Columnista:
Ían Schnaida
El 12 de marzo de 2024, Jhon Jairo Arboleda Céspedes no ganó la consulta rectoral de la Universidad de Antioquia. En su lugar, se impuso una maquinaria que ha estado presente en la Alma Mater durante más de 20 años. La candidatura de Arboleda, quien ha ocupado el cargo durante seis años y busca otros tres, ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso. Su condición de rector/candidato le otorgó acceso a la estructura institucional para movilizar recursos y obtener votos, lo que ha sido percibido como un uso indebido de los recursos públicos y una práctica que alimenta la percepción de clientelismo y favoritismo en la Universidad.
Dada la carencia de mecanismos de regulación de los procesos de democracia en la Universidad, en particular los relacionados con la designación de rectores, decanos y directores, varios jefes de dependencias y de multicampus, de forma explícita o tácita, adelantaron acciones para la segunda reelección de Jhon Jairo. No solo él se presentó como candidato, sino que varios de los integrantes de su administración participaron como equipo de campaña en Medellín y en las regiones en las que la Universidad tiene presencia.
El tema no sería preocupante si el equipo del rector/candidato no tuviera acceso a todas las bases de datos de estudiantes, profesores y administrativos de Medellín y regiones, si Arboleda no tuviera lugar en el Consejo Superior Universitario, órgano que llevará a cabo la designación rectoral, y si algunos integrantes del actual equipo rectoral, que lidera Arboleda Gómez, no tuvieran participación directa en el proceso de designación, como la Secretaria General y el Director de Planeación y Desarrollo Institucional, quien a su vez es jefe del Director de la División de Gestión Informática, dependencia que realizó la consulta.
¿Se puede ser juez y parte de un proceso en el que se compromete la propia continuidad en un cargo que tiene un presupuesto de casi dos billones de pesos?
Sobre los resultados de las consultas
El 12 de marzo, a las 6:00 p.m., cerró la consulta universitaria en la que participaron estudiantes, profesores, egresados, administrativos y jubilados. Durante todo el día, ingresaron 12 571 personas para dar su voto por 3 candidatas y 7 candidatos. Y muchas otras no pudieron ingresar porque la plataforma presentó problemas. Sin embargo, a las 6:01 p.m. sucedió un evento del que no se tenía registro en la Universidad en el desarrollo de este tipo de consultas: se cayó el sistema por más de una hora y fue necesario reiniciar el servidor para acceder a los resultados. La respuesta que dio la Secretaria General Olga Lucía Lopera fue la siguiente: “No hubo ningún tipo de intervención en el aplicativo durante ese tiempo y el proceso fue transparente”.
Resulta revelador el desenlace de la consulta rectoral, en el cual se manifiesta la incapacidad administrativa de garantizar procesos en la confiabilidad tecnológica, la cual debe ofrecer exactitud y celeridad en los procesos institucionales. Luego de la larga caída del sistema, se presentaron los siguientes resultados: Jhon Jairo Arboleda Céspedes (2822 votos), Elvia María González Agudelo (2086 votos), Natalia Gaviria (1802 votos), Jhon Mario Muñoz (1524 votos), Luquegui Gil Neira (1330 votos), Ramón Javier Mesa (977 votos), Voto en Blanco (874), Jaime Andrés Cano (559 votos), Lina María Muñoz (365 votos), Carlos Fernando Arroyave (135 votos), Javier Darío Fernández (97 votos).
El 78 % de las personas que participaron de la consulta pronunciaron su deseo de cambio, frente a un 22 % afincado en la obsolescencia de la maquinaria. Está claro que este último porcentaje no expresa las mayorías de una comunidad universitaria, solo una porción.
La caída del sistema, por un lado, demuestra la desatención humana que debería procurar confianza y legitimidad en estos eventos de reivindicación democrática. Por otro lado, expresa, pese a las irregularidades ya señaladas, la inconformidad de la comunidad (78 %) con la posible continuidad de la gestión del actual rector John Jairo Arboleda Céspedes.
De hecho, uno de los profesores que actuó como veedor de las consultas, sostiene que: “Se había preguntado desde antes de la consulta si el sistema tenía la fortaleza y capacidad; la pregunta fue descartada como improcedente con arrogancia y sin rigor. Se solicitaron otras pruebas técnicas por diferentes candidatos y sus delegados y estas fueron negadas. Se pidió información y esta fue confusa. Y quizá ese es el panorama de la consulta: confusión”.
Lo que sí es claro es que mientras Arboleda Céspedes presentaba sus ideas en los foros, diferentes grupos expresaron su malestar acerca de una posible reelección. Por ejemplo, en el Teatro Camilo Torres, un grupo de subrogados, solicitaron explícitamente la no designación de tres candidatos: Jhon Jairo Arboleda Céspedes, Ramón Javier Mesas Callejas y Luquegui Gil Neira. En otros espacios como el foro de estudiantes y el de mujeres y disidencias sexuales y corporales, también se cuestionó la gestión y el proceder del rector frente a asuntos como el Bienestar Universitario, las Violencias Basadas en Género y su ausencia en la vida cotidiana de la Universidad.
Solo queda el deber ético y político de oponerse a la re-reelección y de convocar a la reflexión profunda para propiciar el cambio que la misma consulta pone en evidencia; nos urge un itinerario rectoral en riqueza de argumentos y horizontes prometedores para una educación en intolerancia de la mentira y en defensa de la verdad.
La realidad actual de la Universidad de Antioquia es un fiel reflejo de la insostenibilidad de Arboleda en el cargo, pues aunque esta administración no ha destruido nuestra larga trayectoria de excelencia académica e investigativa, sí se comienzan a notar síntomas preocupantes que deben analizarse: un desfinanciamiento estructural de más de 340 mil millones, unos estados financieros que reflejan, para 2023, una pérdida de $53 mil millones, una deserción estudiantil que ronda el 50 %, baja participación de estudiantes y egresados en los cuerpos colegiados, un deterioro de los espacios de aprendizaje (aulas y laboratorios) y de los espacios de alimentación y esparcimiento, el aumento descontrolado de las ventas informales y del comercio de licor y estupefacientes, aumento de la contratación tercerizada y del número de sindicatos de empleados y profesores y de sus reclamos por la dignificación de sus condiciones laborales. Todo lo anterior, sumado al incumplimiento en la mayoría de las metas globales fijadas en el plan de desarrollo 2017-2027, son señas claras de que las cosas no van bien.
Urge un nuevo equipo de trabajo en la rectoría de la UdeA que pueda devolverle la confianza a la comunidad universitaria y retomar la idea de la educación superior como proyecto colectivo.
