¿A quién le convenía la muerte de Álvaro Gómez Hurtado?

Columnista:

Daniel Mauricio Meléndez Márquez 

Desde hace 25 años, mucho se ha especulado –y poco se ha establecido– sobre quiénes estarían detrás del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y, especialmente, el porqué del magnicidio. Se ha señalado a la mafia, a miembros de la fuerza pública (Ejército y Policía) y sectores políticos de derecha entre los presuntos implicados. Ahora, que exintegrantes del secretariado de las extintas guerrillas de las FARC manifiestan asumir responsabilidad del magnicidio, surge otra inquietud: ¿por qué? ¿a quién beneficia?

Antecedentes y contexto

«El Proceso 8000» fue el escándalo que puso en evidencia la financiación de narcotraficantes en las campañas presidenciales de 1994, salpicando a buena parte de la clase dirigente colombiana. La divulgación de las grabaciones que ponían en evidencia la financiación del Cartel de Cali a la campaña Samper Presidente en junio de 1995, generó una crisis institucional sin precedentes en la historia de Colombia. Observaciones como estas eran hechas a diario por Álvaro Gómez Hurtado desde sus columnas editoriales en El Nuevo Siglo.

La captura del extesorero de la campaña Santiago Medina Serna (julio 26) y la declaración de Samper: «De comprobarse cualquier filtración de dineros, esta se habría producido a mis espaldas» (julio 27) levantaron ciertas suspicacias. La indagatoria de Medina (julio 28) y la divulgación de apartes de la misma en una rueda de prensa, precipitó la renuncia del entonces ministro de Defensa Fernando Botero Zea, coordinador de dicha campaña.

Botero Zea es capturado el 15 de agosto. Al día siguiente, mientras se dirigía a rendir declaratoria, es asesinado Darío Reyes Ariza, conductor personal del ministro de Gobierno Horacio Serpa Uribe. Las confesiones de Botero y Medina (11 y 12 de septiembre, respectivamente) de haber recibido y administrado más de 5000 millones de pesos del Cartel de Cali para financiar la campaña de segunda vuelta, puso en entredicho la legitimidad de la elección de Samper.

Desde abril no pasaba una semana sin una entrega, una captura, una evidencia, una indagatoria. La vertiginosa rapidez con la que se sucedieron los hechos hizo que Gómez Hurtado cambiase su postura de permitirle al presidente defenderse, a ser su más acérrimo crítico, siempre desde el sentido de la ética y dignidad que demandan el noble oficio de la política, como él lo llamaba.

La renuncia en masse de varios funcionarios del gobierno agudizó la crisis. La presión del Gobierno Clinton y las duras críticas y cuestionamientos por parte de funcionarios como los entonces director de la DEA, Joe Toft («Colombia es una narco-democracia) y el  embajador en Colombia, Myles Frechette,  que también ponían en entredicho la legitimidad de la elección y, por consiguiente, del Gobierno Samper.

Las constantes denuncias en las revistas Semana y Cambio 16 eran respondidas con intentos de censura por parte del Gobierno. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria y versión libre a varios congresistas y funcionarios del Gobierno. A finales de septiembre, es baleado en el centro de Bogotá el penalista Antonio José Cancino, abogado defensor del presidente, pero Cancino sobrevive al atentado.

A su vez, funcionarios como el entonces director del DAS, Ramiro Bejarano, el ministro Horacio Serpa, y el propio Samper, hacían declaraciones en medios de comunicación hablando de una conspiración para «derrocar al presidente». La llamada a calificar servicios de altos oficiales del Ejército dio pie a más especulaciones, y comenzaron a escucharse voces que decían «invasión gringa», «cuartelazo», «ruido de sables» y «golpe de Estado». Desde su tribuna/trinchera en El Nuevo Siglo, Gómez Hurtado continuaba:

Al Presidente no lo están tumbando ni los políticos, ni los periódicos, ni los gremios, porque nada se ganaría con remplazarlo por otro personaje del mismo régimen que quizás no tendría tantas cosas que respetar como el señor Samper. El proceso de decadencia que vivimos no se acaba con un cambio de nombres […] Creemos que hay que acortar ese camino. Que aún es tiempo, que pueden presentarse soluciones por las vías previstas en la Constitución y que le evitarían, no solo al país, sino a los propios personajes que constituyen el régimen, el tremendo desgaste a que están sometidos. (Gómez Hurtado, El Nuevo Siglo. 23 de octubre de 1995)

El 30 de octubre de 1995, en su columna editorial de El Nuevo Siglo, Gómez Hurtado se reafirmaba:

La opinión pública ha llegado a una evidencia: que en la campaña presidencial del señor Samper sí hubo dineros del narcotráfico, que fueron cuantiosísimos, que se emplearon in- tensamente para ganar la segunda vuelta de las elecciones, y que finalmente se obtuvo un triunfo por una débil mayoría, que bien pudo ser comprada por las millonadas de recursos ilícitos que se gastaron. Este hecho ya comprobado, es lo que ilegitima al régimen que padecemos. Por eso nosotros hemos sostenido que el único propósito político válido es tumbarlo. (El Nuevo Siglo, octubre 30, 1995)

Esa misma noche, en su última entrevista pública y ante las cámaras del Noticiero 24 Horas (el de mayor audiencia en el país), Álvaro Gómez Hurtado, pronunció su frase lapidaria: «el Presidente no se cae, pero tampoco se puede quedar».

Es en este ambiente enrarecido, durante los momentos más álgidos del escándalo, pasa lo inesperado: a eso de las 10:20 a. m. del 2 de noviembre de 1995, a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, es asesinado Álvaro Gómez Hurtado.

Las tres versiones

La investigación del magnicidio avanzó con cierta celeridad durante los primeros años y fue perdiendo su ritmo a medida que eran asesinadas varias personas involucradas en ella, y con las obstrucciones, sospechadas y luego comprobadas, a la misma.

Durante estos 25 años, se ha hablado de la participación de miembros del Cártel del Norte del Valle y de oficiales de la Policía (tesis sostenida por Mauricio Gómez Escobar y Enrique Gómez Martínez, hijo y sobrino respectivamente de Álvaro Gómez Hurtado); de un grupo de políticos de derecha que preparaban un golpe de Estado y que mataron a Gómez Hurtado para silenciarlo luego de su negativa a participar en el golpe (sostenida por Samper y Serpa, tesis ampliamente documentada por periodistas, funcionarios y políticos en ejercicio en la época) y, ahora, la presunta responsabilidad de las FARC en el magnicidio. Pero ¿por qué querrían asesinarle? y ¿quién se beneficiaba con ello?

1. Mafias de Cali y Norte del Valle, policías y militares

La investigación del asesinato de Gómez Hurtado avanzó lentamente  hasta 2010, cuando varios exjefes del Cartel del Norte del Valle extraditados en 2008 por el Gobierno de Álvaro Uribe, comenzaron a entregar declaraciones ante delegados de la Fiscalía General de la Nación. Los testimonios de Luis Hernndo Gómez Bustamante ‘Rasguño’ y Víctor Patiño Fómeque dieron pie a esta versión, que puede resumirse de la sigueinte manera:

A través de José Ignacio Nacho Londoño Zabala, político liberal del Valle y abogado de narcotraficantes como Henry Loaiza y el propio Víctor Patiño Fómeque, contacta a Orlando Henao Montoya, expolicía y jefe del Cartel del Norte del Valle, para explorar la posibilidad de tomar acciones contra Álvaro Gómez Hurtado; en el eventual caso de un golpe de Estado, la mafia consideraba que a Gómez Hurtado no le temblaría la mano para extraditar a los capos encarcelados (como Gilberto Rodríguez Orejuela o el propio Patiño Fómeque), permitir que las tropas gringas «invadieran» a Colombia y combatir, capturar y extraditar a cuanto narcotraficante encontrasen.

Inicialmente, Henao Montoya, habría intentado convencer a Carlos Castaño Gil, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para secuestrar a Gómez Hurtado. En su libro Mi Confesión, el extinto líder de las AUC dice que rechazó la proposición. Luego de un presunto intento fallido de soborno por parte de Henao Montoya, el testimonio de ‘Rasguño’ afirma que el jefe del cártel recibió solicitud personal de Horacio Serpa para llevar a cabo el asesinato.

Según esta versión, el asesinato se habría coordinado entre Wilber Varela ‘Jabón’, jefe del ala sicarial del cártel, y Danilo González Gil, coronel en activo de la Policía, exmiembro de los Pepes, por entonces jefe de inteligencia del Gaula y muy cercano al cártel.

Danilo González Gil se retiraría de la Policía y pasó a ser jefe de seguridad del propio ‘Rasguño’, y luego de ‘Jabón’, amasando una gran fortuna. Fue asesinado el 25 de marzo de 2004, en los días que estaba tramitando su entrega a las autoridades colombianas. Por su parte, el testimonio de ‘Rasguño’ ha sido desestimado por la Fiscalía por inconsistencias, imprecisiones y contradicciones entre las cuatro declaraciones del excapo.

2. Los militares y políticos que querían tumbar a Samper

Durante las primeras etapas de la investigación se investigó la presencia de personal de inteligencia del Ejército y la Policía en el lugar de los hechos, pero las pesquisas llegaban a un punto muerto. Sin embargo, las evidencias recopiladas por Fiscalía sugieren que la eventual participación de miembros de la fuerza pública (Policía o Ejército) en el magnicidio se sustenta más en los esfuerzos de funcionarios de la Dijín y la Sijín por obstruir y desviar la investigación que en confirmar la participación directa de alguien en particular.

Desde hace varios años, el periodista Jorge Gómez Pinilla ha investigado y documentado esta versión, bajo la tesis de que «A Álvaro Gómez lo mataronlos suyos», es decir, que el magnicidio habría sido orquestado por sectores de derecha. En su libro «Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado», Gómez Pinilla incluye una develadora entrevista al exembajador Myles Frechette al respecto.

Cabe anotar que en 1996 Frechette ya se había pronunciado sobre una intentona golpista, manifestando que «un grupo de colombianos le consultaron sobre el eventual respaldo de la administración Clinton a un golpe de estado contra el presidente Ernesto Samper», a lo cual, Frechette habría respondido que  se olvidaran, explicando que su Gobierno no respaldaría ninguna salida a la crisis por fuera de la Constitución.

En la entrevista con Gómez Pinilla, (cuyo audio existe), Frechette añadió que hubo varios altos oficiales del Ejército. En la entrevista, se mencionan tres nombres: el Mayor General Harold Bedoya, el Mayor General Ricardo Emilio Cifuentes y al Coronel Bernardo Ruiz Silva.

Firmes sospechosos a ojos de la Fiscalía, al momento del magnicidio el general Harold Bedoya era comandante en jefe del Ejército, el general Cifuentes era comandante de la Segunda División en Bucaramanga y el coronel Ruiz Silva era comandante de la Brigada XX de inteligencia del Ejército.

El mayor general Cifuentes se retiró públicamente del Ejército el 26 de enero de 1996, declarando en los medios de comunicación que «el Presidente no merece mi respaldo» y que su hijo, Germán Cifuentes, fue asesinado en Bogotá el 16 de febrero de 1996. Cifuentes sobrevivió a un atentado del que fue víctima en 2001 en la ciudad de Duitama (Boyacá). En cuanto a Ramírez Silva, en 2003 se conoció la absolución de cuatro militares pertenecientes al grupo Cazadores acusados de ser autores materiales del magnicidio y la del propio coronel Ruiz Silva. El 5 de diciembre de 2018 se reportó la muerte en Bogotá del mayor general (r) Ricardo Cifuentes.

A su vez, el expresidente Ernesto Samper ha hecho referencia a quienes habrían estado participando en una eventual conspiración para derrocarle: los conspiradores sociales (políticos de derecha y exfuncionarios) que se reunían para hablar de la viabilidad de un golpe de Estado, explorar posibles aliados y respaldos); los conspiradores intelectuales, encargados de preparar todo el marco normativo y legal que legitimase el golpe, y los «conspiradores de sangre», que incluirían a miembros de la fuerza pública, activos y en retiro, dispuestos a pasar de la palabra a «la acción intrépida».

 Luego de su declaración ante la Comisión de la Verdad el 20 de febrero de 2020, Samper ha mencionado entre los conspiradores a exfuncionarios y excongresistas como Víctor Mosquera Chaux, Luis Carlos Sáchica, Jesús Bejarano, Alejandro Ordóñez, Plinio Apuleyo, Enrique Gómez Hurtado (hermano de Álvaro Gómez), Alfonso Valdivieso y su vicefiscal Salamanca, y al difunto historiador y catedrático Hugo Mantilla, mientras que un testigo protegido de Fiscalía mencionó en su momento al excongresista conservador Pablo Victoria y el empresario antioqueño Hernán Echavarría Olózaga.

Por su parte, el excongresista conservador Pablo Victoria, a quien en su momento se acusó de haber sido parte de una conspiración, ha manifestado en su libro que no había uno, sino dos golpes de Estado en marcha. El primer golpe de Estado que se estaría gestando, incluía entre otros al general Camilo Zúñiga (muy cercano a Samper y que para el Departamento de Estado de los Estados Unidos tenía fuertes nexos con el narcotráfico) y el propio Hugo Mantilla, muy respetado en círculos castrenses de alto rango.

El segundo plan de golpe, que ya tendría armado un «acta constitucional» y un cronograma de acciones que incluirían la extradición ipso facto de varios capos del Cartel de Cali y del Norte del Valle por entonces tras las rejas, como Gilberto Rodríguez Orejuela y Víctor Patiño Fómeque. Dicho cronograma habría sido llevado a los capos para instarlos a un ataque preventivo que impidiera el golpe y emprender acciones contra Gómez Hurtado. Es en este segundo escenario que se habría tomado la decisión del magnicidio: asesinando a Álvaro Gómez, se eliminaba la única personalidad civil que podría asumir como Jefe de Estado en un eventual golpe a Samper.

3. Las FARC: ¿enemigos en la guerra, aliados en la paz?

Las declaraciones de Piedad Córdoba sobre tener las pruebas del magnicidio de Gómez Hurtado generó dudas y suspicacias; los familiares de Gómez Hurtado apuntaron a que era una jugada del liberalismo capitalino, encabezado por Juan Manuel Santos y Juan Fernando Cristo (muy cercanos a Samper) para que la Justicia Especial para la Paz (JEP) asumiera el caso, quitándole competencias a la Fiscalía y, vía cosa juzgada, cerrar el caso.

Por su parte, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez expresa que la confesión de las FARC es «tardía y extraña», mientras que al exculpar a los cárteles de Cali y del Norte del Valle, a Samper y a Serpa, y al desestimar el acervo probatorio contra exintegrantes del Ejército y la Policía, genera las suspicacias del periodista Gómez Pinilla, cuya opinión al respecto es que «ahí hay gato encerrado».

Valga recordar que en 2012, el hoy senador José Obdulio Gaviria hizo público un libro 1.553 cartas escritas por Tirofijo a los miembros del secretariado. En la colección epistolar, datadas entre 1993 y 1997, se encuentran cinco comunicaciones de ‘Tirofijo’ recomendándo a sus camaradas que «lo del señor Gómez Hurtado es mejor mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones, mientras bajamos otros». El libro salió a la venta en formato digital, pero su contenido, cotejado con los discos duros de las FARC en poder de la Fiscalía, fue desestimado como apócrifo, toda vez que de las 1553 cartas, solo 43 aparecen en los documentos de los ordenadores.

Sin embargo, el exjefe de las FARC y ahora senador Carlos Antonio Lozada afirma haber sido él quien ejecutó la orden del secretariado de las FARC recibida de Jorge Briceño (‘Mono Jojoy’) y llevado a cabo por la Red Urbana Antonio Nariño de esa guerrilla, agregando que «los autores materiales fueron asesinados por la Policía».

La intención tras el asesinato, además de «profundizar las contradicciones», tendía por objetivo saldar una vieja deuda, toda vez que fue Álvaro Gómez quien, en 1962, citó a varios debates en el Congreso llamando a la acción del Ejército contra los focos de insurgencia en el país a los que calificó como «repúblicas independientes».

En esto hay desfase de espacio-tiempo: el llamado que hacía Álvaro Gómez en 1961 haciendo referencia a un foco de insurgencia en el Vichada, tres años antes de la «Operación Marquetalia», el operativo contra comunidades y guerrillas campesinas que es tomada por muchos como el inicio de las FARC.

Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el Ejército Colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes… Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de Planadas, la de Riochiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora, tenemos el nacimiento de… la República Independiente de Vichada. (Gómez Hurtado, 25 de octubre 1961, en el Congreso)

No se olvide que para finales de octubre de 1995 las declaraciones de Álvaro Gómez habían pasado a otro nivel. En lugar de editorializar en un periódico capitalino de circulación intermedia, ahora estaba en horario estelar de televisión. Desde las cámaras del Noticiero 24 Horas, el de mayor audiencia del país, su frase lapidaria «el Presidente no se va a caer, pero tampoco se puede quedar», le llegó a millones de colombianos que veían con indignación cómo aumentaba el escándalo del Proceso 8000.

Las FARC nunca quisieron dialogar con el Gobierno de entonces, pues al igual que Gómez Hurtado, consideraban a Samper un presidente ilegítimo. Puede que con al asesinarle, las FARC quisieran «profundizar las contradicciones», pero de paso le quitaron al Gobierno Samper el más importante y respetado de sus críticos. En este caso, «el enemigo de mi enemigo, también es mi enemigo».

El régimen buscará afanosamente que no pase nada. (…) Se buscará que haya sacrificios parciales de corderos expiatorios. Pero empieza a considerarse la idea de que un cambio de protagonistas, o el castigo judicial para algunos de ellos, no basta para brindarle al país una salida a la moralidad. (Gómez Hurtado)

 

Coincidencias y conclusiones

Es claro que sí hubo intenciones de un golpe de Estado, pero este fue abortado al no encontrar el respaldo necesario ni de la administración Clinton ni de personas como Gómez Hurtado o Jesús Bejarano.

En la declaración de Carlos Lozada afirma que «en el sitio del asesinato había un automóvil con personal de la Fuerza Pública adelantando labores de inteligencia y que, a pesar de ser una coincidencia, la Fiscalía «se casó» con la hipótesis de la participación de integrantes del Ejército y la Policía en el magnicidio». Ante los ataques entre Fiscalía, Policía, el Ejército y el Ejecutivo, las FARC habrían decidido guardar un prudente silencio.

Sin embargo, llaman la atención dos detalles: la obstrucción a la investigación por parte de funcionarios de la Dijín y la Sijín antes citada, y el  asesinato de la abogada Clara Valencia Linares, investigadora de la Procuraduría que estaba investigando el cambio de placas de dos carros adscritos a la Policía Judicial que estaban presentes en el lugar de los hechos; y los asesinatos del general (r) Fernando Landazábal Reyes (mayo, 1998) y del exconsejero de paz, Jesus Antonio Bejarano, (septiembre, 1999).

Los homicidios de Landazábal y Bejarano tienen un nexo adicional: mientras Landazábal le habría manifestado al excongresista Pablo Victoria que «ya sabía quiénes estaban tras el asesinato», poco después del asesinato de Bejarano trascendió que este había declarado en la investigación por el magnicidio de Gómez Hurtado, argumentando que él también había sido abordado para buscar un respaldo al golpe de Estado, y que alcanzó a conversar con Gómez Hurtado al respecto.

Como en otros magnicidios en Colombia, no se ha pasado del gatillero. Como en tantas otras ocasiones, aparece más de un autor intelectual. Como en otros casos, quienes podían aportar información clave ya están muertos (Enrique Gómez Hurtado, Hugo Mantilla, Ricardo Cifuentes) o han sido asesinados (Nacho Londoño, Danilo González Gil, Orlando Henao Montoya, Carlos Castaño Gil y un largo etcétera). Y que dos personas que tenían información clave sobre el fallido golpe de Estado y el magnicidio (Jesús Bejarano y Fernando Landazábal Reyes), ahora resulta que también fueron las FARC.

Y, como en muchas otras ocasiones, justo cuando quiere dársele un nuevo rumbo al caso, aparece un chivo expiatorio.

Quizá fue una coincidencia entre las dos primeras hipótesis: tal vez el «acta constitucional» sí fue puesta en conocimiento a los narcos del Cartel de Cali encarcelados y, similar a la frase a Escobar atribuida a Santofimio, alguien pudo haberle dicho a Rodríguez Orejuela: «mátelo; si llega a la Presidencia, se viene encima la extradición». Y nuevamente el régimen, ese enmarañado sistema de intereses y red de complicidades que se amparan en la impunidad, puso en marcha sus engranajes: oficiales de inteligencia del Ejército y la Policía con nexos y relaciones con el narcotráfico, que además sabían de las intenciones golpistas, conspiraron para silenciar a Gómez Hurtado.

¿Por qué? Porque de no hacerlo, la voz mesurada y las taladrantes palabras de Gómez Hurtado, ya en las pantallas de televisión, habrían exacerbado la crisis a tal punto que ello habría precipitado la renuncia del Presidente, permitiendo un cambio de gobierno y, quizás, «tumbar el régimen».

El quién y el cómo son arandelas para el público, y para que nadie se pregunte «por qué». Sea quien haya sido, Álvaro Gómez Hurtado era un hombre peligroso para lo que él mismo llamaba «el régimen», ese enmarañado sistema de complicidades entre sectores que se amparan en la impunidad y se lucran de las palancas del Estado.

Y casi como si previera el futuro, las palabras de Álvaro Gómez avizoraban el futuro:

Ser abatido por ráfagas de ametralladora, como parecía ser mi suerte, no debía considerarlo como un infortunio singular. Quizás no era un “bel morir”. Pero en las circunstancias actuales del país y del mundo podría no ser un sacrificio inútil. 

Muchas manos interesadas en ultimar a Gómez Hurtado. Como dice el refranero popular: «Entre todos lo mataron, y él solito se murió».