Columnista: 

Chrístofer Hidalgo 

El 7 de julio de 2001, en medio de una incursión paramilitar en la vereda Cañaveral, ubicada en Remedios, Antioquia, murieron 12 campesinos señalados de ser colaboradores de la guerrilla. Esta, una de las tantas masacres ocurridas en el departamento, relegada al olvido, pasó a tener importancia judicial de connotación nacional, debido a que se menciona el nombre del expresidente Uribe, a quien los paramilitares hubieran favorecido, recuperando el ganado que se encontraba allí, de acuerdo con la versión de alias «El Indio», exparamilitar vinculado al Bloque Metro.

Los actores que intervienen

El Bloque Metro

El Bloque Metro tuvo injerencia en el Oriente de Antioquia, ganando importancia por ser el primer grupo paramilitar que pobló Medellín. Su jefe visible era alias «Doble Cero», quien fuera también, un integrante de las Fuerzas Militares; con el beneplácito de Fidel Castaño, se posicionó como líder paramilitar. Este grupo se organizó con una base ideológica marcada por la lucha en contra de las guerrillas, paradójicamente, muchos de los miembros de estas se unieron a él, por lo que la estrategia militar se configuró con influencias subversivas.

La labor de «Doble Cero», tenía relevancia al interior de las AUC, ya que era el relacionista entre los militares y El Bloque Metro.^Ver  Tan es así, que algunas incursiones armadas de las Fuerzas Militares, fueron coordinadas junto con paramilitares a su cargo. La Operación Orión, llamada así por Fabio Orión, comandante paramilitar^{ver pág 51}, tuvo la participación de integrantes del Bloque Metro, quienes tenían la intención de colaborar con los militares para erradicar la usurpación comunista de la zona. Después de ese operativo, la Comuna 13 de Medellín pasó a tener una facción exigua de guerrilleros. El control de la zona, quedó a manos de los paramilitares.

Volviendo a los orígenes, la conformación de este grupo subversivo ha suscitado la atención nacional, debido, entre otras cosas, a varias declaraciones. 

«Sierra afirma que el Bloque Metro de las AUC lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia».

Los señalamientos de Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve, anteriormente vinculados a la causa paramilitar, inculpan a Uribe y a su hermano directamente por la conformación de grupos ilegales. Fue en medio de un debate de control político propuesto por Iván Cepeda que se conocieron estos testimonios, los cuales se convirtieron en la génesis de un proceso judicial por manipulación de testigos entre Uribe y Cepeda, que ha tenido vaivenes judiciales que están por resolverse. 

Uribe

Desde el primer momento en el que su apellido lo antecedía el rótulo de presidente, los señalamientos relacionados con vínculos con paramilitares no han dejado de crecer. En el 2002 se posesionó, mientras se publicaba la «Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El señor de las sombras)», que cuenta, desde la perspectiva del autor, los artilugios que conllevaron a favorecer a paramilitares y narcotraficantes, usando sus facultades enfrente de las instituciones del Estado. Los dirigentes de izquierda como Piedad Córdoba o Carlos Gaviria, lanzaron diatribas en su contra; sin embargo, en el panorama nacional, se convirtió en un fenómeno electoral. Su discurso en contra de la guerrilla, caló hondo en los colombianos. 

Las acusaciones que lo vinculan con paramilitares vienen de distintos frentes y jerarquías sociales. A lo ya mencionado, con las acusaciones del «Indio», de Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve, se suman las de quienes fueron trabajadores de la hacienda La Carolina y otras tantas que, se han venido acumulando con los años y, siguen adelantándose, sin llegar todavía a un avance concreto en las investigaciones que encausen un fallo judicial.

No hay una condena que pese sobre el expresidente. El contexto en el que su familia se desarrolló en el territorio antioqueño y, en el que el mismo Uribe gobernó, son el corolario de la política mafiosa de los grupos armados y de la violencia en Colombia, surgida tras el auge del negocio de la coca y la lucha entre comunistas, «contracomunistas», el Estado y terceros que fueron vicarios del conflicto.

La Justicia

Que no haya respuesta por parte del Estado frente a las investigaciones que cursan en contra de Uribe, ni en la Fiscalía, ni en la Corte Suprema de Justicia, o en cualquier institución que tenga competencia, es un problema que trasciende las instituciones y que tiene que ver con la forma en la que se ejerce la justicia, con toda la parafernalia que engloba junto con los vicios administrativos que, en Colombia, se han degenerado por la cultura del narcotráfico.

El sistema judicial está ligado estrechamente con el sistema político; se habla de magistrados con una corriente ideológica marcada, o que tienen influencia de patrones políticos y, que votan según sus intereses e intereses de terceros, por los casos en los que tienen competencia (véase el Cartel de la Toga). El aparato judicial, con la influencia del Ejecutivo y el Legislativo, está tiznado de corrupción. Uno de los principales problemas de la justicia ordinaria, está ligado a la figura del fiscal general de la nación que, en Colombia, es elegido según un criterio inicial del presidente y una decisión final de la Corte Suprema de Justicia.

Ese sistema trae implicaciones políticas insoslayables, ya que, si bien la Fiscalía no tiene competencia en investigar a los aforados, los casos de particulares que tienen incidencia en el manejo de los hilos políticos, como empresarios, financiadores de campañas o actores del conflicto, se ven favorecidos cuando las investigaciones se dilatan hasta extinguirse, o hasta que la verdad no es posible, y se tienen retazos de los hechos, por ejemplo, tras lo sucedido en el Palacio de Justicia, el asesinato de Jaime Garzón, el caso de Juan Manuel Galán, entre otros casos, atropellados por las trampas de los epígonos del hampa que se encubren dentro del Poder Judicial. 

Las víctimas

La población del Cañaveral ha sufrido los alcances del conflicto en Colombia desde el siglo anterior. Entre el 4 y el 12 de agosto de 1983 se dio otro caso de violencia, en donde hubo al menos 20 personas asesinadas que, posteriormente, el Estado anunció como «subversivos dados de baja en combate» ^{ver pág 48}; dicha masacre se dio como consecuencia de una ofensiva paramilitar que repercutió en personas ajenas al conflicto.

Como en muchos otros municipios de Antioquia en los que el Estado está ausente y, los grupos criminales de todas las procedencias manejan el territorio, las personas que residen allí están a la espera de un nuevo conflicto y de nuevas víctimas, ya que la acción del Estado es nula y los habitantes no contemplan la ayuda del este como una posibilidad real.

Ya son casi cuatro décadas de conflicto prácticamente ininterrumpido en aquella zona de Antioquia, que va dejando víctimas por doquier, y refleja un panorama en donde las poblaciones se van reduciendo con el accionar de los fusiles; mientras que los muertos apenas se recuerdan como un ínfimo vestigio del conflicto, en los medios de comunicación y en documentos de entes gubernamentales; representados en cifras que ayudan a alimentar estadísticas que varían al alza constantemente.

“Ese día al verla tan enferma (a Abigail Úsuga Goez) la bajamos en hamaca y cuando llegamos al camino, ya venía la tropa matando los arrieros que iban bajando, nos dejaron pasar con la enferma hasta el caserío pero de ahí ya no nos dejaron salir hasta el otro día… El niño nació el domingo 08 de Julio en la madrugada pero nació muerto y ella murió el 08 de Julio como a las 10 de la mañana… Ella fue enterrada en el cementerio del caserío en un ataúd de madera junto con otros que murieron ese día”. 

José Aníbal Cartagena, tomado de: Verdad Abierta.

Fotografía: cortesía de La FM.