Columnista:
Germán Ayala Osorio
Las decisiones discrecionales tomadas por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente de la República, Gustavo Petro, tienen como objetivo recuperar a las instituciones armadas, convertidas por más de 20 años en apéndices ideológicos y políticos del entonces presidente Álvaro Uribe y de sus áulicos. Es claro que Uribe politizó, ideologizó y privatizó a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, al que manejó y manoseó como si se tratara de su ejército privado. Con la purga, Gustavo Petro pretende “desazapateirar” las filas contaminadas por los caprichosos “hijos” que el entonces general Enrique Zapateiro dijo que quedaban al interior del Ejército Nacional.
Los ‘falsos positivos’ y el enriquecimiento económico no justificado de cientos de generales y, de otros oficiales de alta graduación, son la constatación de que el ethos mafioso penetró y se naturalizó al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.
Petro sacó a más de 50 generales, no solo porque necesita de una oficialidad sintonizada con la “paz total” y el respeto a los derechos humanos, sino porque le urgía romper los lazos que muchos de los salientes generales tenían con Uribe Vélez y los miembros del Centro Democrático. Busca, además, evitar las ya acostumbradas filtraciones de información reservada que comprometía a la seguridad nacional y que le llegaban al hijo de Salgar y a los periodistas afectos al régimen. Ese privilegio se le tiene que acabar al expresidente sub judice, reconocido bajo el número 1087985 que le otorgó el INPEC.
Ya salieron varios uribistas pura sangre —entre ellos, el lenguaraz Francisco Santos— a quejarse de los cambios, señalando que salen generales troperos, de gran experiencia. De igual manera, el exministro de Defensa del gobierno de Santos, Juan Carlos Pinzón, lamentó la salida de los altos oficiales. Dijo el palaciego uribista que “las instituciones pierden personas con experiencia, liderazgo y logros. Pierden los colombianos”.
Por todo lo anterior, es importante que la comandancia del ELN y las disidencias de las Farc (incluida la Segunda Marquetalia) asuman con seriedad y responsabilidad histórica los acercamientos y los procesos de negociación política.
No es gratuito que la salida masiva de oficiales coincida con el viaje de los delegados del gobierno de Petro a La Habana para retomar el proceso de paz que se interrumpió por hechos políticos y acciones criminales que comprometieron al gobierno de Iván Duque y, por supuesto, al propio Comando Central del ELN. En particular, por el criminal atentado que perpetraron con la Escuela de Oficiales de la Policía, General Santander, que dejó 23 jóvenes asesinados.
El uribismo leerá sus acciones bélicas desde la desazón que le produce hoy la salida de los 52 generales. La narrativa que muy seguramente construirán dirá que Petro debilitó a las Fuerzas Armadas y que, por tanto, el país quedó a merced de los terroristas. El excandidato presidencial uribista, Federico Gutiérrez, alias ‘Fico’, ya salió a decir que las Fuerzas Armadas quedaron debilitadas.
Elegir una cúpula pro-paz no puede entenderse como el debilitamiento de la capacidad militar para responder a los desafíos de los grupos al margen de la ley. Por ello, la nueva comandancia debe afinar las acciones de inteligencia, pero especialmente, las de contrainteligencia, porque lo más seguro es que dentro de las unidades y, a pesar de la enorme purga, aún queden “zapateiros” y simpatizantes de Uribe, de la guerra, de los negociados y de la violación de los derechos humanos.
