Columnista:
Germán Ayala Osorio
Que un gobernador deba salir del país huyendo de amenazas contra su vida y que el jefe del Estado no haga una vehemente declaración pública rechazando semejante situación tan apremiante, desde lo humano y lo institucional, constituyen muestras fehacientes de que al centralismo bogotano poco o nada le importa no solo la suerte del mandatario regional, sino el saber que hay estructuras criminales en esa región que tienen el poder para someter al poder ejecutivo.
El anterior es el caso del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien viene enfrentando a clanes políticos mafiosos y estructuras narcoparamilitares, de allí que las amenazas recibidas y que obligaron a su intempestiva salida del país puedan venir del maridaje existente entre familias políticas corruptas locales y organizaciones al margen de la ley. Además, Caicedo viene soportando el asedio institucional de instancias centralizadas del poder político e incluso, de unas tensas relaciones con el presidente de la República. Es decir, que el gobernador en propiedad haya salido del país es una muy buena noticia para sectores de poder económico y político no solo del Magdalena, sino de Bogotá, desde donde suelen legitimarse los poderes mafiosos y clientelares regionales y locales.
Semejante situación bien podría considerarse como una afrenta contra la seguridad nacional, en la medida en que un ente territorial, a juzgar por el origen de las amenazas, lo confronta una estructura criminal que no permite su normal operación institucional. Se está, entonces, en presencia de la claudicación del Estado regional ante el poder intimidante de estructuras criminales, mientras que desde Bogotá se guarda silencio.
El mensaje político que se envía desde la Casa de Nariño termina por afianzar la operación de los criminales, al tiempo que permite deslegitimar el proyecto alternativo que encarna el Carlos Caicedo. Por cuenta de lo ocurrido con el burgomaestre, nuevamente serán las instancias internacionales las que le digan al Estado colombiano qué hacer, cuando se esperaría que la institucionalidad tomara cartas en el asunto, desde el preciso momento en el que se produjo la salida del país del gobernador.
Serán entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o quizás la Corte Interamericana de Derechos Humanos las instancias que terminarían por exhortar al Estado colombiano y en particular al Gobierno de Iván Duque para que tome decisiones conducentes a proteger la vida de Carlos Caicedo, así no sea de su línea política e ideológica, y a garantizar la operación del Estado regional. Y por supuesto, a hacer todo lo que militar y legalmente esté al alcance a fin de someter a las organizaciones criminales que están detrás de las amenazas que recibió Caicedo. No por ser un político incómodo para el uribismo, su vida se puede subvalorar. ¿Será que mientras el gobernador huye, en la Casa de ‘Nari’ celebran?
del actual gobierno no se puede esperar nada diferente a lo referido en este artículo.