Columnista:
Germán Ayala Osorio
En la renuncia de Karen Abudinen confluyen factores que resultaron decisivos en su dimisión. El primero de estos, tiene que ver con la decisión político-electoral del Partido Liberal de apoyar la moción de censura, el debate mismo al interior de la Cámara de Representantes, la presión de las redes sociales y, por supuesto, los efectos derivados de la investigación de la periodista Paola Herrera. Eso sí, a pesar de la confluencia de esos factores, la decisión de abandonar la cartera ministerial de la abucheada funcionaria obedece más a un cálculo político de específicos actores políticos que al interior del régimen suelen moverse en una natural recomposición y alineación de fuerzas, en particular cuando está por venir un año electoral.
Por supuesto que esa acción político-electoral no está pensada para tomar medidas conducentes a evitar que se repitan las irregularidades y la probada negligencia que comprometieron a la señora Abudinen y a Centros Poblados. No, por el contrario, seguramente y hacia futuro, establecerán los mecanismos y las alianzas que les permitan impedir que las irregularidades y los actos de corrupción se filtren a la prensa. Normalmente, al interior del régimen, las fuerzas se suelen recomponer usando información privilegiada y delicada que termina filtrándose a la prensa, cuando un actor político ha sido traicionado o se requiera de este, un cambio o un apoyo específico.
No puede la opinión pública pensar que la renuncia de Abudinen contribuirá en algo a disminuir la corrupción público-privada y mucho menos a erosionar o proscribir el ethos mafioso sobre el que se soportan las actuaciones de los comprometidos en este caso y en otros, como Reficar y Odebrecht, para referirnos a los más recientes escándalos. Por el contrario, debemos entender que haber abdicado a su cargo confirma que los ministros son simples fusibles que se queman por cuenta de la sobrecargada mala imagen del presidente, en este caso, la de Duque, que se extiende a la de la secta-partido llamada Centro Democrático en la cual milita.
De seguro, los 70 mil millones no aparecerán y lo que es peor, Centros Poblados logrará triunfos judiciales en las demandas anunciadas contra el Estado en virtud de la caducidad del contrato que determinó el MinTIC, por orientación de la saliente ministra.
El entramado de corrupción y de negligencia pública que hay detrás de este caso quedará en la sombra, al igual que las responsabilidades políticas que no asumirán jamás los miembros del clan de los Char y mucho menos, personajes como Emilio Tapia, señalados en la investigación de la acuciosa Paola Herrera, de estar detrás de las maniobras con las que «engañaron» a los funcionarios del MinTIC, sufrirán acoso judicial alguno.
En cuanto a la protocolaria investigación que abrió la Procuraduría a la dimitente funcionaria, lo más probable es que no prospere. Ello dependerá de lo acordado al interior del régimen y en particular, entre los agentes políticos que presionaron a Duque para que este le pidiera la renuncia a Karen Abudinen. Quizás jamás se conozca todo el entramado oscuro que hay detrás de lo sucedido entre el MinTIC, la entonces ministra y Centros Poblados. Nunca en el país se sabrá qué fue lo que se acordó entre aquellos que decidieron quemar ese fusible. Lo más factible es que lo sepamos en 2022, cuando las cargas entre quienes tienen capturado el Estado, se reacomoden.
