Columnista:
Germán Ayala Osorio
El homicidio del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz Salgado, nuevamente pone en la palestra pública al expresidente Uribe Vélez y a su política de seguridad democrática. Salvatore Mancuso señaló ante la JEP que por orden del entonces presidente Uribe, el esquema de seguridad de Díaz le fue retirado para facilitar que los paramilitares lo asesinaran.
«Nosotros lo matamos», reconoció Mancuso, en medio de la audiencia ante el alto tribunal de paz. El homicidio se produjo el sábado 10 de abril de 2003.
El caso del funcionario local resulta emblemático porque su crimen se produjo meses después que de manera osada, Eudaldo Díaz señalara de corrupto y de tener vínculos con los paramilitares, a Salvador Arana, gobernador del departamento y amigo de Uribe Vélez, justo en el momento en el que compartía con el presidente de la república, la mesa principal en un Consejo Comunal de Gobierno. Ese Consejo comunitario se celebró el 1 de febrero de 2003. Dos meses después lo asesinaron. Se puede colegir que el propio Eudaldo Díaz Salgado se puso su propia lápida en ese preciso momento en el que denunció a quien no debió denunciar. Quizás un impulso ético lo condujo a su fatal destino.
Uribe Vélez y Salvador Arana escucharon al denunciante. La respuesta del mandatario, con tono molesto, fue: «hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo». A renglón seguido, Uribe entregó la responsabilidad del manejo de la denuncia en la coordinadora logística del consejo comunal.
¿Si Uribe siempre dijo que no toleraría actos de corrupción, por qué no confrontó al gobernador en esa misma audiencia? ¿Por qué Uribe minimizó el asunto, a pesar de reconocer la gravedad de lo denunciado por el alcalde? En ese mismo escenario comunitario, Díaz dijo que lo «iban a matar». Y efectivamente, como lo señaló Mancuso, los paramilitares lo asesinaron.
Lo que resulta curioso y contradictorio es que Uribe Vélez pontificaba de su política de seguridad democrática, la que según él, estaba diseñada para proteger a todos los colombianos. Y así se lo hizo saber en esa mismo Consejo Comunitario al alcalde de El Roble, en ese momento suspendido por la Procuraduría de manera injusta, como lo señaló el mismo Eudaldo Díaz.
¿Por qué si la política de seguridad democrática era para garantizar la vida de todos, no pudo resguardar la vida del alcalde? Cierto o no que por orden del entonces presidente de la república le fue retirado el esquema de seguridad del mandatario local, Uribe Vélez y todo el andamiaje de su política de seguridad son políticamente responsables del crimen del funcionario.
La justicia tendrá que probar que el retiro de los escoltas efectivamente se dio en cumplimiento de la orden presidencial y si esta obedeció, como se interpreta de la situación, porque Uribe optó por proteger a su amigo Salvador Arana, lo que implicó dejar a la deriva al denunciante y a merced de las estructuras paramilitares que el alcalde alcanzó a denunciar. El presidente antioqueño nombraría al gobernador Arana cónsul en Chile y luego embajador en el mismo país austral.
La palabra Eudaldo significa «gobierno eterno, ley eterna», en bajo latín Eudaldus, de acuerdo con una búsqueda en internet. Su origen está asociado, también, «a San Eudaldo, mártir a manos de los sarracenos en Ax, Francia, en el siglo X».
El caso de Eudaldo Díaz Salgado es uno más de los tantos en los que aparece involucrado el hoy imputado expresidente y expresidiario. A este se suman las masacres de El Aro y La Granja, y el crimen de José María Valle, defensor de los derechos humanos.
En la endeble justicia colombiana estos procesos poco o nada avanzan hacia el esclarecimiento de las responsabilidades del exmandatario. Solo falta que algún juez temeroso del poder intimidatorio del expresidiario, para el caso de Díaz, concluya que al alcalde de El Roble lo asesinó un sarraceno del siglo XXI.
