Columnista:
Johana Orozco Ortiz
Pero vayamos a lo concreto. A esos casos que nos recuerdan que, aunque muchos lo quieran llenar de eufemismos, nuestra justicia sí está perdida, al menos hasta el día en el que escribo esta columna. ¿Hace cuánto usted está escuchando que «avanza» la investigación contra el señor Álvaro Uribe Vélez? Es cierto que hace muchísimo tiempo es salpicado por acusaciones severas contra falsos positivos y despojo de tierras, pero vamos a centrarnos en aquellas que se están llevando a la justicia, aunque sean de menor magnitud si se compara con los verdaderos hechos por los cuales debería estar siendo investigado. A continuación, tomaré dos fechas importantes que fueron descritas en El Tiempo
«24 de julio del 2018: La Corte abrió una investigación formal contra Uribe y lo llamó a indagatoria, sin dar a conocer la fecha. El caso se abrió por el supuesto intento del expresidente y del exrepresentante Álvaro Hernán Prada de influir ante Juan Guillermo Monsalve».
«8 de octubre del 2019: Álvaro Uribe debe asistir a la Corte Suprema de Justicia a la indagatoria. Quedó vinculado formalmente por los delitos de soborno y fraude procesal».
Hay más de un año de diferencia entre ambas fechas. Sí, así de rápido avanza un proceso contra alguien que continúa perpetuándose en el poder.
Ahora permítame llevarlo a otro caso. Uno en el que los tiempos son diferentes, pero, sobre todo, todo, donde las acciones de esta persona distan mucho de lo que se le acusa a Álvaro Uribe, incluso siendo esta una de las investigaciones con menos peso en su trayectoria.
Hablo de la primera patrullera trans que fue acusada por un hurto, tomaré, de nuevo, una nota publicada en El Tiempo.
«La funcionaria fue sindicada del hurto de una crema para los ojos, el 23 de junio de este año, en una droguería ubicada en el centro comercial Titán Plaza, al norte de Bogotá… En el fallo se afirma que la patrullera Andrea Cortés, la primera uniformada trans en la institución, incurrió en falta gravísima a título de dolo «por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio», y por ello, la Policía la destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos».
Mi intención en esta columna solo es una: medir las consecuencias y la diligencia de la justicia en este país. El debate de si es o no culpable patrullera, es una discusión que no m compete a mí, sino a la justicia.
Vayamos a lo elemental: el tiempo y las consecuencias. En el caso de Uribe, aún hoy, después de más de 3 años, no se ha dado una respuesta final. Continúan las audiencias, aplazamientos y escándalos. Todo esto no responde más que a sus grandes tentáculos que van por todos los caminos posibles para debilitar la justicia en todo momento. No olvidemos, tampoco, que este señor también lo han salpicado los llamados falsos positivos, ese proceso todavía sigue donde él lo quiere, escondido, sin salir a la luz macabra de su realidad.
Entonces, hagamos un contraste con la patrullera que, según dicen, hurtó una crema para los ojos. Este proceso se resolvió el 4 de octubre de 2021, pues fue en esta fecha que la destituyeron de la Policía. El supuesto hurto fue cometido el 23 de junio; es decir, no alcanzó ni a cumplir un año y ya tenemos un fallo disciplinario.
¿Incluso con todo esto son capaces de decirme que la justicia cae por su propio peso? La justicia en este país cae de acuerdo con la cantidad de tentáculos tengas para mover a tus peones: congresistas, fiscales, empresarios… y algunos otros que prefiero ahorrármelos para no hacer tan larga esta columna. Total, usted y yo cogemos en el aire la idea de quienes estamos hablando.
