Columnista:
Germán Ayala Osorio
Solo quienes decidieron dar sentido a sus vidas soportadas en un ya entronizado ethos mafioso, se atreven a desconocer que la corrupción es el mayor problema social y político del país. El principal líder del uribismo, Álvaro Uribe Vélez, jamás se quejó de la corrupción pública y privada. En su mendaz relato, solo atinó a defender ideas vacías como «Estado austero, cohesión social e inversión extranjera».
Ahora que sus áulicos sienten pasos de animal grande por el interés del Gobierno de Gustavo Petro de desenmarañar la red de corrupción que, por largos años, cubrió el manejo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Sistema de Salud y la contratación de la Ruta del Sol (caso Odebrecht), entonces orquestan un paro nacional, al tiempo que otros palaciegos (con y sin uniforme militar) intentan ambientar un golpe de Estado o, por lo menos, generar una crisis de legitimidad que provoque y legitime el levantamiento armado.
Aunque es un error del Gobierno y de la ministra Carolina Corcho no entregar el proyecto de reforma a la salud a todos los actores involucrados, no es posible defender a capa y espada, como lo hace el uribismo, a las EPS, convertidas en nidos clientelares en las que se instaló el ethos mafioso, esto es, todas las prácticas torcidas para desangrar las finanzas públicas y por ese camino, enriquecer a unos pocos.
Es innegable que con la Ley 100 del 93 se aumentó la cobertura, pero también es cierto que se pauperizó el trabajo de los médicos y del resto del personal de salud. Las quejas constantes de los usuarios en contra de las EPS convirtieron el acceso a esta en un calvario para cientos de ciudadanos que vieron morir a familiares en ‘el paseo de la muerte’ o por la espera de una cirugía que jamás se autorizó.
El argumento que esgrimen quienes no tienen de qué quejarse del servicio, no puede usarse para ocultar las prácticas corruptas de las EPS al momento de exigirle al Estado el reembolso de los dineros invertidos en los pacientes atendidos.
Y así como se equivoca la jefa de la cartera de Salud al evitar la lectura previa del proyecto de reforma, también lo hace el presidente Gustavo Petro al invitar a que las reformas (laboral, pensional y de la salud) que se avecinan, sean discutidas en la calle. Por más ejercicio de democracia directa que se considere, en las actuales circunstancias y, ante el interés de Álvaro Uribe, del Centro Democrático y de sus áulicos de desestabilizar al país, discutir dichos proyectos en la calle podría salir mal. Hay asuntos técnicos cuya complejidad superaría la capacidad de discusión de quienes están dispuestos a defender a dentelladas, si es necesario, el proyecto político que orienta el mandatario de la República.
Las reacciones del uribismo eran previstas y son comprensibles en la medida en que llevan más de 20 años privatizando el Estado y pauperizando la vida laboral de millones de colombianos. A agentes defensores del modelo neoliberal, como Uribe Vélez, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, entre otros más, no les son de buen recibo las reformas propuestas por el actual Gobierno, no solo por las diferencias ideológicas, sino porque detrás hay una lucha burocrática entre lo que se conoce hoy como el petrismo y el rancio uribismo, con una diferencia sustancial: Gustavo Petro cree que es posible que el Estado colombiano opere orientado bajo la filosofía de los viejos Estados de Bienestar europeos; mientras que sus contradictores políticos solo piensan en conservar el carácter corporativo del Estado, lo que supone mantener las condiciones de inequidad, concentración de la riqueza y del poder en pocas manos.
Las marchas convocadas para el 14 de febrero y primero de mayo por ambos bandos, no pueden reducirse a la permanencia en el tiempo de la llamada «polarización» social y política. Por el contrario, son la expresión clara de dos proyectos distintos de asumir el Estado y la vida en sociedad.
Aunque no creo que se dé el golpe de Estado en Colombia, lo que sí es posible que ocurra —si es que ya no está ocurriendo— es que poderosos agentes económicos de la sociedad civil orquesten acciones de parálisis de actividades estratégicas a partir de la aprobación en el Legislativo de las reformas a la salud, laboral y pensional que busca el actual Gobierno. Podrían intentar repetir lo que sucedió en Chile en 1973 cuando ganó las elecciones Salvador Allende.
Vuelvo e insisto: las elecciones regionales podrán ser un «parte aguas» en la gobernabilidad de la administración de Gustavo Petro. Si el Pacto Histórico no se hace a las principales alcaldías y gobernaciones y consolida su proyecto político y social en las periferias, la capacidad de maniobra del Gobierno se verá dramáticamente reducida. Y en esas condiciones, el uribismo podría dar el zarpazo.
