Columnista
Germán Ayala Osorio
La alocución del presidente Gustavo Petro sirvió, fundamentalmente, para dos propósitos: el primero, para despedir a tres de sus ministros y, por esa vía, mandar el mensaje claro de que el poder discrecional del jefe de Estado está intacto. Y el segundo, para dejarle claro a esa parte de Colombia que votó por el cambio, que las reformas se harán sí o sí. Lo que no sabemos aún es a qué costos institucionales.
Asociado a esas dos intenciones, Gustavo Petro aprovechó la oportunidad de dejar claro que cree en la iniciativa privada, siempre y cuando el éxito de las actividades económicas particulares no supongan el debilitamiento de los derechos que el Estado debe garantizar de acuerdo con lo que prescribe la Constitución política de 1991.
En torno a las salidas de los ministros, la que más llamó la atención de los medios fue la de Alejandro Gaviria, un político neoliberal, quien fue ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos. El retiro de Gaviria cayó mal en un sector político y social porque él representaba el carácter amplio del Pacto Histórico y porque en su momento se asumió como una especie de negociación temprana de la gobernabilidad de Petro, pues tener a Gaviria dentro del Gobierno, así fuera en una cartera que jamás le gustó, era tener contento a esa parte del establecimiento que acompaña con reticencias las ideas y las reformas del presidente.
Mucho se especula alrededor de las razones reales que provocaron la salida del exrector de la Universidad de los Andes: que filtró el documento que varios ministros, incluido él, le entregaron al presidente, con recomendaciones sobre el proyecto de reforma a la salud, además, se dice que en su gestión de 7 meses los resultados son nulos. Y por último, que su defensa acérrima a la Ley 100 de 1993 terminaba por volverlo un personaje incómodo para el Gobierno.
Lo cierto es que Petro cortó por lo sano una relación política tóxica porque las ideas progresistas que él defiende, junto a varios de sus ministros, chocan con las apuestas neoliberales que Gaviria defiende a dentelladas de tiempo atrás.
Sobre las salidas de las ministras de Cultura y Deporte no hubo mayor escándalo político porque ellas no representaban al establecimiento colombiano. Es más, sus figuras solo sirvieron para acrecentar el racismo y el clasismo de la sociedad «blanca» que no acepta que afros y gente de izquierda tengan poder político. Por el contrario, son insignias de esa parte de la sociedad que Petro busca reivindicar por haber sido víctima de la exclusión, del racismo, de la persecución ideológica y política y, por supuesto, de la pobreza. Del retiro de Patricia Ariza se dice que fue por falta de resultados. Es lo más seguro. Por el contrario, del retiro de María Isabel Urrutia, circulan versiones que dejan entrever un enfrentamiento de la saliente ministra, con subalternos de Dilian Francisca Toro, con intereses en la cartera de Deporte. Se habla de acercamientos y negociaciones entre el presidente y el petrismo, con la política conservadora del Valle del Cauca y ficha clave para entender la crisis del sistema de salud en la región.
Lo cierto es que esta crisis ministerial y, el rápido nombramiento de sus remplazos, puede entenderse como una minicrisis ministerial en virtud a que el presidente quiere afinar los programas que conduzcan al cambio, poniendo a ministros (as) realmente comprometidos y capaces de dar cuenta de las directrices entregadas desde la Casa de Nariño. También puede asumirse lo ocurrido como una lucha intestina entre unos ministros que, venidos del liberalismo, tienen recelos sobre los cambios propuestos, en la medida en que sus orígenes de clase y el haber servido en el pasado a gobiernos auspiciadores del neoliberalismo, los hacen proclives a tomar distancia de las ideas progresistas. Asumen que Petro, por su carácter mesiánico y con visos populistas, terminará por afectar las lógicas y los intereses de sectores de poder que históricamente capturaron al Estado y lo pusieron al servicio de específicos grupos empresariales.
En cualquier sentido, la discusión y las otras reformas a la Ley 100 de 1993 que anuncian que presentarán al Congreso Cambio Radical y el Centro Democrático sirven para entender que detrás de la discusión entre si es mejor el monopolio privado que el monopolio estatal para prestar los servicios de salud, están los intereses corporativos de unos clanes políticos (familias) que consolidaron la idea de que el Estado no es bueno administrando nada, y que los únicos que sí saben hacer operar ese mismo Estado, son los privados que no arriesgan su propio capital, pues trabajan con recursos públicos. Esa misma narrativa oculta en la que, al momento de una quiebra de las EPS, es el Estado la figura que asume las deudas que siempre aparecen por el mayor problema de la sociedad colombiana: la corrupción público-privada.
Ya veremos qué pasa en el Congreso con la discusión de los proyectos de la reforma a la salud. Petro se está jugando su capacidad política, pero sobre todo, la credibilidad en quienes votaron por unos cambios que no serán fáciles de lograr porque quienes capturaron al Estado no están dispuestos a soltar esas ricas ubres de las que han succionado la riqueza de la que hoy gozan unos pocos en Colombia.
