Columnista:
Germán Ayala Osorio
La administración de Iván Duque cerró el 2021 con dos hechos políticos que confirman su talante antidemocrático y su condición de mentiroso. Y digo cerraría, porque es posible que antes de terminar el 31 de diciembre, saliera con otras perlas, pues siempre se le ve dispuesto a superarse. El primero es la aprobación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana, marco legal que recoge los principios violentos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y la Seguridad Democrática de su mentor, Álvaro Uribe Vélez. Y el segundo hecho, la puesta en escena que armó, junto con la cúpula militar y policial, para engañar a los colombianos sobre la supuesta captura de alias Otoniel. El criminal de marras, dijo ante la JEP, que él no fue capturado, sino que se entregó de manera voluntaria.
Hablemos primero de la norma que en breve pasará a sanción presidencial. La nueva disposición legal nace de una decisión política que el régimen de Uribe-Duque adoptó después de las movilizaciones de 2019 y en particular, las que se dieron durante el paro nacional en este año que termina: convertir a los jóvenes manifestantes, en el nuevo enemigo interno. Por ese camino, Iván Duque criminalizó la protesta social y legitimó el asesinato, la tortura, las afectaciones oculares y la desaparición de jóvenes y la violación de mujeres marchantes. Solo le faltaba el marco legal y las bancadas gobiernistas en el Congreso, se lo dieron como regalo de navidad.
Poco les importó a los congresistas los reclamos y los llamados de atención de la bancada de oposición, alrededor de la posible inconstitucionalidad de varios de los artículos aprobados.
Tanto el Congreso, como el gobierno en pleno, desestimaron los informes que en su momento entregaron la CIDH y la ONU a propósito de las graves violaciones de los derechos humanos, perpetradas por la Policía Nacional y agentes del Esmad. Aunque no haya una declaración en ese sentido por parte de esas dos instancias internacionales, es apenas evidente que Colombia es visto hoy por el mundo, como un Estado masacrador, operado por un régimen arbitrario y criminal.
Con ese talante y bajo esas circunstancias, el uribismo enfrentará quizás el escenario político-electoral más complejo y poco favorable, por cuenta de un tenue despertar ciudadano, que clama por sustanciales cambios en las maneras como el Estado opera en el territorio nacional. No se necesita ser un gran analista para advertir que el régimen se está preparando, jurídicamente, para enfrentar a las movilizaciones sociales que se puedan dar en este 2022, bien por reclamos por las altas tasas de desempleo, pobreza e informalidad laboral, o circulen evidencias sobre un fraude electoral que ya se advierte desde las huestes del Pacto Histórico.
Ahora dediquemos unas líneas a la falsa captura de alias Otoniel. Hay que recordar que desde el primer momento que se dieron a conocer detalles del operativo, surgieron dudas sobre la veracidad del mismo. La sonrisa socarrona del jefe del clan del Golfo detonó toda suerte de suspicacias sobre el impresionante, pero al final, mentiroso despliegue de la fuerza pública, para capturar al narcoparamilitar.
A pesar de la reacción vociferante de Iván Duque, ante la versión entregada por Otoniel, son millones los colombianos que dudan no solo de lo que a diario sostiene este malogrado huésped de la Casa de ‘Nari’, sino de las versiones que suelen entregar los miembros de la cúpula militar y policial. El periodista Gonzalo Guillén presentó la versión de un hombre que aseguró ser contratista de la DEA, que indicó que no se trató de un operativo de captura. Casi de inmediato, la embajada de EE. UU. en Colombia no solo desmintió a la fuente de Guillén, sino que aclaró que no se trata de ningún contratista de la señalada agencia antidrogas. Cierto o no, dicho operativo dejó muchas preguntas e incógnitas, como todo lo que de tiempo atrás hace el régimen uribista.
Si en el 2021 hubo bala y represión, es posible que en este 2022 continúe el régimen uribista atentando las libertades y los derechos de los ciudadanos.
