Autor:
Gustavo Adolfo Carreño
La pandemia del covid-19 colocó en escena la educación pública preescolar, básica, primaria, secundaria y media de modo virtual o remota, herramienta de la que se dispuso para atenuar y mantener activos los entornos educativos, una estrategia de emergencia para una situación de emergencia, de acuerdo con las circunstancias, los recursos disponibles, acudiendo al ingenio, creatividad y compromisos de maestros-estudiantes-padres de familia, modalidad acorde a las condiciones de desigualdad e inequidad reinante, incorporando una mixtura de recursos tradicionales y tecnologías de última generación para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En la educación remota los maestros acuden a pedagogías, didácticas y tecnologías diversa y variada. Un ejemplo son las tradicionales fotocopias, textos, guías, libros digitalizados, radio y televisión; redes sociales como Messenger, Facebook, WhatsApp, correo electrónico, dispositivos móviles; medio de conexión sincrónicos como Zoom, Meet o Skype; plataformas como Educlass, Edmodo o Classroom, por citar algunas, y la infaltable acción mediadora del maestro.
La educación virtual de las escuelas públicas en Colombia se apoyó en tres elementos fundamentales: la conectividad, la disponibilidad equipos tecnológicos (celulares, portátiles, etc.) y la presencialidad remota del maestro. El Dane encontró que para 2019 el 74 % de la población rural carecía de acceso al internet, cifra mucho más alarmante hoy por cuanto de los más de 2,4 millones de estudiantes de colegios rurales, tan solo el 17 por ciento de ellos tienen acceso a Internet y equipos de conexión.
En realidad el acceso a Internet, la disponibilidad de equipos tecnológicos y el adiestramiento en las nuevas tecnologías digitales por parte de las comunidades educativas fueron barreras que no se pudieron remover, reducir o eliminar con la educación virtual o remota. Las cifras hablan por sí solas, el 96 por ciento de los municipios de Colombia no cuentan con recursos ni la cobertura para desarrollar la educación virtual, Departamentos como Vichada y Guainía cuentan con un 10% de acceso a internet y equipos de cómputo, estas mismas variables son de un 9 por ciento para el Amazonas y 5 por ciento para el departamento del Vaupés según datos de la Federación Nacional de Educadores (Fecode).
En consecuencia, miles de poblaciones, sobre todo rurales, la Colombia profunda, permanece condenada a la oscuridad, la ignorancia, el abandono, a la minoría de edad en sentido kantiano, sin oportunidades de apropiación del progreso, la civilización, el desarrollo, al no disponer del acceso a las autopistas de la información y el conocimiento brindadas por la Internet.
En este contexto emerge una obra de conectividad de gran envergadura, billonaria (2,2 billones de pesos), urgente, pertinente, inaplazable, necesaria, fundamental para garantizar la equidad educativa, social, económica y cultural del país. Lo llamaron «Proyecto 10K», con la finalidad de dotar de conectividad gratuita a cerca de 15.000 colegios oficiales desde el año 2021 hasta el 2031, en los 32 departamentos del país, específicamente en zonas rurales, proyecto bandera del gobierno Duque, bajo las riendas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), en cabeza de la ministra Karen Abudinen Abuchaibe.
Por distintas razones el proyecto se fracciona entre dos operadores, Comunicación Celular S. A. (COMCEL), ejecutor de la Región A del proyecto, conectará 7468 Centros Digitales, una inversión de $1,06 billones, este operador viene cumpliendo hasta la fecha todas con las cláusulas estipuladas, avances, entregas, etc. El problema es con el segundo contratista operador de la Región B del proyecto de conectividad, Unión Temporal Centros Poblados 2020, que conectará 7277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada, una inversión por un valor de $1,07 billones.
La olla podrida la destapó la periodista Paola Herrera, hasta entonces nos enteramos del sinfín de anomalías, irregularidades y toda suerte de podredumbre en torno al contrato con la UT-Centros Poblados 2020. Incumplimiento total en las entregas (no han entregado el primero), un consorcio empresarial sin ninguna experiencia en el ramo, sin respaldo patrimonial sólido, pegado con babas por cuanto las pólizas de cumplimiento adquiridas por el contratista son falsas, un anticipo generosamente entregado (70 mil millones de pesos) sin controles previos, seguimiento nulo a los planes de inversiones, verificación de avances, etc. Dinero literalmente embolatado, en el aíre como la canción de Escalona, recuperarlos es ilusión gubernamental, un botín bien atesorado por los escurridizos contratistas en paraísos fiscales de los Estados Unidos.
Estamos frente un entramado mañoso, una sofisticación del carrusel de contrataciones monumental, bien maquinado, malintencionado, perversamente imaginado y ejecutado por vivarachos, permisivamente aceptado, con la mirada impasible de los organismos de control y la creciente indignación ciudadana ante un negociado chueco, disparatado, chimbo, algo que solo puede suceder en un gobierno jamás imaginado, en un país que no aguanta más saqueos, más impunidad, en un país verdaderamente democrático la ministra ya habría renunciado.
Sin duda alguna, el contrato para entregar conectividad a las escuelas públicas más apartada del país es un monumento al despilfarro, a la corrupción, una gran estafa tramada por personas con amplia experiencia en el oficio, la valerosa investigación de la periodista Paola Herrera vislumbra nombre ampliamente conocidos, Jorge Pino Ricci, Emilio Tapias, Miguel Ángel Morales Russi o asesores de la ministra Abudinen, personas cercanas a los círculos de poder de Barranquilla, el clan Char, Cambio Radical, Centro Democrático y demás partidos gobiernistas.
Es inaudito, sospechoso y oscuro cómo el consorcio de contratistas «Centros Poblados», en dónde gravitaban intereses de personajes de dudosa reputación resultara ganador en una licitación en materia de conectividad frente a un competidor de la talla, experiencia y membresía de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Su gancho o plus para sacar ventajas a ETB fue ofrecer 877 puntos adicionales de conexión rural, esto es, mayor cobertura, la atención adicional de por los menos 100 000 estudiantes rurales.
Se ha propinado otro golpe contundente a la educación pública y a sus juventudes, a la Colombia rural, a las oportunidades para cerrar las brechas entre la ciudad y el campo y facilitar el acceso a la ciencia, el conocimiento y el saber de millones de niños, niñas y jóvenes. Lo mínimo que esperan del Gobierno Duque los estudiantes de las escuelas públicas es que no les roben sus sueños, mantener este proyecto, cumplir esta bandera de gobierno, entregárselo a la Empresa de Teléfonos de Bogotá, segunda mejor calificada en la licitación, una empresa pública, con amplia con experiencia en ese tipo de operaciones, conectando los 7277 centros digitales, en definitiva, cumplirle a los jóvenes colombianos.
