Columnista:
Óscar Marín
La población LGBTI ha sido históricamente invisibilizada, violentada y excluida por el Estado, por actores armados (legales e ilegales) y por la sociedad. La existencia de prejuicios y estereotipos, la reproducción de patrones culturales de género soportados por discursos religiosos, médicos, sociales, políticos e ideológicos, siguen siendo los principales ‘argumentos’ que se presentan como excusa para ‘legitimar’ la discriminación y la violencia por prejuicio en razón de la orientación sexual y la identidad de género.
Hasta hace poco, el Código de Policía de 1971 (49 años atrás) consideraba como contravención a la moral pública la presencia de personas trans en el espacio público y las expresiones de homosexualidad. Sumado a ello las violencias: económica, intrafamiliar y social, que ha vivido la población LGBTI en entornos escolares, laborales, familiares y de ciudad.
A pesar de que la Constitución del 91 es un hito en términos de derechos fundamentales, al reconocer la diversidad sexual y de género en Colombia, posibilitando reivindicaciones sociales y políticas de la población, y decisiones jurisprudenciales que reconocen sus derechos y las acciones administrativas que los materializan. Las violencias en contra de la población LGBTI persisten. Según cifras de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, Antioquia es el departamento de Colombia con mayor violencia homicida en contra de la población LGBTI, junto al Valle del Cauca. Desde el 2016, se han presentado 362 homicidios y feminicidios contra esta población en el país, de ellos, 84 han ocurrido en nuestro departamento: 51 procesos penales abiertos, con un 98,04 % de impunidad.
Se han presentado 30 casos de violencia policial con solo 4 procesos penales abiertos y 100 % de impunidad. Y 30 hechos de amenazas u hostigamientos, con solo 1 proceso penal abierto y 100 % de impunidad. Una violencia en contra de la población LGBTI, que hoy no se encuentra caracterizada de manera adecuada por los sistemas de registro oficiales del país, ni del departamento.
La Gobernación de Antioquia pensó y dejó dentro del Plan de Desarrollo UNIDOS 2020-2023 el programa Antioquia Región Arcoíris. Un programa que busca promover el “respeto por la diferencia como valor social fundamental y como posibilidad de ejercicio pleno de derechos y oportunidades para las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, a través de acciones institucionales que legitimen en todos los escenarios sociales su presencia; generando oportunidades desde la perspectiva diferencial, la inclusión, la no discriminación, la Noviolencia y la preservación de sus vidas”.
Este programa le apuesta a gerenciar desde la juntanza de la institucionalidad, la sociedad civil y la empresa privada, la construcción de un tejido social libre y capaz de afrontar cualquier situación que atente contra la dignidad y los derechos de las personas LGBTI, buscando contribuir a su desarrollo humano integral con estrategias de inclusión y promoción de la equidad para la igualdad, que les permita una vida sana, plena, con bienestar y calidad de vida digna desde tres principios orientadores:
En primer lugar está la Manifestación de identidad, la cual hace referencia a la expresión del conjunto de rasgos que identifican a las personas LGBTI y las formas en que éstas se manifiestan, tanto políticas, como sociales y culturales, pasando por eróticas, afectivas y psicológicas.
Luego está la Calidad de vida, que apunta a que las personas cuenten con las condiciones más adecuadas para lograr que su existencia sea plena y alcance un desarrollo individual que contribuya a la sociedad y a sí mismas.
Y por último, el empoderamiento, que se refiere a la forma en la que las personas LGBTI adquieren independencia y fortaleza política, social, cultural e individual, con el fin de mejorar las situaciones de vulneración a las que históricamente han sido sometidas.
Todo ello le apuesta a la autodeterminación, a la abolición de roles y estereotipos sexuales, corporales y de género, y el empoderamiento social y político de las personas y organizaciones que les agrupa, como las mesas diversas por la vida que pasarán de 13, a 73 en mismo número de municipios del territorio antioqueño, los semilleros de investigación, ubicados en las 9 subregiones, el acompañamiento a los entes territoriales que emprendan un camino hacia la construcción de Políticas Públicas para la atención integral de la población sexualmente diversa, la apuesta por la cualificación de los liderazgos LGBTI y la formación de servidores y servidoras que estén al frente de rutas de atención.
Muestra de esta apertura, hoy municipios como Heliconia, Amagá, Sonsón, Cáceres, Vegachí, Guarne, El Peñol, Guatapé, La Ceja, Barbosa, Envigado, Angostura, Donmatías, San Francisco, El Carmen de Vivoral, Andes, Necoclí, El Bagre, Támesis, Remedios; entre otros, reportan actos simbólicos en favor del respeto hacia las personas LGBTI.
Es el momento de estar UNIDAS, UNIDOS, UNIDES, es el momento de una Antioquia multicolor, que reconoce, valora y respeta a las personas sin señalamientos, sin prejuicios, ni estereotipos por su orientación sexual, su identidad de género o su corporeidad.
