Columnista:
Ían Schnaida
Desde la coyuntura de la designación del nuevo rector o rectora, dos temas cruciales han emergido: las violencias basadas en género y la desigualdad e inequidad que permea la democracia universitaria, lo que arroja serias dudas sobre algunos candidatos en cuanto a la idoneidad para liderar una institución que busca ser un referente en temas de igualdad y justicia.
Una crisis que venía creciendo se agudizó en 2022 con la explosión de denuncias por violencia de género en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, desencadenando un efecto dominó que paralizó a toda la universidad durante tres meses. A pesar de este momento crítico, las respuestas de las autoridades han sido insuficientes y, en muchos casos, negligentes. El rector/candidato Jhon Jairo Arboleda, cuestionado por su falta de acción y empatía hacia las víctimas, parece querer dejar en claro que las violencias de género no ocupan un lugar prioritario en su agenda, la cual busca extender un período más. [Lee Game of rectores, UdeA]
En el caso del rector/candidato, que solo reaccionó ante la presión de la Asamblea General, parece no dimensionar que la Ruta Violeta, que supuestamente atiende las violencias basadas en género, no soluciona el problema, que sigue latente; más cuando la misma ruta presenta fallas y es revictimizante, dado que el acceso a la justicia para las víctimas sigue comprometido. Además, las represalias contra denunciantes van en aumento sin que la administración de Arboleda haya actuado con contundencia para proteger la las víctimas y acompañantes que se atreven a denunciar, según relatan integrantes de diferentes estamentos de la Universidad, cuyos nombre reservamos por su seguridad frente a las represalias de las que pueden ser objeto.
Al preguntarle a Arboleda sobre esto, nos respondió que: “De manera permanente se adelantan acciones de monitoreo y mejora continua (de la Ruta Violeta) con el propósito de identificar y clasificar las barreras que no son reportadas por las personas que activan y usan la ruta. Así mismo, el protocolo y la ruta son constantemente divulgados con el objetivo de lograr una mayor apropiación y, por lo tanto, de garantía de aplicación adecuada»; pero las fuentes consultadas sostienen que antes de que estallara la crisis en el 2022, se hicieron públicas las denuncias por la omisión institucional y la insuficiencia de la Ruta Violeta. Después de esto no pasó nada hasta que se llegó a la situación de crisis y se requirió un paro universitario de tres meses para que el rector se comprometiera con el tema.
Durante el último año, las colectivas, mediante comunicados y denuncias públicas, han denunciado que la Ruta Violeta sigue siendo insuficiente, que persisten las acciones revictimizantes, que los procedimientos disciplinarios no han favorecido el acceso a la justicia, especialmente porque un procedimiento puede durar años sin que haya una sanción; además, los hombres con orientación sexual y de género diverso, no han contado con representación jurídica en los procedimientos sancionatorios, lo que se constituye en discriminación, revictimización e incumplimiento del acuerdo al que el rector llegó con la Asamblea General de Estudiantes para levantar el paro. “Las VBG siguen ocurriendo, las medidas de prevención son insuficientes, las represalias en contra de las denunciantes y otras personas que las acompañan y apoyan no han sido atendidas por la administración”, sostiene una de las fuentes.
En la actual campaña, Jhon Jairo Arboleda aparece en debates sin reconocer las fallas en la Ruta Violeta, como si el problema estuviera resuelto con medalla a los pioneros —como lo hizo ver en su carta de respuesta que pueden leer acá—; algo que es cuestionado por las denunciantes como omisión, encubrimiento y permisividad en los deberes que tiene la administración, pues estos problemas en la ruta facilitan que sigan ocurriendo las violencias.
Así, Jhon Jairo Arboleda ha mostrado ser un rector que ha hecho lo que públicamente le ha tocado hacer, pero sin un compromiso real con la eliminación de estas violencias.
El caso de la Facultad de Derecho
El candidato más cuestionado por estas violencias es Luquegi Gil Neira. De hecho, un profesor que ha asistido a todos los foros de esta campaña le ha realizado la misma pregunta: “Hace 7 años yo a usted en un foro le advertí sobre la grave situación de violencias basadas en género —VBG— en la Facultad (de Derecho), antes de ser decano, ¿usted qué hizo o dejó de hacer?”
Él siempre contesta: “yo lo primero que hice fue preguntar si había denuncias y no había ninguna”, algo que, para las víctimas que decidieron hablar con este medio, es algo absolutamente ofensivo y desconocedor de que quienes denuncian no tienen garantías para hacerlo sin represalias.
En la Facultad de Derecho no eran nuevas las violencias de género. Quienes llevan más tiempo laborando allí sostienen de los abusos de las “vacas sagradas” contra estudiantes, trabajadoras y docentes. Incluso, las denunciantes sostienen que la comunidad académica de la Facultad sabía de amigos cercanos del exdecano Luquegi como perpetradores de abusos contra las estudiantes. Para las víctimas, cuando Gil Neira asumió como decano, la gestión que hizo de las violencias se puede calificar como una gestión cómplice y encubridora, teniendo en cuenta, además, la violencia institucional que se ejerció desde su administración contra denunciantes. Algo que es vox populi.
Al respecto, consultamos a Gil Neira y sostuvo que: “desde la Facultad se impulsó la discusión de los protocolos que se tenían que implementar para erradicar las VBG y fue como dependencia que asumimos esa tarea de liderazgo. Conformamos uno de los primeros comités de género por facultades”, al respecto, las colectivas dicen que “él (mismo) se nombró como presidente” de ese comité y que “pasados alguno meses, integrantes del mismo no volvieron a participar del comité porque servía para encubrir denuncias en contra de amigos del decano. Este comité dejo de funcionar y después de la crisis de VBG se creó otro por iniciativa de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la Facultad”.
De igual modo, sostienen que no es cierto que Gil Neira haya asumido el liderazgo para formular protocolos; sino que se trató de un protocolo realizado en el Consultorio Jurídico para cumplir con la exigencia de una entidad externa con la que se tenía un convenio para un centro de prácticas.
También está el caso de un profesor no binario que se sumó al respaldo de estudiantes de la Facultad de Derecho que denunciaban VBG y simplemente no volvió a ser contratado. Al respecto, el exdecano respondió que “una de las exigencias era que se debía garantizar el principio de que la víctima no debía ser expuesta a encontrarse en los espacios con su agresor. Y el profesor en cuestión fue denunciado precisamente por una violencia basada en género por una profesora”.
Ante esto, las colectivas sostienen que “una profesora y un profesor lo denunciaron por violencias basadas en género, ambos cercanos al decano. El contexto de las denuncias implica una situación de acoso laboral y hostigamiento en contra del profesor, lo que llevó al movimiento de mujeres y disidencias sexuales a considerarlo como una víctima de segundo orden. El profesor a su vez interpuso las denuncias respectivas ante la misma autoridad disciplinaria”.
La Asamblea Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias presionó para que las denuncias que se pusieron en la Facultad de Derecho fueran llevadas a la Unidad de Asuntos Disciplinarios, pero allá están hace año y medio, en trámite, sin que se conozca ningún tipo de sanción o decisión aún. Es una unidad desbordada.
Aún así, hoy Gil Neira aparece en campaña como el candidato que más apoyará los asuntos de género y el que más ha hecho por estos asuntos en la Universidad.
La violencia no se detiene en los pasillos de la Universidad
En redes sociales también se han visto campañas difamatorias y ataques, especialmente contra las candidatas mujeres, Natalia Gaviria y Elvia María González, como una manifestación más de la misoginia arraigada en la institución. Los simpatizantes de los candidatos cuestionados han desplegado una campaña sucia que busca minar la credibilidad y el liderazgo de estas mujeres, socavando así su legítima aspiración a ocupar una rectoría que NUNCA, en 220 años de historia, ha tenido una mujer a la cabeza.
A estas dos candidatas las han acusado de tener vínculos con el gobernador, a quien es considerado una amenaza para la U, las han acusado de instrumentalizar los reclamos de las mujeres y disidencias; y han recibido ataques en el ámbito personal, pues se han inventado historias para menoscabar su trayectoria dentro de la UdeA. Dos candidatas con trayectorias disímiles, propuestas rectorales con diferencias de fondo, procesos y acompañamientos de la comunidad diferentes, pero que tienen en común el hecho de ser mujeres.
La política de la crueldad en la U
Las colectivas consultadas para este artículo sostienen que los candidatos cuestionados están instrumentalizando un discurso correcto acerca de la discriminación y violencia de género, pero cuando han ejercido cargos de poder no han sido coherentes con dicho discurso. “No tenemos en ese momento una violación masiva en la U como en la India, pero no podemos evitar que un profesor diga que estamos sentadas en la nota o que otro sostenga que hace perder la materia a una estudiante porque le quiere seguir viendo las tetas el semestre entrante”.
Llegar al momento político en el que está el debate en la UdeA ha costado la vida generacional de muchas mujeres. Y no darles una respuesta adecuada, minar la confianza de estas nuevas generaciones, es condenar a otras mujeres, de otras generaciones, a seguir repitiendo lo mismo; porque quienes están confiando en la Ruta Violeta porque les dijeron que tenía enfoque de género, derechos humanos, personal capacitado, no tienen respuesta o se enfrentan simplemente a duros momentos de revictimización. Es peor que a las víctimas les dejen en claro que no se puede hacer nada. Es la política de la crueldad replicada dentro de la Universidad.
No podemos permitir que la violencia de género siga siendo tolerada bajo el manto de la indiferencia institucional. Es hora de pasar de las palabras vacías a acciones concretas, y de garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y atendidas de manera efectiva. La UdeA tiene el deber moral y ético de liderar el cambio hacia una cultura universitaria que celebre la diversidad, promueva la igualdad y condene sin reservas cualquier forma de violencia y desigualdad de género.
¿Seguirán apareciendo casos que aún son desconocidos para la opinión pública? ¿Quién le pondrá fin a este panorama revictimizante en la U?
