En estos días de feminicidios, agresiones, asesinatos a líderes sociales y procesos de amnistía, resulta interesante pensar en nuestra maltrecha dama de la justicia. La corrupción, el clientelismo, la congestión, la ineficiencia, la “tutelitis”, el hacinamiento carcelario, el choque de trenes, entre otros, son los males que todavía aquejan a la rama judicial colombiana. Muchos son los gobiernos que han intentado corregir los problemas, y todos reconocen la necesidad de hacer reformas. Pero mientras aparezca gente con voluntad política para dar una solución (y no para intercambiarse más favores), los ciudadanos de a pie deben seguir esperando justicia ante los casos más aberrantes de violencia.
Sí: habrá que esperar un buen tiempo para que los casos de feminicidios y los asesinatos de líderes sociales de este año tengan alguna respuesta del aparato judicial. Habrá que esperar algunos meses más para que empiece a funcionar el Tribunal Especial de Paz y se tramite la responsabilidad de los actores del conflicto por los crímenes más atroces. Ante esta perspectiva de “siéntese y espere”, la impotencia no podría ser mayor: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo ayudar a nuestra pobre justicia ciega, sorda, muda y coja?
No creo que exista una única respuesta a estas preguntas, aunque se me ocurren varias ideas. La primera es que debemos aprender a tramitar nuestras diferencias de manera pacífica. No todos los problemas deben terminar en un juzgado o con un homicidio. Acudir a un conciliador, a un árbitro o a un mediador antes que a un abogado podría ayudar a descongestionar nuestro sistema.
La segunda idea es asistir al sistema judicial para lo realmente importante: es inconcebible que se interpongan tutelas absurdas contra Donald Trump, cuando hay personas que defienden su derecho a la salud con dicho mecanismo. La tercera idea es abandonar la idea de la cárcel como única forma de castigo y resocialización de victimarios. Hay formas más útiles en las que un delincuente podría pagar su condena, ayudar a la sociedad y reparar los daños causados (cuando sea posible), como lo sería el servicio comunitario.
La última idea (y quizá la más importante) consiste en cultivar en nuestros hogares, comunidades y lugares de trabajo o estudio una cultura de paz, en la cual el maltrato al otro sea absolutamente inadmisible. Esto se traduce en entender que los actos de violencia no son normales, ni deben naturalizarse. En este sentido, rescato todos los esfuerzos de concientización y las manifestaciones de los grupos feministas frente a cada feminicidio atroz que ocurre en el país.
Rescato todas las manifestaciones de solidaridad por la muerte de Yuliana Samboní, y por la de tantos otros niños víctimas de semejantes actos de barbarie. Todas esas movilizaciones son un buen síntoma, porque significa que no hemos normalizado la violencia: la estamos cuestionando; no nos conformamos con el dolor y la intolerancia: estamos exigiendo justicia y convivencia. Sé que el escenario de impunidad que nos rodea es desalentador, pero si como sociedad logramos repudiar estos actos, estaremos más cerca de tramitar nuestros conflictos de otra manera.
Adenda: Hablando de justicia, la Corte Constitucional se pronunciará en estos días sobre el «Fast Track». Espero que le den vía libre a la implementación de los acuerdos, pues los días van corriendo y el riesgo en las fases iniciales del posconflicto es alto. Ojalá los magistrados no dejen al acuerdo de paz nuevamente en el limbo jurídico.
