Columnista:
Kanábico Objetor
«Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa’ matar, me han convertido en una bestia… soy solo un niño que no tiene identidad, me han obligado a disparar, me han enseñado cómo asesinar, me han obligado a mutilar en un infierno terrenal».
Niño Soldado – Ska-P.
A quien lea estas reflexiones sobre la coyuntura que ha generado la propuesta del designado ministro de Defensa del gobierno del Pacto Histórico, Iván Velásquez, debo decirle que lo que pretendo con ellas es hacer un llamado para que posibilitemos diálogos, debates, acuerdos y, hasta disensos, alrededor del reclutamiento forzado y el servicio militar como unas de las tantas formas en las que se expresa y se soporta el MILITARISMO en la construcción de la democracia —no solo en Colombia—, ya que ha sido un dogma que todas las sociedades han mantenido y han logrado combinar con la política, la economía, la cultura y, la religión, en aras de someter la vida y los territorios a las lógicas de la expropiación de los recursos naturales, la tierra y a las guerras que ello conlleva.
Durante las últimas tres décadas, en distintos territorios de este país, diversas generaciones de hombres y mujeres jóvenes nos hemos dedicado a decir enfáticamente que ¡LA JUVENTUD NO VA A LA GUERRA y que nuestros sueños no se pueden camuflar! Durante este tiempo distintas expresiones de juventudes organizadas y, no organizadas, decidimos crear escenarios de formación y construcción de apuestas de vida desde la no violencia y el pacifismo como formas de resistencia a las distintas olas de guerra y violencia urbana que ha padecido el país. Esto es necesario decirlo porque reconocer los procesos históricos de las luchas de Objetores/Objetoras de conciencia y antimilitaristas, en un país construido en medio de la violencia política, hace parte de la materialización de los discursos que se recogen en la idea de una Colombia Potencia Mundial de la Vida y de la posibilidad de por fin poder VIVIR SABROSO.
Estas luchas han logrado que en Colombia se hayan dado algunos mínimos avances legislativos; desde la prohibición emitida por la Corte Constitucional de las batidas llevadas a cabo por el Ejército, pasando por el reconocimiento de la Objeción de Conciencia como Derecho Fundamental enmarcado en el derecho a la Libertad de Conciencia y como causal de exención para el servicio militar, y llegando hasta la reforma más reciente hecha ad portas de finalizarse el gobierno de Juan Manuel Santos en pleno proceso de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, reforma en la que la edad límite para la definición de la situación militar es de 24 años y en la que, además, se decreta un estipendio —miserable— para jóvenes empobrecidos reclutados, en su gran mayoría, en contra de su voluntad, y obligados por las condiciones de pobreza y falta de oportunidades que se viven a lo largo y ancho del territorio nacional; estos avances se han dado en medio de complejas coyunturas y momentos políticos del país, y muchas veces este tema fue de poca relevancia para gran parte de quienes en los últimos 30 años han desfilado por las curules del Congreso.
Es necesario decir que la Corte Constitucional ha sido “tibia”, en la medida en la que ha permitido que el Congreso siga dilatando la reglamentación que hace más de 8 años tuvo que haber dado al Derecho de la Objeción, y eso no es solo para el tema del servicio militar, sino también para la amplitud política y constitucional que ella tiene. Esto en última medida terminará dificultando una pronta transformación de las fuerzas militares y la posible creación de un Ministerio de Seguridad, Paz y Convivencia en el gobierno de Gustavo Petro.
También es necesario decir que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso tienen unos retos inmensos en esta materia, según plantea el abogado constitucionalista Alejandro Matta, “La transformación de la fuerza pública en Colombia no puede reducirse a la eliminación del servicio militar obligatorio, sino que supone toda una reestructuración en el diseño institucional de la fuerza pública en general, en la medida en que también es necesario abolir la Doctrina Damasco y cambiar todos los manuales de contrainsurgencia que reproducen la doctrina del enemigo interno con el propósito de llevar a la FP por la senda de ajustarse a la doctrina de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad. El reto más importante es lograr que todos los manuales operativos, la doctrina militar y los manuales de contrainsurgencia se ajusten a los más altos estándares de derechos humanos, por supuesto eso tendrá un costo político para la gobernabilidad del país, pero tendrá un resultado positivo para la gobernanza con los territorios, con los movimientos sociales, los movimientos de base y con quienes finalmente votaron por el presidente Gustavo Petro”.
Desde el antimilitarismo siempre hemos planteado que la palabra «obligatorio» se debe suprimir del escrito de ley, pensando en que sea el inicio de la reforma a la ley como tal y, con ello, encaminar la discusión hacia la profesionalización de las fuerzas militares teniendo en cuenta que aquí el desmonte total de estas es una utopía; y también hemos planteado que los altos mandos militares no pueden seguir haciendo interpretaciones de la ley, simplemente deben cumplirla y respetar las disposiciones de la Corte Constitucional y los protocolos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ahora bien, la discusión también pasa por la libreta militar, ya que ha sido uno de los motivos que obligan a los jóvenes a presentarse ante los cuarteles con la ilusión de «no ser aptos» para adquirir una libreta “de segunda” y, lograr así, tener acceso y goce de derechos humanos fundamentales.
El país necesita transitar, de manera firme y segura, hacia la construcción de una paz completa y materializada desde las realidades de los territorios y de quienes los habitamos. El desescalamiento de la guerra pasa por procesos profundos y culturales de desmilitarización que va más allá del camuflado y el fusil, pasa por el lenguaje, por nuestras relaciones sociales y humanas, por lo simbólico y hasta por lo político.
Termino diciendo que esta coyuntura ha sido la excusa para que jóvenes, amigos, amigas, parceros y parceras, afines del país, nos reencontremos para reafirmar nuestras apuestas y agendas políticas, pero sobre todo, para reafirmar que el ANTIMILITARISMO es un proyecto ético-político y que es la construcción ideológica desde la cual hemos asumido aportar a la transformación del país; es por eso que nos hemos convocado a una ASAMBLEA NACIONAL ANTIMILITARISTA para los próximos días posteriores a la posesión presidencial.
En ella discutiremos cada una de las propuestas que a la fecha se han presentado en vías de acabar con el servicio militar obligatorio, propuestas como el «Servicio Social para la Paz», la reciente propuesta presentada por los congresistas Daniel Carvalho y Humberto de la Calle, y las que, muy seguramente, la bancada del Pacto Histórico presentará en su agenda legislativa para los cuatro años venideros.
No me queda más que decirle, a quien lee estas reflexiones, que es urgente y necesario que podamos interpelar de manera objetiva el papel de las fuerzas militares en la sociedad, y las implicaciones y consecuencias que tiene para la gran mayoría de jóvenes que salen de cumplir con el servicio, ya que es una falacia sostener que estar en las filas militares puede dar garantías laborales y forjar el carácter, cuando esto en realidad termina es dejando un caldo de cultivo inimaginable para los grupos armados ilegales que campean sin dios ni ley por las calles de este país, además de generar daños irreparables en quienes salen de la mili.
