Columnista:
Germán Ayala Osorio
Con el asesinato de 9 militares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) manda un claro mensaje al Gobierno: no está interesado, como organización político-militar, en pactar un cese definitivo al fuego y, mucho menos, lo está para firmar un armisticio que ponga fin al conflicto armado con el Estado colombiano. A este ataque dinamitero se suma la voladura de un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, ocurrido recientemente.
Ambas incursiones están atadas a un mismo objetivo: probar la paciencia del Gobierno. Estas acciones militares siempre son leídas como una exhibición de fuerza con miras a imponer condiciones en la mesa de diálogo.
Claro, se trata de una demostración de ímpetu militar que en lugar de aportarle a ganar en legitimidad social y política, hace que la organización ELN pierda, porque de esas acciones de guerra se desprenden narrativas que desgastan su imagen como actor político, y activan tesis explicativas que ponen en duda la coherencia política entre lo que piensan los delegados en la mesa de paz y los guerrilleros que operan en los territorios.
En esa línea, se puede pensar en que hay una ruptura entre una parte del Comando Central (COCE) y las estructuras armadas responsables tanto del ataque al oleoducto, como del golpe de mano perpetrado contra los militares que protegían la infraestructura energética de la vereda Villanueva, El Carmen (Norte de Santander).
Ahora hay que esperar la reacción de los militares, pues el golpe recibido, de inmediato despierta el sentimiento de venganza en la tropa. Lo más seguro es que, en una contraofensiva del Ejército nacional, sean mostradas las bajas que en las toldas elenas dejará la operación militar vindicativa. Y así, hasta que la diplomacia aparezca nuevamente y desde la mesa de diálogo se proponga un cese bilateral al fuego.
Estos hechos militares son prepolíticos por cuanto exhiben una disociación entre las valoraciones políticas que los representantes del ELN hacen en la mesa y las que logran hacer los guerreros, iluminados exclusivamente por la razón instrumental que guía la vida de los combatientes. Para estos últimos, las hostilidades y los resultados operacionales no pertenecen al ámbito de lo político. Por el contrario, pertenecen al único ámbito en el que se reconocen: el militar.
De esa disociación nacen dos narrativas difíciles de conciliar: la primera, que impulsa a los plenipotenciarios del ELN a justificar las acciones militares, para no perder del todo el respaldo de los guerrilleros responsables de los hechos. Los negociadores saben que su reconocimiento por parte del Gobierno está atado a que los guerrilleros asesinen o secuestren militares o dinamiten oleoductos; y la segunda, la que los victimarios de los soldados asesinados construirán para, de un lado, dar un parte de victoria a los jefes militares directos y, del otro, para ahondar en la ruptura que, al parecer, subsiste entre una parte del COCE y la base guerrillera.
De cualquier forma, el ELN confirma que es una guerrilla anacrónica que se quedó instalada en los años 60. Una organización político-militar que al saber que jamás alcanzará el poder del Estado, está obligada, antes de aceptar el fracaso de su lucha «revolucionaria», a extender en el tiempo el conflicto armado. Al fin de cuentas, lo único que aprendieron en todos estos años es a echar plomo y a dinamitar el oleoducto. Antes de pensar en la «jubilación» de los miembros de su dirigencia, por físico cansancio, y en aceptar la derrota política, la dirigencia del ELN y la mayoría de sus guerrilleros prefieren deslegitimarse social y políticamente, manteniendo una lucha armada que solo los envilece y deshumaniza.
