La revocatoria

Columnista:

Armando López Upegui

Consiguieron 305 mil firmas. El Patiamarillo y el noticiero de Teleantioquia Noticias no caben en el pellejo de la felicidad. Los promotores de la algarrada, una emética mezcla de uribistas, oligarcas huérfanos de la ubérrima ubre del erario que los ha amamantado ancestralmente, gente bien del estrato 6, exempleados de la administración resentidos, políticos oportunistas – perros de toda boda – como el señor Vélez, en fin, perdedores. Malos perdedores, se han unido en santa cruzada para sacar de su puesto a un muchacho del estrato 3 que se atrevió a sacarles el bocado de sus angurriosas fauces.

¿Y qué es eso de la revocatoria que con tantas albricias están promoviendo?

Pues bien, este proceso revocatorio está reglado por la ley 134 de 1994, modificada por la Ley 741 de 2002 que desarrolla la democracia participativa consagrada por el art. 2 de la Carta política. En esas leyes se establecen los mecanismos de participación democrática de los ciudadanos, entre los cuales se contempla la figura de la revocatoria del mandato, de claro sabor revolucionario, como que hunde sus raíces en el derecho de resistencia preconizado en los Dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke. 

Pero que en realidad fue formulado y postulado por Lenin, como parte del programa revolucionario en su libro Tesis de abril y en las distintas intervenciones sobre el Estado (tanto en El Estado y la Revolución, como en la conferencia sobre El Estado, en la Universidad de Sverdlov). Lo paradójico es que un instrumento de clara y rancia estirpe izquierdista sea ahora afamado y defendido y usado por las fuerzas políticas más tradicionalistas, camanduleras, exclusivistas y reaccionarias de Antioquia. Vivir para ver.

La figura de la revocatoria del mandato se contempla entonces en el art. 6 de la Ley 134 de 1994, modificada por la ley 741 de 2002. Pero, según lo previsto en el art. 64, el haber recogido 305 mil firmas si bien es condición necesaria, no es condición suficiente para adelantar el proceso, pues los impugnadores del mandato tienen que demostrar en qué consiste la insatisfacción general de la ciudadanía con el mandatario o en qué consiste el pretendido incumplimiento del programa de Gobierno. (art. 65 de la Ley 134 de 1994, modificada por la ley 741 de 2002)

Es por eso por lo que han desatado una campaña de desprestigio, de persecución mediática, liderada por la hojita parroquial llamada pomposamente El Colombiano; la “denunciatón” (no hay organismo judicial o de control en el cual la rabiosa jauría no haya depositado su correspondiente granito de arena, con la denuncia de turno), ni hay tema que no se haya usado para contribuir al escándalo, desde los “sesudos” análisis de “sesudos analistas”, hasta llegar al descaro de negar la existencia de un asalto cinematográfico y atribuir su despliegue a maniobras de la administración. Todo ese bagaje se ha ido acumulando para lograr sacar de su puesto un muchacho del estrato 3 que se atrevió a cantarle la tabla al Gran Sinvergüenza de Colombia.

Sin embargo, para validar el proceso revocatorio tiene que participar en él un número de sufragantes no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario según lo señala el art. 69 de la Ley 134 de 1994, modificada por la ley 741 de 2002. Y para aprobar la revocatoria tiene que ganar el “SI”, por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria.

Emitido ese pronunciamiento popular se entenderá revocado el mandato, razón por la cual el gobernador deberá convocar a nuevas elecciones para escoger al sucesor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el registrador correspondiente certificare los resultados de la votación. Durante el período que transcurra entre la fecha de la revocatoria y la posesión del nuevo mandatario, será designado en calidad de encargado por el gobernador, un ciudadano del mismo grupo, partido o movimiento político del mandatario revocado conforme con lo mandado por art. 74 de la Ley 134 de 1994, modificada por la ley 741 de 2002.

Pero, si como resultado de la votación no se revoca el mandato del funcionario, no se podrá volver a intentar sacarlo de su cargo en lo que resta de su período (art. 70 de la Ley 134 de 1994, modificada por la ley 741 de 2002).

Bueno y ¿por qué tanta rabia, por qué tanta inquina, por qué tanta histeria contra este muchacho del barrio Tricentenario?

Vamos por partes, porque aquí hay personajes e intereses que este muchacho del estrato 3 se ha atrevido a enfrentar y a contradecir; por lo menos  hay dos “pesos pesados” involucrados como promotores, ambos con citaciones en fiscalías y juzgados: uno, el subiudice y exconvicto exmandatario. El otro, el indiciado y subiudice ex alcalde y ex gobernador, todo un Faraón de los crespos. 

El Gran Sinvergüenza de Colombia todavía cree que la política se hace como la ha hecho él toda la vida: por rabia o por vanidad. Y los miembros del «empresariado» antioqueño, casta a la cual pertenece el Faraón de los crespos y su coro de amiguitos que escriben en El Espectador, han vivido a la sombra de una falacia: la grandeza de la «raza» antioqueña, que no ha sido otra cosa que el abuso de los recursos públicos por parte de un puñado de oligarcas que han hecho su agosto con la administración del departamento y de la ciudad.

El Faraón de los crespos, tan docilito y suave en sus declaraciones respecto de El Gran Sinvergüenza de Colombia y sus abusivos actos de gobierno, sus “chuzadas”, sus falsos positivos y todo el fardo de cuestionamientos que lo acompañan, saca ahora sí sus pulidas y barnizadas  uñas  para agredir al alcalde que tuvo un día el infortunio de tropezar con los oligarcas que él siempre ha representado. Pero lo hace porque en medio de su gran hipocresía, mientras vende su imagen de pulcritud y respeto por lo público, mal oculta ese apetito voraz que lo llevó a raspar la olla del erario cuando fue gobernador de Antioquia. Bajo su gobierno, en Antioquia “no se pierde un peso”, sino que se perdieron todos y la olla quedó raspada, según contó la Contraloría Departamental.

Por sus frutos, más que por sus melifluas y engañosas palabras, los conoceréis: ahí estuvieron las pirámides, ahí está la biblioteca España, ahí está Hidroituango (donde se generan muchos de los kilovatios de su ira contra la administración de Quintero); ahí está la investigación penal que le va pierna arriba por las contrataciones irregulares. 

Su administración municipal, financiada por Argos y el GEA, fue una de las que más cemento le metió al calentamiento global de la capital antioqueña. Él y su familia pertenecen a ese entramado de los negocios privados con los negocios públicos.

Ahora, toda esta gente se ha dedicado a hablar mal del alcalde diciendo que odia a los encopetados filipichines del GEA. Pero, en realidad, el odio no es de Quintero para con ellos. Al revés: ellos no le perdonan a Daniel Quintero que, siendo un hombre de estrato 3 les haya intentado sacar de la boca el erario que se han venido chupando desde 1813.

Claro que también hay personajitos menores, como el exalcalde tránsfuga, que nos engañó a todos haciéndonos creer que votando por él podríamos frenar al “hebreo” de Juan Carlos Vélez. Alias Fico está desesperado haciendo méritos, pegando brinquitos desde el abismo de su pequeñez intelectual, a ver si lo ven en la vereda Llano Grande de donde podría salir bañado en el bálsamo sagrado que lo convierta en “el que dijo Uribe”. Cada vez sus posiciones son más desobligantes y bizarras como cuando celebró el bombardeo del ministro molón Molano contra los niños víctimas de reclutamiento forzado. Está desesperado acusando a Quintero de estimular la lucha de clases, repitiendo un lugar común muy propio de las gentes semicultas del uribismo, que creen que la lucha de clases se puede improvisar, estimular o fomentar.

Porque, no nos digamos mentiras, aquí el núcleo del asunto que no le pueden perdonar, es la defensa de lo público asumida con valentía y coraje por el alcalde Quintero, en contra de un pulpo voraz que se hace llamar empresariado antioqueño y que ancestralmente ha mamado la teta del erario desde 1813 cuando se proclamó la independencia del Estado Soberano de Antioquia. Y por eso ahora están todos unidos, en un solo haz, en coro, atacando por todos los medios y tratando de frustrar el intento de recuperar el patrimonio de la ciudad que adelanta la administración actual.