Columnista:
Germán Ayala Osorio
En una discutida y apretada decisión, la Corte Constitucional decidió mantener la condición de imputado de Álvaro Uribe Vélez, procesado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Con una votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, la corporación no solo evitó un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, sino que logró que la institucionalidad y la autonomía de la justicia se mantuvieran como factores sustanciales del estado de derecho.
Más allá de las interpretaciones jurídicas de unos y otros, lo actuado por los magistrados del alto tribunal tiene efectos ético-políticos que bien vale la pena exponer, dada la trascendencia de la decisión. Las tres magistradas y los dos magistrados que optaron por mantener las condiciones procesales que cobijan en estos momentos al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez mandan un mensaje positivo a la sociedad. El sentido de ese mensaje es claro: nadie está por encima de la ley, por más temido y poderoso que sea el ciudadano. En este caso, estamos ante un enorme golpe de opinión que erosiona los imaginarios sociales, que en torno a la figura del exgobernador de Antioquia y exdirector de la Aerocivil se han venido consolidando. Imaginarios que lo exponían hasta ayer, como una figura intocable, venerada, casi una deidad.
Pues bien, al derribamiento de esas representaciones, a todas luces exageradas y erróneas, no solo aportaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los propios togados de la Constitucional y otros operadores judiciales que han pedido investigar a Uribe, por ejemplo, por paramilitarismo, sino las actuaciones públicas de los miembros de esa cofradía llamada Centro Democrático y por supuesto, los propios actos del expresidente, por los que está siendo procesado penalmente.
La historia deberá juzgar a estos últimos por haber aportado a la naturalización de un ethos a todas luces inconveniente para la tarea de consolidar una sociedad moderna, civilizada y respetuosa de las diferencias. Frases como «voten los proyectos mientras los meten a la cárcel», «… donde lo vea le voy a dar en la cara, marica» y «apoyemos el derecho de los soldados de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico», calaron en amplios sectores de la sociedad colombiana, consolidándose así un ethos mafioso, violento y pernicioso. De igual manera, aportaron acciones que quedaron registradas en imágenes que el país no puede olvidar, como aquella en la que el mismo Uribe, al salir de la Fiscalía, con una sonrisa retadora, se hizo lustrar los zapatos.
En una sociedad que deviene confundida moralmente, la decisión de los cinco togados representa una luz cargada de enorme eticidad con la que será posible reconducir a quienes, por acción u omisión, cohonestaron con el todo vale que logró imponerse en el país entre el 2002 y 2010. De esta manera, con la decisión de la Corte Constitucional, se sienta un fuerte precedente ético-político y jurídico que debe hacer recapacitar a los miembros de esa élite política, empresarial y económica que acompañaron y aplaudieron a rabiar las actuaciones de Uribe y de todos los que lo asistieron en su aventura de reducir la institucionalidad estatal al carácter autoritario y arbitrario con el que mandó en Colombia durante 8 años; el mismo que logró inocular en su ungido, Iván Duque Márquez (2018-2022).
Pero así como la decisión de los cinco magistrados es una luz cargada de una positiva eticidad, lo expresado por los cuatro togados que se opusieron a que se le mantuviera la condición de imputado a Uribe Vélez, de alguna manera valida actuaciones del 1087985. Por ejemplo, la renuncia a su curul de senador, para evitar que la Corte Suprema, su juez natural, lo investigara y juzgara. Ello constituye una «jugadita» que, a pesar de que le salió mal, sirvió de pésimo ejemplo para que otros congresistas hicieran lo mismo. Ese tipo de «jugaditas» erosionan la legitimidad de las instituciones y constituyen una burla. Además, quienes votaron no, ética y políticamente, terminaron, quizás sin proponérselo, por validar las actuaciones del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a pesar del daño ético y moral que aquellas vienen produciendo en vastos sectores de la sociedad colombiana.
