Columnista:
Luciana Avendaño
Debo admitir que el primer discurso de Gustavo Petro como presidente de la República ante la ONU, no solo fue emotivo y antiimperialista, sino, necesario, entre varias cosas, ante la guerra irracional en la que las políticas antidrogas, nos han sumergido por años, y que hoy, más que nunca, con autoridad podemos afirmar que han fracasado. Especialmente, en el Catatumbo, al noreste de Norte de Santander.
Una zona transfronteriza bastante estratégica para el negocio del narcotráfico, aprovechada por los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, donde además, confluyen varios grupos armados ilegales como el ELN, disidencias del frente 33 de las FARC, EPL, AGC, ‘Los Pelusos’, entre otros, y que tuve la oportunidad de recorrer hace poco, junto a la comunidad internacional, entes territoriales y la Comisión Segunda, de Derechos Humanos y Paz del Congreso de la República, con motivo de la Audiencia Pública sobre la grave situación de DD. HH. en Tibú y el resto de la región.
Confieso que antes de ingresar, tenía miedo, pues, la noche anterior a la audiencia, asesinaron al excombatiente y firmante de paz Reude Suárez Guerrero, cerca de donde estaba próximo a realizarse el evento y bueno, el esquema de seguridad en el que me movía, estaba conformado por dos excombatientes. Sin embargo, no sucedió nada malo. Pero, la situación en el Catatumbo es muy delicada y ajena, a la que vivimos en Bogotá o en otras partes del país que no han tenido que padecer el conflicto armado de manera directa.
Si bien, este departamento cuenta con varias zonas rurales, donde hay más de 40 mil hectáreas de tierra destinadas al cultivo de uso ilícito, para procesar cocaína y llevarla al exterior, los carteles mexicanos y grupos armados ilegales han dejado de utilizar las rutas de antes y reducido a cero, su nivel de exportación. Por varias razones, una, debido a la extradición de alias ‘Otoniel’, por el miedo que genera una posible colaboración entre el narco y las autoridades estadounidenses; el incremento del consumo de drogas sintéticas en ese país y la apuesta del presidente Gustavo Petro por abrir canales de negociación y diálogo con estos grupos para implementar la paz total en el territorio.
Sin duda, un contexto que ha expuesto a las comunidades a una vulnerabilidad económica y en materia de seguridad; ya no cuentan con los ‘alivios financieros’ que provenían de las fincas cocaleras porque el negocio está parado. Y ante la ausencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas, muchos han tenido que reemplazar el dinero por cocaína y atribuirle diferentes cantidades de gramos a los productos que compran.
¡Muy grave! Sobre todo, porque grupos como el ELN, les han prohibido mover droga por fuera del país, mientras avanzan los acercamientos con el Gobierno y quien se atreva a desobedecer, pondría en riesgo su vida y la de su familia; incluso, de nada serviría obedecer, porque se tendrían que enfrentar a las extorsiones y a la minería ilegal que están empezando a convertirse en el nuevo negocio del crimen armado y organizado; por ejemplo, vi bastantes volquetas cargadas de carbón.
Un panorama de la grave ausencia estatal, no solo en seguridad, porque no se trata de militarizar la vida —recordemos que la población del Catatumbo también fue víctima de ejecuciones extrajudiciales—, sino, de fortalecer a las instituciones para llegar así, con inversión social. Este es uno de los retos que tiene Petro, porque lo quiera o no, esta región nunca ha tenido jefe de Estado, y eso se ve todavía, ni siquiera los mismos alcaldes tienen el control de sus territorios, 4 de ellos, entre los que está Íder Humberto Álvarez García, alcalde del municipio de La Playa de Belén, ha tenido que trasladar sus funciones a Cúcuta porque está amenazado de muerte. ¡Háganme el favor!
Si ellos no tienen garantizada la seguridad, ¿qué les espera a las comunidades? Durante la jornada, me repitieron muchas veces que no saliera sola o podrían desaparecerme.
Esta es la magnitud de lo que se vive allá. No más hasta la fecha, cerca de 2564 niños no han podido iniciar sus calendarios académicos debido a las confrontaciones entre los grupos armados y al miedo que produce un posible reclutamiento. ¿Dónde está Alejandro Gaviria, ministro de Educación? ¿Dónde está Iván Velásquez, ministro de Defensa? ¿Dónde está José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y demás personajes del gabinete que deben apersonarse de esta situación?
Es más triste saber que ni en sus propias casas están a salvo; en cualquier momento pueden ser víctimas de las minas antipersonas, puestas a veces a más de dos metros de distancia. También, las tragedias que ocasionan las lluvias en zonas montañosas o las enfermedades que desatan el tener no solo cultivos de coca, sino, de palma de aceite, entre las que destacan la leishmaniasis y el mal de Chagas. Y hasta en eso se producen estigmas, porque la primera se conoce como la ‘enfermedad guerrillera’, lo que ha hecho —junto a la falta de acceso de salud—, es que muchos adquieran tratamientos en el mercado negro, exponiendo sus vidas.
Por ello, es necesario que este Gobierno del cambio, llegue a estos territorios, históricamente excluidos, pero golpeados por el conflicto y una selectividad estratégica del Estado por garantizar seguridad mediante el fracaso de las armas y no a través de una justicia social que garantice el buen vivir de los pueblos en Colombia.
Estamos ante una oportunidad histórica de transitar de la guerra a la paz, y en este caso, de permitir el tránsito a cultivos legales; el Gobierno debe aprovechar que la crisis de los cultivos de coca están llevando a los campesinos a cultivar productos como la yuca, plátanos y, a entrar en áreas como la piscicultura, para actuar de manera astuta con programas eficaces que hagan frente a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, construir vías terciarias para sacar los productos y trazar una primera ruta hacia esa paz total que ve en el campo, una potencia mundial de la vida y de la soberanía alimentaria.
Finalmente, solo así, el Catatumbo y todo el país empezará a vivir sabroso. Por ahora, Petro deberá reconocer los mínimos humanitarios para el cese multilateral al fuego, exigiendo un diálogo incluyente con todos los actores, desde un enfoque transfronterizo, reconociendo a más municipios de Norte de Santander como zonas PDET. ¡Es necesario implementar el acuerdo de paz!
