Han pasado más de veinticinco años desde que la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es sorprendente que tras ese triunfo de la comunidad LGBTI en su búsqueda por la inclusión y tratos más justos para todos, se haya aprobado recientemente una sentencia judicial en el país de la samba que concede a psicólogos el aval para tratar la homosexualidad como enfermedad, lo cual genera una posición antagónica frente al postulado de la OMS de 1990.
Los tratamientos para la denominada “cura gay” se incorporan a múltiples situaciones que se extienden a lo largo y ancho de ese país generando mayores efectos de discriminación hacia la libertad sexual. A esto se suma la alarmante cifra de una persona trans asesinada cada 48 horas y un homosexual por día en Brasil, situación que va en aumento con respecto a años anteriores y en la que la impunidad prevalece en la mayoría de casos ya que son muy pocos los procesos judiciales que evolucionan para castigar tales crímenes.
A pesar de que este tipo de eventos ha sido la constante durante los últimos meses y su tendencia es a la alza, tal parece que las organizaciones del gobierno no tienen un consolidado oficial que permita determinar el número de casos reales en los que se han vulnerado los derechos de personas LGBTI. Es por ello que ONGs han tenido que recurrir a los datos que arrojan la prensa y las denuncias interpuestas para intentar hacerle seguimiento. No obstante, la información con que se cuenta es insuficiente y la posición gubernamental poco conciliadora, no existen políticas públicas vigentes efectivas y mucho menos se puede afirmar que haya planificación desde el Estado para hacerle frente a estos casos.
Todo parece indicar que las iniciativas para enfrentar la homofobia en Brasil han sido fuertemente desafiadas en los últimos años y sus logros mucho más demorados de los esperados. Por si fuera poco, contraponerse a la presión de personalidades de comunidades religiosas y políticas que delante de los medios de comunicación han lanzado discursos discriminatorios es el pan de cada día.
A pesar de que existen organizaciones que se han apersonado por muchos años de voluntades de inclusión, estas labores se ven enfáticamente entorpecidas si las iniciativas públicas no lo facilitan. Es importante a este punto cuestionarse sobre el papel dinamizador del Estado como un defensor de los derechos de todos sus ciudadanos y la labor de veedores de estos últimos para reclamar la garantía de protección y participación social activa de la comunidad LGBTI.
No será una tarea fácil disminuir tales casos de odio y mucho menos si la población en general permite que estas agresiones se vayan invisibilizando y la mentalidad de los pueblos no tenga apertura para la diferencia.
