Columnista:
Juliana Martínez Londoño
En el 2018, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres[1] recibió 6 solicitudes de acompañamiento de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas que buscaban acceder a un aborto legal y seguro en Colombia. Desde entonces, año tras año, los casos han ido en aumento: entre 2018 y 2021, dicha organización ha acompañado legalmente a 154 de estas mujeres en su legítimo propósito, un 30 % del total de los acompañamientos realizados en ese periodo, identificando las barreras de acceso que deben enfrentar.
Para evitar equívocos, definimos barrera como una limitación que va en contra de lo establecido en la normatividad vigente con relación a este servicio de salud y que, según la Defensoría del Pueblo, es una vulneración de derechos y una abierta discriminación.
Así lo vimos en la investigación “Uno pasa por muchas cosas”: barreras de acceso a la IVE en mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia, presentada esta semana en Bogotá y Cúcuta —disponible para consulta en este link— en la que respondemos la pregunta por cómo es la experiencia de esta población en torno al acceso al aborto y a otros servicios de salud sexual y reproductiva, como el acceso a anticoncepción o la atención de violencia sexual, en Bogotá, San José de Cúcuta, Soacha e Ipiales.
Para ello, se estudiaron los 154 casos antes mencionados, se realizaron entrevistas a mujeres migrantes y refugiadas y prestadores de servicios de salud, grupos focales con organizaciones sociales y de cooperación internacional; además de visitas a campo y peticiones a entidades públicas, indagando por las condiciones de acceso a estos servicios de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia.
Lo que encontramos es que las barreras de acceso son similares a las que sufren las colombianas, y que existen algunas específicas de su condición de migrantes, especialmente para aquellas que no se encuentran regularizadas. Entre 2018 y 2019, el estatus migratorio irregular fue determinante para la negación del servicio. Entre 2020 y 2021, la concentración de los servicios de salud en la pandemia, redujo las posibilidades de atención, por lo que otras barreras cobraron mayor relevancia, entre ellas: la falta de disponibilidad de redes para la prestación del servicio, la interpretación restringida de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como una urgencia y las dilaciones injustificadas.
Esto le pasó a Marcela [2], quien con 37 años tuvo un embarazo no deseado. Como cumplidamente su periodo menstrual llegaba mes a mes, solamente supo que estaba embarazada a la semana 25 de gestación. Aunque buscó acceder a través del sistema de salud a un aborto legal en Cúcuta, le negaron el servicio por ser migrante irregular. Entonces fue asesorada legalmente por La Mesa, donde le informaron de la posibilidad de ser trasladada a Bogotá para ser atendida por una institución de salud pública; esto era necesario, pues en Cúcuta los prestadores de servicios de salud no realizan el procedimiento más allá de la semana 15 de gestación y, en algunos casos, hasta la semana 20.
A Marcela le preocupaba con quién dejar a su hija de 8 meses de nacida mientras viajaba para ser atendida. Finalmente, desistió de realizarse el procedimiento. Como Marcela, el 12 % de las mujeres acompañadas por La Mesa desistieron, lo que se debe principalmente a las barreras, que terminan desgastándolas y socavando su capacidad para decidir. El 66 % accedieron, y el 16 % no se volvió a comunicar.
Hay que decir que la xenofobia, la discriminación y, la desinformación, son barreras constantes en lo que respecta al acceso a la IVE de las mujeres migrantes venezolanas. Si bien nuestro marco normativo habla de igualdad y no discriminación a personas extranjeras, independientemente del estatus migratorio, la realidad que viven las mujeres migrantes venezolanas en el sistema de salud está marcada por malos tratos y permanentes negaciones de los servicios. Al respecto, genera preocupación lo dicho por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca, la que afirmó, en respuesta a un derecho de petición, que: “Dentro de sus funciones esta Secretaría no está facultada legalmente para efectuar actuación alguna que tenga que ver con las mujeres migrantes”. Esto es abiertamente contrario a las Leyes 1257 de 2008 y 2136 de 2021, además de los conceptos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entidad rectora en cuanto a igualdad de las mujeres.
Este tipo de respuestas y, los demás aspectos identificados, nos conducen a realizar las siguientes recomendaciones a las entidades públicas de todos los niveles: capacitar a las y los funcionarios involucrados en la implementación del marco normativo sobre el aborto en el país; promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia, de manera que puedan tomar decisiones informadas; mejorar la coordinación entre las instituciones; y crear protocolos específicos de acceso a la IVE para la población de mujeres migrantes.
Según el reciente fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 (Sentencia Causa Justa: C-055 de 2022) debe sacarse adelante una política pública integral en materia de derechos sexuales y reproductivos, la que puede ser la oportunidad para hacer realidad el derecho de todas las mujeres, hombres trans y personas no binarias a decidir sobre su reproducción con libertad.
[1] Colectivo feminista que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho al aborto en todas las circunstancias. La Mesa es la organización pionera de Causa Justa.
[2] Para proteger la confidencialidad de la mujer, se utiliza un seudónimo.
