Columnista:
Germán Ayala Osorio
Con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se legitima el carácter y la operación de un Estado policivo, orientado a perseguir a todo aquel ciudadano que ose criticar al gobierno, al propio fiscal y en general, al aparato de justicia y al régimen de poder. Es claro que al señor Barbosa, encumbrado megalómano, le incomodan las críticas y las libertades de prensa y de opinión.
Al decir que «cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas a algún delincuente parapetado. Así funciona y nosotros ya lo sabemos», Barbosa se erige como una suerte de Torquemada judicial, o como un impetuoso y grotesco emperador al que su incontrastable ego le impide aceptar critica alguna, porque él mismo es la prueba fehaciente de que la perfección es posible.
Preocupa y atemoriza lo dicho por Barbosa, no solo por el cargo que representa, sino porque ese tipo de señalamientos suelen ser recogidos y asumidos por las fuerzas legales e ilegales afectas a esa doctrina malévola llamada uribismo, como una patente de corso para perseguir y eliminar a todos aquellos que caben dentro de la amenaza lanzada por el fiscal general.
Las reacciones del abogado Ramiro Bejarano y de la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, tienen la clara intención de darle la dimensión real a semejante declaración, que va en contra vía de preceptos constitucionales y de la operación de una democracia real. El primero elevó un derecho de petición con el que le exige a Barbosa que por favor indique si él, por su ejercicio como abogado y columnista, es considerado por la Fiscalía como un delincuente. Entre tanto, la periodista alude a la personalidad perturbada del fiscal, circunstancia que suma al ambiente enrarecido que específicos agentes del régimen vigente vienen construyendo en torno al ejercicio del periodismo, por casos de corrupción y de abuso policial que varios periodistas destaparon y que pusieron en calzas prietas a la ministra Abudinen y a los mandos de la Policía nacional, por lo acontecido durante el Paro Nacional de 2021.
La conducta del fiscal Barbosa, claramente antidemocrática, no solo tiene el propósito de coartar a quienes piensan diferente a él, sino que muy seguramente busca ganarse un lugar en el corazón de Álvaro Uribe, imaginándose, quizás, como presidenciable para el 2026.
Qué difícil resulta para funcionarios como Barbosa entender que como fiscal general representa una parte importante del Estado de derecho, circunstancia que lo obliga a respetar libertades y derechos consagrados en la Carta de 1991. Quizás el nulo control institucional que sobre su cargo existe, a lo que se suma su descontrolado ego, lo hayan hecho pensar en que puede ponerse por encima de la Constitución, y descalificar a quienes se atreven a criticar a este régimen oprobioso del que él hace parte. Quienes obramos como pensadores y críticos nada más estamos parapetados en el discurso, como vía para erosionar las verdades a medias que los funcionarios estatales suelen decirle al país, con la anuencia de periodistas abyectos de los medios uribistas que aún operan en Colombia.
Señor fiscal, no prejuzge y juzgue a quienes desde la independencia, aportamos a la consolidación de la democracia, esa misma que usted quiere debilitar con declaraciones-amenazas que lo acercan cada vez más al talante de Chávez, Maduro, Ortega, Pinochet o Videla.
