Autora:
Elizabeth Giraldo Giraldo
Medellín luego de pasar a rastras y sin dar soluciones estructurales a la crisis social y económica de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ha sido gobernada bajo la idea de crecimiento económico a toda costa, hacerse competitiva y atractiva para la inversión nacional y extranjera ha sido el centro de la política local. Desde la llegada al poder de Sergio Fajardo con el beneplácito de las élites y un respaldo ciudadano significativo en el 2004 se ha hecho dominante el discurso que afirma que todo ha estado muy bien, acompañado por la creencia extendida de que quienes nos gobiernan han hecho lo mejor por la ciudad y sostener lo contrario es toda una profanación al «milagro Medellín». Ha dominado la idea de que el crecimiento económico ha llevado a más oportunidades y bienestar para todos y todas, pero ¿es esto cierto? La respuesta es de tal obviedad que vuelve la pregunta insulsa, vivimos una ciudad fragmentada, con diferencias abismales entre barrios acaudalados y barrios empobrecidos y una fragilidad vertiginosa de lo que se ha logrado. Con datos podemos reconfirmar lo que la experiencia nos dice.
El índice de Gini que mide la acumulación de la riqueza; es decir, la distancia entre ricos y pobres, nos permite ver cómo entre 2002 y 2019 la ciudad se ha mantenido en los mismos niveles de desigualdad con leves variaciones y sin ningún avance en la redistribución, 0,54 y 0,59 para cada año respectivamente. Los ampulosos discursos no pueden encubrir que la ciudad sigue siendo estructuralmente desigual, lo que quiere decir que aun cuando pueda haber un mejoramiento en el borroso concepto «calidad de vida» Medellín sigue siendo principalmente un instrumento para el enriquecimiento de una minoría.
El tratamiento de la ciudad como medio para la acumulación y circulación del capital y no como una comunidad política tiene sus consecuencias en la institucionalidad estatal a la que se incorporan lógicas empresariales y mercantiles y deja de tener preeminencia el sentido público de la acción de Estado.
Junto con la desigualdad hablemos de otras dos consecuencias que han marcado el devenir de la ciudad. La primera se ha consagrado la supremacía de lo privado sobre lo público, tanto en el modelo de ciudad como en los intereses que en gran medida mueven las decisiones que nos tocan a todas. Segunda, la ciudad ha sustituido el concepto de derecho por el concepto de servicio, y esto se da tanto porque en parte la riqueza empresarial proviene de la mercantilización de derechos, pensemos en la salud y el alimento, como por la actitud de Estado que no asume su lugar de garante de derechos y por tanto responsable de su universalización.
El proyecto de acuerdo 065 de 2021 presentado al Concejo de Medellín para culminar la secuencia privatizadora de UNE tiene que ver con esa historia de desigualdad que caracteriza a Medellín. La racionalidad implícita en el acuerdo pretende mostrar la privatización como un destino inevitable y la pérdida de soberanía sobre los bienes públicos como la vía lógica para superar la crisis de EPM causada por el descalabro financiero que han dejado las malas decisiones y los desastres de HidroItuango. Nunca estará demás decir que los políticos que participaron en el despilfarro y la posterior privatización de EPM y UNE son los mismos que luego tuvieron que ver con los errores y desaciertos de HidroItuango. Hoy llegamos al nudo de sus decisiones.
Para momentos como este es necesaria la imaginación política que es aquella que nos dice que el futuro es nuestro y que siempre hay algo que podemos hacer para abrir nuevos destinos. En esta coyuntura de ciudad vale la pena traer a debate la desprivatización como una acción política posible y deseable. Hoy, una actitud defensora del Estado podría buscar desandar los pasos que han privilegiado el poder privado sobre el público y la descarga de responsabilidades del Estado; la privatización y la venta del patrimonio público está hoy en crisis porque no ha cumplido su promesa de bienestar y por el contrario hemos sido testigos de desfalcos, corrupción, deterioro de derechos en cada gesto privatizador, solo una minoría de empresas logran hacerlo bien siendo la regla las coberturas limitadas y la atención deficiente. Es un complemento además a esta situación que el dinero que llega al Estado vía la venta de bienes públicos no logra ser redistribuido, para el caso de Medellín se ha llevado a la modernización de la infraestructura y al incremento de su competitividad como producto urbano para la inversión, pero como bien ya dijimos no se traduce en una ciudad menos desigual.
Introducir este debate nos pone ante un diálogo nacional que no se debe quedar en el Concejo de la ciudad y las fuerzas políticas allí representadas, por el contrario, debe llegar a otros escenarios en los que se pongan en discusión temas como la urgente regulación del mercado de las telecomunicaciones, la creación de políticas e instituciones públicas que garanticen derechos para que no queden en mera declaratoria, sino que puedan ser amparados con respuestas materiales y concretas como es el caso del derecho al internet y la posibilidad de articulación entre entidades que afronten, por ejemplo, las brechas de conectividad en el país. Lo que pasa hoy en Medellín es la oportunidad para este debate.
Hasta no conocer la decisión del Concejo no sabremos si hemos perdido con UNE una oportunidad de ciudad, pero las necesidades y las obligaciones siguen al orden del día, y es posible que las personas de Medellín, de los diferentes gremios, sectores y territorios, estemos dispuestas a imaginar otras posibilidades y a hacer los esfuerzos colectivos necesarios para hacer de la ciudad el lugar de la justicia económica. Empecemos por debatir lo que no se ha hecho bien.
