Columnista:
Esteban Gil Franco
La Fuerza Aérea Colombiana ha analizado —desde el Gobierno de Juan Manuel Santos— la posibilidad de renovar su flota de aviones de combate compuesta, principalmente, por aviones Kfir de modelos C10/C12/TC12, los cuales son de fabricación israelí y, en su mayoría, se encuentran al servicio del Estado colombiano desde hace alrededor de 30 años, tiempo en el que se han ido modernizando de manera continua.
Esta institución cuenta con una variedad de aeronaves multipropósito que se dedican a las labores de inteligencia, transporte de personal y defensa del Estado colombiano, entre ellas, los aviones tipo caza Kfir, los cuales han sido dedicados a diversas actividades relacionadas con la defensa de la soberanía territorial y aérea del Estado, de inteligencia, de respuesta rápida frente a amenazas de grupos armados organizados y ataques estratégicos en el marco de las luchas contra el narcotráfico y las guerrillas.
La labor de los aviones caza va mucho más allá de repeler ataques internacionales contra el país, pues tienen capacidades multioperativas que hacen esencial su presencia en cualquier fuerza aérea del mundo.
La Fuerza Aérea Colombiana ha insistido, desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, en la necesidad de renovar la flota de aviones Kfir, pues frente a otras aeronaves alrededor del mundo, estas se están quedando obsoletas.
Entre el 2018 y 2022, la Fuerza Aérea contrató y realizó estudios técnicos dedicados al análisis sobre la operabilidad de estos aviones, concluyendo que para diciembre del año 2023 quedarían obsoletos, lo cual no significa con precisión que no puedan volver a volar, sin embargo, cada vez son más costosos y menos óptimos para las labores que deben cumplir.
En materia de cifras, operar un Kfir —por una hora, en cualquiera de las plataformas que Colombia posee— tiene un costo aproximado de 15 mil dólares, mientras que los aviones más modernos, como los F-16 de la casa Lockheed Martin o los Gripen de la casa sueca Saab, son operables en el mismo tiempo a partir de los 5 mil dólares.
La actual administración del presidente Gustavo Petro, después de frustrar el intento de compra por parte del Gobierno de Iván Duque, ha decidido que es momento de traer de nuevo al debate público esta cuestión, pues era apenas de esperarse, dado que es un asunto que con el paso del tiempo ha dejado de quedar en manos de Gobiernos y se ha trasladado a un espectro de seguridad nacional.
Dentro de las ofertas disponibles, en 4 criterios razonados por la Fuerza Aérea, se encontraron los F-16 de Lockheed Martin (Estados Unidos), los Rafale de Dassault Aviation (Francia), los Gripen E/F de Saab (Suecia) y los Eurofighter Typhoon del Grupo Airbus (Estados Unidos/Europa), todos con características que convienen a las labores para las cuales serían destinados en el territorio de Colombia. En dicho sentido y, según las declaraciones entregadas hace unos días por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes encabezan la lista son los Rafale de Dassault, en razón de su capacidad operativa y garantía de transferencia tecnológica que, incluso, según fuentes del Gobierno, habría sido ofrecida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Es precisamente en este momento donde sobrevienen los debates alrededor de la viabilidad de la compra y el dinero para extender el pago, entre otras cuestiones que se relacionan. Aun así, pareciera que se ha hecho a un lado el porqué después de que Gustavo Petro y, toda la bancada del Pacto Histórico en oposición al anterior Gobierno, mencionaron que era una «irresponsabilidad en medio de una crisis» destinar recursos a dicho proyecto, el cual, ahora, hace parte de la lista de prioridades.
Esta es una cuestión que ni siquiera se tiene que extender al presente Gobierno, pues tiene aspectos de carácter fundamental en su haber, iniciando por el hecho de que cuando se es oposición, generalmente, se desconoce sobre los haberes del Gobierno, entre otras necesidades que pueden llegar a sobrevenir.
Dicha situación no exime a Gustavo Petro —ni a los congresistas afines— de la responsabilidad de usar la oportunidad a su favor, pues como en esta materia es claro, el político sobrevive de la oportunidad, pero es castigado por su ignorancia, caso que aplica en el presente asunto.
Los aviones caza cumplen una función esencial en la protección de la soberanía del Estado, tanto aérea como territorial. Esta soberanía se encuentra sujeta a límites que comprenden el territorio colombiano, los cuales en ocasiones son irrespetados por otras naciones, tal y como se ha visto con la presencia de aviones bombarderos rusos y cazas venezolanos que han sobrevolado el espacio aéreo colombiano, sin ni siquiera haberles permitido su ingreso o paso al país. Allí es donde intervienen estas aeronaves, que buscan la salida o repeler cualquier amenaza proveniente de dichos ingresos. En labores internas también son importantes, pues los cazas multipropósito no solo garantizan operabilidad contra amenazas aire-aire, sino que también aire-tierra, lo cual resulta en mayores impactos a estructuras delincuenciales, guerrillas o grupos armados organizados que se encuentren afectando el territorio.
Es por esto que el Gobierno Petro y el Partido Colombia Humana deberán aprender que la irresponsabilidad basada en desconocimiento, durante la oposición, les será debidamente cobrada en esta administración una vez se gestione la financiación y compra de dichos aviones, los cuales en su costo aproximado rondan los 25.5 billones de pesos, que claro está, es una inversión a mediano y, a largo plazo, más que necesaria.
