Columnista
Fredy Chaverra
Tras cumplirse la vigencia del cese al fuego entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN cerca de 700 organizaciones sociales, agrupadas en la Asociación Coordinadora Humanitaria, solicitaron aunar esfuerzos entre las partes para ratificar su ampliación. Es un llamado que se suma al realizado por las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, que plantea, en principio, darle continuidad a un cese al fuego que ha demostrado ser efectivo para desescalar el conflicto en algunas regiones del país, pero que, en perspectiva crítica, no ha logrado convertirse en un incentivo lo suficientemente fuerte para descongelar una Mesa que pasa por su horas más difíciles.
Por el momento, el proceso se ha convertido en una “guerra de comunicados” en la cual el ELN le reclama al Gobierno por lo que considera como una serie de incumplimientos, que va desde la instalación de una mesa con el Frente Comuneros del Sur -disidencia elena con asiento en Nariño reconocida por el Gobierno como una estructura independiente- y pasa por la ausencia de un reconocimiento jurídico que vía decreto strictu sensu les quite de encima la calificación de Grupo Armado Organizado -GAO-.
En contraste, el Gobierno ha insistido reiteradamente en tramitar las diferencias desde los canales establecidos en los protocolos que institucionalizaron la reactivación de la Mesa a finales de 2022; sin embargo, viene dejando de lado el tono condescendiente con el cual trataba a su contraparte de cara a la opinión pública. Algo que se evidenció en la exigencia a tener claridad sobre su voluntad de paz -presuponiendo que podía estar utilizando el proceso para avanzar en su consolidación armada y expansión territorial- y en las críticas a la actitud intransigente e inconveniente del comandante Antonio García.
Lo cierto es que al fijar condiciones para darle continuidad al cese al fuego la guerrilla le da un golpe de autoridad a la Mesa y pone en jaque la viabilidad política de la paz total, puesto que lleva a concluir que el cese bilateral como condición concomitante a la negociación -siendo este un principio defendido por el exaltocomisionado Danilo Rueda-, más que una oportunidad de creación de confianza entre las partes o un punto de partida para el desescalamiento del conflicto, se podría convertir en un instrumento de chantaje por parte de la guerrilla para presionar medidas específicas a su favor o dirimir tensiones no tramitadas desde la Mesa.
Y esto termina configurando un escenario donde el ELN tendrá la capacidad de poner al Gobierno contra las cuerdas, con el inminente riesgo, en el corto plazo, de convertir la Mesa en un espacio poco incidente destinado al mero mantenimiento del cese al fuego. Total, el costo político ante una ruptura de un proceso de diálogo siempre recaerá en el Gobierno que se la jugó por la salida negociada, al ELN ya poco le importa asumir consecuencias políticas, la deslegitimación del alzamiento armado y su desconexión con el actual momento histórico no da para menos.
Hoy el ELN exige medidas no tramitadas desde la Mesa para darle continuidad al proceso, lo hace cuando todavía el diálogo no ha llegado al anhelado punto de no retorno; cuando no se tiene claro cómo interpreta el fin del conflicto -algo que el Frente Comuneros del Sur sí tiene bastante claro: entrega de armas y desmovilización-; cuando el Acuerdo de México no ha salido del diseño de un modelo de participación; cuando no se ha tocado ni por los laditos el apartado sobre víctimas o sobre justicia transicional; en fin, cuando el proceso no llega ni a un 25% de avance y se viene un año preelectoral en el cual la salida negociada o la constituyente no pintan como activos movilizadores.
De ahí que considere que de ahora en adelante el ELN no tendrá problema en asumir el cese al fuego como un instrumento de presión o chantaje hacia un Gobierno que, ansioso por mostrar resultados en una diezmada política de paz, encuentra precisamente en el cese al fuego uno de sus mayores logros. Importante, necesario y temporal, sin duda, pero muy frágil y fácil de instrumentalizar por una contraparte que no opera bajo la lógica de cálculos de costeo político o consecuencias electorales. Es evidente que el ELN no está pensando en el 2026.
Sí la guerrilla le venía marcando ritmo al proceso, logrando el levantamiento de las famosas “líneas rojas” de Santos -el modelo económico y el régimen político- y moldeando el Acuerdo de México a su imagen y semejanza, en lo que resta del Gobierno del “cambio” no tendrá dificultad en poner en jaque a la paz total. Excusas no le faltarán: o congela el proceso, o condiciona a última hora el cese al fuego bilateral, mientras tanto, la Mesa avanza a medias y el ciclo electoral que definirá la continuidad del “cambio” asoma sus orejas a la vuelta de la esquina.
La pregunta es muy válida: ¿Cuál es la voluntad de paz que tiene el ELN en el actual momento histórico?
*En la Plataforma de seguimiento al proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN -Isegoría- se puede encontrar una amplia serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso y la política de paz total. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/
