Columnista:
Fredy Chaverra
En la madrugada del viernes 30 de diciembre de 2022, Óscar Rodríguez Tovar, un destacado líder social y concejal del municipio de Linares en Nariño, fue vilmente asesinado por hombres que ingresaron fuertemente armados a su vivienda mientras dormía.
Siempre fue reconocido como un dirigente con una amplia trayectoria en la organización campesina y un referente en la promoción del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos. A las pocas horas de su muerte, el presidente Gustavo Petro afirmó que había sido asesinado un «baluarte de la nueva política de sustitución».
Su asesinato ratificó que el 2022 fue el año más letal para los líderes sociales y defensores de derechos humanos desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016. Ni la llegada del «Gobierno del cambio», la promesa de la «paz total» o la reactivación de la negociación con el ELN, tuvieron el suficiente impacto para detener los ataques en su contra.
No dudo de que el Gobierno viene implementando estrategias para desescalar la violencia e intervenir, desde un enfoque multidimensional de seguridad humana, los territorios donde se registran los mayores niveles de riesgo y victimización a líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz; sin embargo, los resultados dan cuenta del precario y limitado impacto de esas estrategias en algunas regiones, al punto que no se alejan del saldo en rojo de la fracasada política de Paz con Legalidad y el Plan de Acción Oportuna —PAO— implementado durante el Gobierno Duque.
Pero a diferencia de lo visto en el Gobierno Duque, considero que en los últimos meses ha bajado la indignación social ante el asesinato sistemático de estos; es decir, se han desactivado los espacios de presión mediática que le endilgaban la responsabilidad por cada asesinato directamente a Duque. Recuerdo que, en los picos más altos de victimización, los sectores de izquierda más radicales no lo bajaban a él de genocida, cómplice e incapaz.
No nos llamemos a engaños, siempre, tras el vil asesinato de un líder social, un defensor de derechos humanos o un firmante de paz, no faltaba el hashtag en Twitter para responsabilizar directamente a Duque.
A casi seis meses de la llegada del «Gobierno del cambio» las cifras son similares y, hasta peores, que las registradas en los días más oscuros del Gobierno Duque (y fueron muchos días oscuros), pero estoy seguro de que ningún sector político o social tildaría a Petro de genocida, o si acaso lo responsabilizaría directamente por el asesinato de líderes sociales.
Desde la derecha se viene cuestionando esa «pasividad» entre los antiguos indignados; al punto, que plantean que el asesinato de líderes sociales fue instrumentalizado por la izquierda radical para profundizar la indignación contra Duque y el uribismo.
Aunque no tiene mucho sentido que el uribismo y la extrema derecha ahora vengan a fungir como defensores de los líderes sociales, a los cuales estigmatizaron prácticamente desde que inició el proceso de paz en 2012, sí hay algo de cierto en que la indignación que siempre se generaba tras el vil asesinato de un líder social (y que los actuales congresistas le recordaron a Duque en su último discurso ante el Congreso), efectivamente ha bajado de intensidad y hasta se perdió el afán twittero de responsabilizar al presidente.
Lo cierto es que la estrategia que viene desplegando el Gobierno resulta ineficiente en algunas regiones y se deben hacer los ajustes suficientes para garantizar la vida. Tal vez, gran parte de la esperanza se centra en los eventuales resultados de la denominada «paz total», pero no se puede pasar por alto que esta es una política de altísima complejidad que apenas está cobrando forma, estableciendo sus límites y posibilidades, entonces, ¿los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz seguirán desprotegidos mientras la «paz total» empieza a entregar resultados (si los entrega) en uno o dos años?
A diferencia de lo que pasó durante el Gobierno Duque y, en esto no creo exagerar, estoy seguro de que la gran mayoría de líderes sociales del país apoyaron activamente la aspiración de Gustavo Petro y Francia Márquez. En la victoria del Pacto Histórico se integra como un activo estratégico el movimiento social, campesino y popular. De ahí que el presidente los considere baluartes en el diseño de las políticas que buscan reavivar la implementación del Acuerdo de Paz y ampliar las posibilidades territoriales de la «paz total».
Y aunque ya no hay un presidente descaradamente indiferente o ministros que reduzcan la mortandad a «líos de faldas», sí se debe avanzar en garantizar la vida e integridad de todos. Algo que ahora se encuentra en un preocupante saldo en rojo, así sea «políticamente incorrecto» expresarlo en esos términos o ya no sea una indignación que se agite desde las redes sociales.
