Después de la decisión de los cajamarcunos el pasado 26 de marzo negando su territorio para la explotación de la mina “La Colosa” por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti, el turno es para los cumaraleños quienes el próximo 4 de Junio aprobarán o rechazarán la exploración y explotación de hidrocarburos que la empresa china Mansarovar Energy pretende hacer en esta jurisdicción, será la culminación de un tortuoso camino que incluyó entre otras cosas recolección de firmas y movilizaciones en defensa del agua.
Ya era hora de que las comunidades tomaran las decisiones sobre su futuro: aunque la figura de la consulta se reglamentó hace más de 20 años fue solo hasta 2013 cuando empezó a usarse como herramienta para rechazar la minería: Piedras, Tauramena y la ya citada Cajamarca, todas han sido derrotas aplastantes para las empresas mineras, tanto que Ecopetrol logró en 2014 detener la de Monterrey, Casanare, por medio de una tutela.
Pareciera entonces que la “locomotora minera” con la que el presidente Santos pretendía traer la ‘prosperidad para todos’ se está varando por cuenta de su propio descrédito; hay en las comunidades la protesta de que las empresas no le cumplen a la población por ejemplo con el empleo para la gente de la región, uno de los motivos de la protesta en enero pasado de los trabajadores de Bio energy en Puerto López; pero esta negativa está relacionada con que los campesinos, al contrario de lo que nos pasa en las ciudades, sí saben que el agua no viene del grifo y que los alimentos no se cultivan en los supermercados y ven a diario lo que el fracking y en general la minería, legal e ilegal, le hacen a sus ríos y a sus cañadas y a veces a ellos mismos como lo que ocurre con el polvillo de carbón y los casos de enfermedades pulmonares.
Es por ese derecho ciudadano que al gobierno de la paz le queda muy mal desautorizar los resultados de estos comicios, como se apresuró a hacerlo el ministro Arce al otro día de lo de Cajamarca con la teoría peregrina de que la consulta no tiene retroactividad y de que el municipio tiene derechos sobre su suelo y no sobre el subsuelo, sin ningún empacho habla de la consulta como si fuera un grupo terrorista diciendo que “seis mil personas no tienen la capacidad de romper el estado social de derecho” ¿Será ese continuo servilismo ante las multinacionales lo que llaman los uribistas el ‘castrochavismo’ de Santos?
En vez de deslegitimar la voz del pueblo, el gobierno tiene que ver cómo redirecciona su estrategia para exigir a empresas minería de bajo impacto ambiental y que traiga más beneficios que perjuicios a las comunidades, implementar políticas para dejar la dependencia de los combustibles fósiles y, muy importante, combatir fuertemente a la minería ilegal, que no por ser autóctona es menos peligrosa.
La consulta minera de Cumaral tiene para sus convocantes dos razones: proteger el recurso hídrico que la explotación de hidrocarburos pondría en peligro y mantener la vocación agroturística y ganadera del municipio; los cumaraleños, seguramente le dirán que no a la Mansarovar a pesar de que al señor gobierno no le guste la idea e intente deslegitimar la decisión de la comunidad con declaraciones como las del ministro de minas o a chantajear con el tema de las demandas diciendo que probablemente haya que subir impuestos para pagarlas. Como llanero sé que Cumaral no defraudará al país.
Adenda: Las víctimas tienen sólo un día para manifestarse, pero el senador Uribe, de quien los medios nos cuentan hasta lo que come, tenía que hacer su berrinche porque “no lo dejan hablar”