Autora:
Laura Preciado
El 6 de julio el presidente Iván Duque sancionó la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Lo que para algunos es una celebración, para otros no tanto y acá le explicamos por qué la cadena perpetua es una pena de populismo punitivo que no tiene una solución real.
Iván Duque afirmó que esta medida se ajusta a la Constitución colombiana, pero varios expertos afirman que esta pena es anticonstitucional puesto que va en contra de la libertad, la dignidad humana y no da una vía para la resocialización. Todos están de acuerdo con que los victimarios deben tener un castigo y responder ante la ley. En este caso, el agresor puede tener una resocialización efectiva, solo si se le reconoce, en su calidad de persona, que tiene derechos humanos y que no se le pueden vulnerar porque la Constitución Política de Colombia los reconoce como seres vivos y más aún en un Estado social de derecho.
Además, recordemos que la situación en las principales cárceles del país no es buena puesto que se presenta un hacinamiento del 20,65 % y el mantenimiento de una persona en la cárcel le cuesta al Estado 2 millones de pesos mensuales. Recursos que se podrían utilizar o invertir en la implementación de políticas públicas eficaces y reparación a las víctimas. El dinero se desvía, haciendo un mal uso de los recursos públicos. Es importante mencionar que desde la Sentencia T-153 la Corte Constitucional ordenó al Estado estructurar, diseñar y ejecutar una política pública que garantice los derechos de las personas que están privadas de su libertad, pero esto aún no se cumple del todo.
Para Francisco Bernate, abogado especialista en derecho penal, esta pena «no protege a los niños» puesto que la prevención verdadera está en las alertas tempranas, en las comisarías de familias y personal capacitado para atender a los menores y potenciales agresores. Si se busca verdaderamente proteger a las niñas, niños y adolescentes del país se deben atacar los problemas estructurales. Es decir, según la Fiscalía General de la Nación el 80 % de estos crímenes atroces son cometidos por familiares, allegados, vecinos y personas cercanas a los niños y con prevención se podría ayudar a solucionar este problema.
Y, por si lo está pensando, estar en contra de la cadena perpetua no significa que se apoyen estos atroces crímenes ni mucho menos a los victimarios. Solo que con esta medida se genera una inviabilidad constitucional y además, ir en contra de los derechos humanos cuando hay otras alternativas, no es una solución. Se debe continuar un proceso en el que se sigan las investigaciones, se garantice la protección y reparación de los menores de edad y que el agresor sea castigado de manera rápida y efectiva. Por ejemplo, la pena máxima en Colombia es de 60 años y esto en la práctica ya es una cadena perpetua. Con las penas que están establecidas es más que suficiente, solo toca ponerlas en práctica.
Ahora, desde la perspectiva del neuroderecho, según la investigación Prisión perpetua en Colombia: Funciones de la pena, política criminal y neuroderecho realizada por Diego Borbón, monitor y asistente editorial del Centro de Investigación en Política Criminal, investigador y coordinador del Eje NeuroRights del Observatorio Latinoamericano de DD. HH. afirma que «se pretende justificar la prisión perpetua, al señalar que quienes cometen delitos sexuales graves padecen trastornos mentales y son incurables. Precisamente, durante las discusiones legislativas en el Congreso de la República, la mención de argumentos como estos fue recurrente». De hecho, se utiliza como una técnica de manipulación y de pánico para justificar la agresión cuando hay estudios que demuestran que los trastornos mentales tienen poca incidencia en los delitos sexuales y no se considera un factor de riesgo.
Los delitos o agresiones sexuales no están exclusivamente relacionados con la psicopatología. En cambio, hay otros aspectos asociados directamente con el contexto en el que se relaciona la niña, el niño o la adolescente como la convivencia familiar, nivel de escolaridad o un sistema patriarcal y machista en su casa. Si se busca proteger a los menores de edad, la cadena perpetua no es la solución, pues es una herramienta simbólica para generar un sentimiento de falsa seguridad, alivio momentáneo y responder ante la esfera pública.
La severidad de las penas no garantiza o evita que los individuos cometan estos crímenes porque de nada sirve si el aparato judicial no funciona, pues se presenta impunidad y no se hacen las respectivas investigaciones. Los procesos de investigación de estos casos pueden durar hasta siete años y esto hace que el accionar del Estado sea negligente. Es necesario fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez y de paso, garantizar que la formación de los jueces sea la correcta para que los procesos no se dilaten. Así que la solución no es aumentar la pena, sino reducir la impunidad.
