duran tan poco tiempo privados de la libertad?, a diario se pregunta la inerme y exasperada ciudadanía. Y entonces es cuando se desata una vorágine de recriminaciones inaudita.
Los jueces encargados de impartir justicia y proferir sentencias condenatorias o absolutorias, aducen que son los fiscales quienes con su frágiles investigaciones y pobres imputaciones, hacen que se caigan las diligencias de solicitud de medida privativa de la libertad, o si no arremeten en contra de la Policía, aduciéndoles capturas aventuradas y sin el cumplimiento de los requisitos que exige la ley, procediendo a dejar libre al raponero, al atracador, al estafador, al homicida e incluso al violador.
Otros togados sin empacho alguno, desde las salas de audiencia, le atribuyen al hacinamiento cruel del desgarrado sistema penitenciario nacional, la “necesidad” de no alimentar más la inhumana aglomeración. Entre tanto, el infecundo Ministerio de Justicia y el inane gobierno, afirman no tener recursos para incrementar significativamente la infraestructura carcelaria; pero para impregnar de roñosa “mermelada” a los avarientos partidos politiqueros, pareciera que sí sobrara el capital.
Para cebar campañas, tranzar con multinacionales cuestionadas por millonarios sobornos, agresiva publicidad gobiernista y reelectorera, destinar a manos rotas dineros para unos miserables contratistas que dejan pudrir el alimento de los niños más desfavorecidos de Colombia, entre otros rubros, pareciera que también sobrara.
La Fiscalía entonces, quien tiene la potestad de judicializar a “las ratas”, presentándolas y acusándolas ante el juez por el delito que sea, rebate los señalamientos de estos, alegando en su defensa, la existencia de jueces inocuos, inicuos o excesiva y peligrosamente apegados a tecnicismos absurdos de la ley.
Lo propio hace la Policía, encargados ordinariamente de materializar capturas, rastrear, allanar, perseguir y neutralizar, quienes arguyen un despiadado ánimo de parte de los jueces de torpedear su gestión, castigando a la ciudadanía y premiando de contera al hampa, quienes regresan en menos de nada a las calles a seguir amenazando la yugular del desamparado transeúnte.
He oído a policías decir que los descorazona la crudeza, conmiseración, cobardía o connivencia probablemente, con la que ciertos jueces, devuelven a la calle rufianes de alta peligrosidad, sin recato alguno. Coinciden sin embargo, algunos jueces, policías, fiscales, prensa y ciudadanos en que, la ley sustancial y procedimental no encuadra con la realidad de exacerbada delincuencia que tiene cundida a nuestra sociedad.
Y quienes la fabrican, es decir, los legisladores (“honorables” congresistas de esta republiqueta) por lo general, nada tienen que decir; porque son expertos en evadir su responsabilidad, abstenerse de legislar con adeudo y pericia y deshonrar su “noble” investidura. Por lo general andan hostigando el anzuelo cargado de cebo que el ejecutivo pone a merced de la molleja de las respectivas bancadas.
El majadero gobierno también acuesta sus bueyes en este lodazal de intemperancia, desenfreno en la inseguridad, inmoralidad y corrupción en las calles y penitenciarias, en el parlamento y en la oficina anti-corrupción de la misma Fiscalía, en la magistratura y en sus campañas reelectoreras, acrecentamiento en el desempleo, desidia en la ausencia de acompañamiento y planificación a las familias, etc.; a esas familias a quienes termina indirectamente trasladando la responsabilidad de todo, por haber descuidado a sus hijos e incluso, por haber parido forajidos que este desahuciado e impotente Estado jamás podrá redimir.
Imagen cortesía de Página Siete.
