Columnista:
Germán Ayala Osorio
La desinstitucionalizante y peligrosa incitación a desobedecer las órdenes del presidente de la República que le hizo a los comandantes de la Policía y Dijin, el fiscal general de la nación amerita un llamado de atención de las altas cortes. De la misma manera como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de Estado conminaron al presidente Petro a morigerar sus opiniones, estas dos corporaciones judiciales deben hacer lo mismo con Francisco Barbosa quien irrespeta al jefe del Estado y estimula a generales de la República a desobedecer las directrices de su comandante supremo. Esto es muy grave.
El silencio de las altas cortes ante el envalentonamiento de Barbosa aporta razones para que se consolide la narrativa presidencial que señala que se está cocinando un golpe de Estado blando. No es sano para el equilibrio y las relaciones armónicas entre los tres poderes públicos que el fiscal general se niegue a entregarle información que el presidente le ha solicitado sobre asuntos que son de total responsabilidad del jefe del Estado. Hablo en particular de los crímenes perpetrados por el Clan del Golfo, que entran el campo del orden público, asunto que es total responsabilidad del actual presidente y de su Gobierno. Insisto en que ese silencio administrativo e institucional de Barbosa amerita un llamado de atención de los magistrados de las señaladas cortes. No pueden alinearse las altas cortes con el fiscal Barbosa, pues estarían tratando de someter al poder ejecutivo a los designios del sector justicia.
Así, entonces, conforme pasa el tiempo se van consolidando narrativas negativas en torno a las funciones que estaría (in) cumpliendo el fiscal general, amparado en el tácito respaldo de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
La mejor forma de invalidar las versiones que indican que sectores de poder legal e ilegal estarían fraguando un golpe de Estado es que las altas cortes conminen a Barbosa a que entregue lo solicitado por el presidente de la República y a que morigere las maneras como se refiere al jefe del Estado. Un Barbosa deslinderado y desbocado es la brasa que estaban esperando sectores de la sociedad civil que están incómodos con el Gobierno de Petro.
Ciertas o no las versiones de una posible acción desestabilizadora del poder político en Colombia, a Barbosa hay que ponerle límites. No hacerlo, erosiona el poder presidencial, invita a la desobediencia y ampara a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que se pueden sentir legitimadas porque dentro del mismo poder judicial nadie exhorta a la Fiscalía a que entregue informes de las investigaciones de los crímenes ordenados desde esa organización narco paramilitar. ¿Quién se atreverá a ponerle el bozal al fiscal general de la nación?
Hace unos años, el entonces presidente Álvaro Uribe intentó someter a las altas cortes, en particular a la Corte Suprema de Justicia. Y, posteriormente, en la administración de Duque, esas mismas tres instancias judiciales hicieron un llamado a respetar a la justicia, por las decisiones que había adoptado la Sala de Instrucción de la CSJ respecto de las conductas punibles de Uribe. Bueno, es tiempo de que se unan para frenar al caballo desbocado que es hoy el fiscal Barbosa.
Y el llamado de atención también debe hacerse a la procuradora Cabello Blanco, quien funge hoy cada vez más, al igual que Barbosa, como opositora política del presidente Petro y de su proyecto de país. Barbosa y Cabello Blanco están jugando con candela, señores magistrados de las altas cortes. O apagan el incendio ustedes o se convierten en bomberos pirómanos.
