Al ganadero Santiago Uribe Vélez lo tienen hoy bajo arresto en una guarnición militar hechos delictivos perpetrados a comienzos de la década del noventa en el municipio de Yarumal, Antioquia, por un grupo conocido como ‘Los Doce Apóstoles’. Se trata de confirmar en los estrados judiciales si tuvo participación en ellos como promotor de grupos paramilitares, tal como lo han dicho algunos testigos.
Para Uribe Vélez ha sido un largo camino, que comenzó en 1997, cuando se le vinculó a un proceso penal por esos hechos. Si bien el caso fue archivado en 1999, la sospecha de su participación siempre lo ha perseguido y no ha sido despejada con contundencia. Se espera que en esta nueva apertura del caso se aclare finalmente si tuvo o no responsabilidad en los crímenes perpetrados por los ‘Doce Apóstoles’.
No obstante, los rastros de sus presuntas relaciones con grupos paramilitares no se circunscriben a ese pequeño grupo de ganaderos y comerciantes. Ante los estrados judiciales existen por lo menos dos señalamientos más contra Santiago Uribe Vélez: de un lado, algunos exparamilitares lo vinculan con la creación del Bloque Metro una facción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que habría nacido en la región del bajo nordeste, específicamente en los municipios de San Roque y Maceo, en cuya zona está ubicada la hacienda Guacharacas, donde fue asesinado Alberto Uribe Sierra, padre del clan Uribe Vélez, el 14 de junio de 1983.
Entre esos exparamilitares se encuentran Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, quien comandó el Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar; y Juan Guillermo Monsalve, un hombre que afirma haber trabajado en Guacharacas y por razones que no muy claras se incorporó al proyecto paramilitar. Ambos aseguran que el ganadero y caballista participó en la conformación y financiación del Bloque Metro, cuyos primeros campamentos se habrían instalado en esa hacienda.
El segundo señalamiento contra el ganadero, hermano de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República (2002-2010) y actual Senador por el Centro Democrático, proviene del exparamilitar Rodrigo Zapata Sierra, conocido en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como el ‘Canciller’ por cuanto cumplió con funciones de relacionamiento entre ese grupo armado ilegal con políticos y empresarios en varias regiones del país.
Sus tareas incluyeron la coordinación de las reuniones sostenidas en abril de 2008 en la Casa de Nariño entre funcionarios de gobierno y emisarios del poderoso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, con el fin de diseñar estrategias para afectar la imagen de la Corte Suprema de Justicia, que estaba siendo contundente en el juzgamiento de los llamados “parapolíticos”, entre ellos, el congresista Mario Uribe, primero de los Uribe Vélez.
Imagen cortesía de: Eje 21
Zapata Sierra comandó un grupo paramilitar que operó en los municipios de Caldas, Amagá, Titiribí y Angelópolis, suroeste antioqueño, región próspera donde pululan fincas cafeteras de importantes empresarios antioqueños. Esa estructura armada se conformó en esa zona por orden expresa de Vicente Castaño Gil, uno de los gestores de las AUC, y por orden del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se disolvió sospechosamente y sus integrantes fueron a parar a otros frentes y bloques paramilitares.
Ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Zapata Sierra se refirió a una conversación que tuvo con un caballista del suroeste antioqueño llamado Jorge Escobar, quien le llevó una razón de Santiago Uribe Vélez: “El señor Jorge Escobar, en una reunión en su pesebrera, me dijo que qué problema había que si el señor Santiago Uribe no aportara más. ¿Habrá algún problema? Y yo le dije, que no había ningún problema, que no aporte. Mejor que no lo toquen para que el día de mañana no haya ningún problema […] Para la época creo que no estaba todavía de presidente el doctor Álvaro Uribe, pero estaba en campaña”.
Ese tipo de comentarios abre la posibilidad de que se compulsen copias desde ese alto tribunal a la justicia ordinaria para que investigue si, por ejemplo, esos aportes económicos se hacían de manera voluntaria u obligada, lo que determinaría si se puede o no atribuir responsabilidades en la financiación de grupos paramilitares. Me pregunto si ya esas declaraciones están siendo constatadas por algún operador judicial.
Un aspecto que me llama la atención es que tanto en la región del Nordeste como del Suroeste es la presencia de Santiago Gallón Henao, caballista, confeso financiador de las AUC, narcotraficante según las autoridades norteamericanas y amigo de los Uribe Vélez. Por extrañas circunstancias fue beneficiado en 2007 con subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS), a través de la empresa Clamasan S.A.
Gallón Henao se entregó a la justicia el 10 de julio de 2009 y su aceptación de cargos de financiación del paramilitarismo podrían evidenciar que los aportes de empresarios antioqueños a grupos paramilitares no fueron obligados y, por el contrario, fueron voluntarios, buscando que esas fuerzas ilegales contrarrestaran las expresiones de violencia de la subversión en aquellas regiones donde tenían sus inversiones.
Tampoco se puede olvidar que exjefes paramilitares como Raúl Hasbún Mendoza, confesaron ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que otro hermano del clan Uribe Vélez, llamado Jaime, conocido como ‘el pecoso’ y quien falleció en 2001, fue un hombre cercano a las AUC.
A mi juicio, es importante ampliar el espectro de investigación contra Santiago Uribe Vélez y no reducirlo a los hechos atribuidos a ‘Los Doce Apóstoles’.
El análisis judicial debería tener como objetivo concreto determinar si, en efecto, su responsabilidad en la conformación y financiación de grupos paramilitares fue más estructural y sostenida en el tiempo o, por el contrario, es víctima de falsos señalamientos. En este caso, es importante superar la mirada coyuntural.
El autor de este texto ha autorizado su publicación en ConlaOrejaRoja.com, Texto original en Semana.com
