El 1 de septiembre de 1998 una maestra llegó con una máscara negra para dirigirse a la Corte Constitucional con el fin de exigir sus derechos como homosexual, como mujer lesbiana que siente, sueña y ama como una persona heterosexual. Su máscara no es un acto de rebeldía, su máscara solo es un acto de miedo, de pavor: “Cubro mi rostro por el temor a ser sancionada por mi orientación sexual y por la discriminación de que puedo ser objeto por parte de la comunidad educativa”.
Tal cual, citó el Espectador y el diario el Tiempo en sus ediciones de aquel año. No sólo fue la voz de esta docente, sino muchos expertos, activistas y personas que sufrieron en todos los niveles, la discriminación por ser homosexuales, por no seguir “las reglas de Dios”. Aquella ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero que exigía el derecho de los docentes a ejercer su trabajo sin miedo de ser castigados por su orientación sexual, fue aprobada.
Un paso más en aquel entonces para una comunidad que no se cansa de exigir sus derechos, que no se cansa de pedir respeto y sobre todo, igualdad, no equidad, una igualdad que muestre una tolerancia seria y honesta ante sus decisiones tanto en el núcleo familiar como en el social.
Y así pasaron dieciocho años después de aquella aprobación para que nos diéramos cuenta que éste derecho, no ha sido respetado. Óscar Arcila es un profesor de colegio en Envigado, pero por su orientación sexual ha sido víctima de matoneo por parte de sus estudiantes. En su momento las directivas y él mismo, no prestaron atención a las amenazas e insultos por parte de sus alumnos. Así que, un día cuando la gota rebosó la copa, Óscar decidió de una vez por todas, tomar riendas sobre el asunto con esta reflexión: “si eso le hacen a un adulto, qué le harían a un menor homosexual”. Esto convocó a un debate en el plantel educativo, estudiantes y docentes hablaron sobre la discriminación y según Óscar Arcila, se logró entender que una orientación sexual diferente no es sinónimo de burla ni censura ni mucho menos, de insulto y discriminación.
A su vez, Óscar Arcila le envió un mensaje a toda la sociedad y sobre todo a la comunidad LGBTI, “nosotros estamos acá, somos visibles y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Yo estoy orgulloso de ser homosexual. No me imagino de otra forma”. El Espectador publicó esta nota con el fin de conmemorar el día del orgullo Gay. Pero: ¿cuánta discriminación hay en nuestro país, en nuestra sociedad?
La Defensoría del Pueblo en su boletín número 38 del mes de mayo, expone un aumento significativo de las denuncias por violencia contra la población LBGTI. En su momento los índices son alarmantes ya que, son 89 casos registrados, equivalentes a los hechos en el 2015 y superiores a los del 2010-2014. Esto no es otra cosa que la clara muestra de un nivel de intolerancia e irrespeto hacia esta comunidad que a través de los años, han buscado un espacio a nivel político y social.
Y aunque la constitución del 1991 parecía un avance significativo y tal vez, contundente sobre la violación de sus derechos, hasta el sol de hoy, la situación no ha cambiado mucho. Pues el boletín de la Defensoría expone lo siguiente: “Cabe resaltar que la mayor parte de consultas por vulneraciones de derechos a estas poblaciones se da en solicitudes para el acceso y garantía a los derechos a la salud, educación y trámites relacionados con la expedición de la cédula y la libreta militar”.
Imagen cortesía de: caribeafirmativo.lgbt
Según esto, desde hace veinticinco años, Colombia no ha sido otra cosa que una doble moralista, que de dientes para afuera apoya y dice respetar los derechos, enaltecer la igualdad entre colombianos. De nada sirve un papel firmado si el pensamiento no se transforma, no hacemos nada si a la final seguimos despreciando y humillando al otro por no ser como nosotros, porque lo creemos un anormal. Si una mujer es golpeada todos rechazamos, pero si es un transgénero es golpeado y asesinado, es porque se lo busco, por “marica”.
Sobre todo eso, hay una estadística bastante interesante que revela el boletín: “los equipo de la Defensoría atendieron un total de 92 casos de población con orientación sexual e identidad de género diversa que manifestaron ser víctimas de violencia, el 39% corresponde a situaciones de discriminación y expresión de prejuicio, el 18% a amenazas contra la vida, libertad, integridad y seguridad; el 7% son por abuso policial; 5% atañe a casos de violencia sexual y 6% a casos relacionados con tentativa de homicidio y trata de personas”. Para Daniel Verástegui coordinador de los centros comunitarios LGBTI “que haya denuncia es positivo, es un hecho de respeto por los derechos”.
Pero esto implica un problema mayor: “Ahora se debe disminuir las cifras que expone la Defensoría”. El asunto es ¿cómo reducirlos y mediante qué sistema? ¿Cómo cambiar mentalidades en un país que aún quiere mantener su bandera de conservador en lo más alto? Daniel Verástegui que muy amable me recibió en el centro comunitario de Teusaquillo, habló sobre éste y otros temas para la reivindicación y respeto a la comunidad LGBTI, que ustedes conocerán en la siguiente entrega.
Publicada el: 1 Jul de 2016
