Autor:
Kevin Pérez Díaz
El pasado 19 de julio, como si estuviéramos dos décadas atrás, cuando el país se encontraba en la época más cruenta del conflicto, grupos armados al margen de la ley ordenaron a los habitantes 31 veredas de Ituango (Antioquia), por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp, abandonar la zona.
Ante la imposibilidad de acudir a alguna autoridad que les garantizara la protección de sus derechos, porque sencillamente el Estado no hace presencia en la zona, se vieron obligados a abandonar sus viviendas y territorios.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, a fecha del 28 de julio, habían sido desplazadas 4099 personas (entre ellas 1300 niños, niñas y adolescentes).
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo envió una misión humanitaria a Haití para verificar la situación de Derechos Humanos de los exmilitares colombianos vinculados al asesinato del presidente Jovenel Moïse, el Ministro de Defensa está enfocado en perseguir, capturar y judicializar a quienes lideraron las manifestaciones en el marco del paro nacional y el presidente viajó a Perú a la posesión de Pedro Castillo.
En pleno 2021 grupos armados ilegales llegan a una zona, ordenan deshabitarla y no hay ninguna institución del Estado que haga presencia para evitar el asesinato o desplazamiento de los habitantes. Esta ausencia del gobierno condenó a los habitantes de Ituango a estar a la merced de los grupos ilegales sin dejarles otra alternativa distinta a obedecerles para salvaguardar sus vidas.
Mientras Colombia es el segundo país en América Latina con la inversión más alta en gasto militar, los grupos armados hacen, deshacen y ordenan como si se tratara de una república independiente en la que la criminalidad estuviera al frente.
Billones y billones de pesos direccionados hacia las fuerzas militares y más de 4000 personas tuvieron que abandonar sus territorios por las amenazas en contra de su vida sin que el gobierno estuviera presente.
Cuando se llevó a cabo la desmovilización de la antigua guerrilla de las Farc, y su movilización hacia los espacios de reincorporación, se advirtió que varios territorios requerían de la presencia del Estado para que no fueran tomados por otros grupos. Pero ante los ojos ciegos del gobierno que no cumplió su responsabilidad frente a la implementación del Acuerdo de Paz, diversos territorios anteriormente ocupados por la exguerrilla Farc hoy son repúblicas independientes del crimen controladas por grupos armados al margen de la ley.
Posdata: Nos devolvieron al 2002. Colombia como mayor productor de coca en el mundo, pueblos enteros desplazados, restos humanos apareciendo en ríos y 60 masacres en lo que va del 2021 según Indepaz. Volvió la Seguridad Democrática.
