Columnista:
Ana María Ramírez Gómez
Desde el mes de marzo que llegó la COVID-19 a Colombia, la región del Pacífico ha sido la más afectada, en ese entonces todos los medios de comunicación pasaban conteos de casos y fallecidos a diario, ahora en una falsa calma, ya no se habla de la pandemia ni se cuenta cómo se está viviendo en una de las regiones con mayor inequidad social y económica del país.
La salud ha sido uno de los talones de Aquiles en el Pacífico colombiano, donde las poblaciones más apartadas no cuentan con hospitales para enfermedades de alto riesgo como el coronavirus, y deben viajar en helicóptero o en lancha durante más de cinco horas para llegar a las cabeceras municipales, donde las camas UCI no dan abasto con la cantidad de enfermos por el virus.
En septiembre, Buenaventura recibió por parte del Gobierno nacional 12 camas en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, para un total de 25 camas UCI, que beneficia a gran parte del litoral pacífico.
Como el Pacífico siempre ha sido una región olvidada por el Estado, pocos datos de la emergencia epidemiológica se habían recogido, empezando porque su población es afro e indígena y en el anterior censo realizado por el DANE se eliminaron 1,3 millones de afrocolombianos, lo que hace que no haya una cifra exacta de su densidad poblacional.
Sin embargo, hay que agradecer a Pacífico Task Force, ya que es una alianza de liderazgo entre organizaciones que construyó una estrategia de acción conjunta para el seguimiento e incidencia que tiene el coronavirus en el Pacífico, con la ayuda de un grupo de profesionales e instituciones que le apuestan a sacar del olvido a la región y apoyar a su población en medio de la pandemia.
Gracias a ellos se pueden tener datos semanales sobre cuatro líneas de vital importancia: seguridad alimentaria, salud e higiene, sistema de inteligencia epidemiológica, educación y adaptabilidad comunitaria.
A los problemas sanitarios y de salud se suma que los niños y jóvenes del litoral han tenido mayores obstáculos para continuar con su educación ya que según datos del Censo Nacional realizado en el 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, solo el 27 % de las comunidades afrodescendientes tienen acceso a internet en sus casas. Uno de esos lugares es Timbiquí, donde solo el 0,9 % de los hogares contaban en el 2018 con internet fijo o móvil. En Quibdó solo el 30,8 % puede tener acceso a internet, en Tumaco el 7,75 % y en Buenaventura solo el 27,68 % cuenta con el servicio.
A las cifras anteriores se suma los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada en agosto por el DANE, en la cual el 49,1 % de las personas encuestadas manifestó no haber podido continuar con sus estudios en medio de la pandemia de la COVID-19 debido a no tener acceso a internet, condiciones económicas, razones de salud física o emocional, entre otros factores.
Lo anterior agranda la brecha educativa, lo que hace que muchos jóvenes del litoral pacifico no logren entrar a la universidad pública, ya que en sus colegios no cuentan con la tecnología ni los maestros suficientes para desarrollar al máximo sus capacidades, lo que los condena a entrar a hacer parte de la informalidad laboral que en la región es de más del 50 %; o son seducidos por las falsas promesas de los grupos ilegales que les ofrecen mayor capacidad adquisitiva.
Es claro que la pandemia no va a mejorar la situación del Pacífico ni va a hacer que esté en la lupa del Gobierno, son años de olvido estatal que no se recuperan, donde los territorios han sido invadidos por grupos de guerrillas y narcotráfico que atentan contra la cultura y la vida de sus habitantes. Una de las regiones más ricas de Colombia donde la pandemia de la guerra es más agresiva que un virus que ha dejado a más de 30 000 mil fallecidos en el territorio nacional.
Fotografía: cortesía de Jeison Riascos-Murcy/EPA vía Shutterstock
