Columnista:
Felipe Gaviria
¿Pagar impuestos es de pobres? Es cierto que los Estados encabezan la legítima responsabilidad de brindar a sus connacionales garantías como respuesta a su acuciosa labor de rendir tributos para lograr (en teoría) un equilibrio en virtud de su naturaleza negocial, o llamándolo de una manera más escueta, intercambio de favores, no es menos cierto y de evidente conocimiento público que el recaudo de tributos suelen desviarse de cartera con ocasión a la administración que apoderan personajes de orden público que no hacen otra cosa que contaminar al Estado de corrupción, deshidratando el fisco público con el que se pretenden cubrir las necesidades elementales de seguridad, educación, salubridad, entre otras, para marchar en armonía con los principios magistrales de nuestra Constitución Política como los que predica el artículo 2 en su extendido rango de aplicación e interpretación. No obstante, la marcada realidad es donde los ricos crecen pero no de número, sino de signo pesos, y del otro extremo, se sintoniza con el fin de la línea vertical de pobreza y supervivencia que carga a sus hombros la falta de garantías que debería cubrir el exceso tributario.
En otras palabras, los cordones de violencia y desigualdad nacen también a partir de la intransigencia e indiligencia del Estado, por no ofrecer políticas de gobierno tendientes al control y vigilancia en procura de evitar figuras maliciosas como los desfalcos fiscales promovidos por los próceres políticos y aquellas en las que los impuestos deban ser pagados en proporción al salario devengado por cada ciudadano; es decir, los que cuentan con más capacidad son los que deben sostener la estructura fiscal, y aquellos con menores ingresos deben ubicarse en posiciones por encima de esta, y no como la base que soporta dicha estructura.
La desigualdad obedece también, en la medida que existen estímulos y en algunos casos exenciones tributarias para los empresarios, pero no para aquellos ciudadanos organizados en sus finanzas, que evitan el camino desleal de la evasión. Lo anterior, entra en contraposición con los mandatos que predica el artículo 95 constitucional sobre los deberes de la persona y el ciudadano en la cual enmarca, y cito textualmente «la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad».
Pero, quienes más deberían contribuir al progreso y prosperidad económica son los mismos que buscan una ruta ventajosa de evadir impuestos o estrategias encaminadas a conseguir menos obstáculos y más entornos flexibles respecto a los regímenes fiscales, como los ofrecidos en los países conocidos bajo la figura o pseudónimo «paraísos fiscales», que de una manera muy atractiva para la noble legalidad, cubren el impacto negativo relacionado con los estándares de pobreza de los países subdesarrollados, pues a partir del anonimato se facilita la obtención de capitales logrados por actos corruptos y delitos monetarios (dinero producto de actividades ilícitas como el narcotráfico), dado que cualquier persona sin distinción de país de origen puede abrir una cuenta bancaria de forma ignota en una institución bancaria en los países que gozan de este dúctil sistema (a título de ejemplo Suiza, Islas Caimán, entre otras) o registrar una empresa o sociedad sin muchas trabas burocráticas o requisitos que abusan del tiempo de sus interesados.
En efecto, las mencionadas estrategias, facilitan el incremento de la crisis financiera de los países pobres, teniendo presente que imposibilitan la recaudación arancelaria que podría destinarse a sectores sociales, de infraestructura o proyectos de inversión en el campo de la salud y la seguridad, en igual sentido, podemos darle otro alcance óptico al problema en discusión, y es que en virtud de la oportunidad que ofrecen estos territorios, es decir, de autobeneficiarse mediante el apogeo extranjero, correlativamente causan un empobrecimiento para aquellos que tienen dificultades de atraer el capital e inversiones extranjeras y que como consecuencia de ello, se ven obligados a competir con países en circunstancias semejantes, con economías apenas crecientes o en recuperación dada la crisis que produjo la pandemia por el covid-19 y sus variantes.
Para finalizar, la evidente reducción o en otros casos exención de tributos que deben rendir las empresas, pone en desequilibrio la balanza económica, aumentando el peso y carga tributaria que deben soportar los sectores sociales más vulnerables y en condiciones medias para de forma escueta cubrir ese hueco fiscal que termina paralizando el desarrollo económico y de esta manera, otorgando sentido y color a la afirmación… «Pagar impuestos es de pobres», como mayor exponente de la realidad Colombiana.
