Miedo e inseguridad

Columnista:

Armando López Upegui

Han desatado los radio periódicos y los telenoticieros una campaña sostenida de terror en la población, magnificando los hechos relacionados con la seguridad ciudadana; incluso periodistas que viven de hecho al servicio del régimen, como Yamid Amat, salen presas del pánico en los medios, a hacer pucheros en sus entrevistas con los generales de la policía. Sustentados en encuestas que nadie controla, ni nadie certifica en cuanto a su técnica y veracidad, se habla de la “percepción” de inseguridad por parte de la ciudadanía. El mal es común a varias ciudades y centros poblados del país, pero significativamente donde más énfasis ha puesto el escándalo es en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las cuales están regentadas por alcaldes que, se supone, tienen un origen político independiente y no en los partidos de la derecha tradicional.

Por una muy extraña coincidencia, esas tres ciudades fueron los epicentros regionales de las mayores y más nutridas protestas durante el estallido social vivido por el país en los  pasados meses de abril, mayo y junio. Fue en ellas donde la mayor afluencia de manifestantes llenó las plazas y calles y donde mayores enfrentamientos con la fuerza pública se presentaron.

También son esas tres ciudades donde más deslegitimada se encuentra la fuerza pública, porque  han sido ellas los escenarios donde se han cometido los mayores crímenes de la policía nacional en contra de la población protestante.

Por esa razón es preciso entrar a analizar qué pretenden sus autores y, consecuentemente, quiénes están detrás de esa campaña mediática para generar el clima de terror entre la población.

En el caso de Cali, la crema y nata de la burguesía caleña, que cuenta entre sus integrantes nada más y nada menos que a la inefable señora Cabal y a su martirizado marido, es decir la gente “de bien” que se viste de camiseta blanca y sale en sus lujosas camionetas a dispararle a la gente, está evidentemente interesada en sacar de su cargo al alcalde Ospina, pero sobre todo a asegurarse de que ningún otro exponente de esa cosa que llaman “los independientes” pueda regresar al mando de su entrañable ciudad. Se han agrupado en un movimiento “cívico” llamado Cali Primero y pretenden recoger  90 mil firmas para revocarle el mandato con el argumento de que el señor Ospina no ha cumplido su programa y le entregó la ciudad a la gentuza. 

En Medellín, nido o madriguera política del Gran Sinvergüenza, se viene adelantando también un proceso de revocatoria auspiciado por el candidato (mal) perdedor en la pasada contienda por la alcaldía. Daniel Quintero está realizando hasta ahora un gobierno decoroso que ha pretendido llegar a la gente más necesitada, mientras lucha por limpiar de corrupción y de clientelismo varios recovecos de la administración como EPM y Ruta N, entre otros, que estaban cooptados por la oligarquía paisa agazapada en el GEA. Recientemente, recibió las andanadas que le propinó el oscuro exmandatario, para quien al parecer las cifras de la policía que él tanto dice defender y adorar, no son creíbles cuando señalan una reducción del 40% de homicidios y 34% de hurtos en la ciudad.

Caso aparte lo constituye la capital de la República, porque pese a que Claudia Nayive no ha sido santo de devoción de la derecha, ni del régimen, el talante autoritario natural que la caracteriza y su temor a desairar al poderoso sector empresarial, financiero y comercial de la primera ciudad del país, la llevaron a tomar una serie de medidas represivas supuestamente dirigidas a rescatar la seguridad de Bogotá. Dotada de una maleabilidad, una docilidad y una adaptabilidad excepcionales, la señora alcaldesa capitalina logró que volviéramos a ver espectáculos propios de los peores tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, cuando las unidades del ejército y la policía militar se paseaban de arriba abajo por la calles, deteniendo, requisando, atemorizando a los ciudadanos.

Y ahí es a donde quieren llegar los sectores más trogloditas y retardatarios de la derecha del país: generar de manera artificial y mediática un gran pánico entre la gente, exagerando la gravedad de la situación de inseguridad para que la ciudadanía atemorizada corra a caer en brazos de las opciones electorales autoritarias y autocráticas  encarnadas en el muy desprestigiado y dividido partido de gobierno.

Y la ciudadanía engañada, olvida que llevamos más de tres años de desgobierno y que la administración del presidente Mario registra tasas de criminalidad crecientes que pasaron fácilmente de 2844 en 2018 a 2941 en 2019, según la Corporación excelencia de la Justicia. Pero también ha sido totalmente incapaz de garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz que incluyen la protección de la población vulnerable, lo que se traduce en significativas y escalofriantes cifras de muertes entre los líderes sociales, concretamente 1201 a 6 de julio de 2021 y los reinsertados, concretamente 254 hasta febrero 8 de 2021. Y eso para no mencionar aquí las 187 matanzas u homicidios colectivos que llama el gobierno, (50 en 2019, 76 en 2020 y 61 en lo que va de 2021, con un total de 692 víctimas) que han ocurrido durante la actual administración ¿Habrá mayor  inseguridad que el temor a perder la vida?

Sin embargo, lo que está detrás de todo esto es la pretensión de apabullar a la ciudadanía, de atemorizarla, cortándole su ánimo respondón y contestatario, haciendo alardes de fuerza mediante la militarización de las ciudades donde la gente participó más activamente en el estallido social, igual a como se hacía en tiempos del Estado de Sitio y de la Constitución de 1886. 

Porque no nos digamos mentiras: los soldados que patrullan las ciudades saben que las suyas son armas de guerra, no de control civil o ciudadano. Ellos no pueden usar sus fusiles en plena calle dados el alcance y la capacidad letal de este tipo de instrumentos. Un disparo de estos aparatos puede atravesar una pared mediana, las latas de un automóvil o alcanzar hasta 6 cuadras (unos 600 metros). ¿Usted se imagina a un policía militar disparando su fusil en un restaurante?

No negamos que hay asaltos, no negamos que hay inseguridad, son males propios y connaturales de la exclusión, de la discriminación, de la falta de comida, de educación en valores, de oportunidades de progreso y crecimiento personal y colectivo. Pero esos males sociales se combaten con presencia del Estado y del gobierno en las barriadas, con oportunidades de empleo y de emprendimiento protegido de la competencia de los pulpos económicos; con centros educativos y culturales, con acceso al deporte. Con medidas tan elementales como la pavimentación de las calles y la pintura de las fachadas de las casas de los barrios populares. Hay que darle calidad de vida a la gente de los estratos más bajos, es válido generar esperanzas en la gente, pero no se la puede defraudar. No es con más policía, con más militares en las calles como se combate la inseguridad. Es elevando las condiciones de vida de la gente. Estamos seguros de que así será más fácil que don Yamid pueda volver a cenar con sus amigotes a los restaurantes de la zona rosa de Bogotá.