Columnista:
Germán Ayala Osorio
La capital del Valle del Cauca fue el epicentro del estallido social que puso en evidencia no solo la pobreza, la miseria y la discriminación étnica, sino la presencia de un espíritu paramilitar que se apoderó de cientos de ciudadanos de bien o los llamados «camisas blancas», que salieron a dar bala a los miembros de la minga y a los manifestantes.
Después de fuertes jornadas de represión policial, en muros y puentes quedó registrado lo sucedido, con grafitis y gritos que decían «Nos están matando», «Paren el genocidio», «Esmad, asesinos» y «En dónde están los desaparecidos», entre otras consignas. Debido a la ya normalizada autocensura de noticieros como RCN y Caracol, y de medios locales y regionales oficialistas, andenes, muros, fachadas y puentes se convirtieron en los mejores canales en los que se denunciaban los excesos y los crímenes cometidos por agentes del Esmad.
De inmediato, en varias ciudades, incluida por supuesto la Sultana del Valle, se organizaron brigadas de ciudadanos, acompañados en varias ocasiones por agentes de la Policía, para borrar esos reclamos y gritos de otros ciudadanos que querían dejar en las paredes, el registro público de lo vivido desde el inicio del paro nacional.
Curiosamente, con pinturas de color blanco y gris plomo se dieron a la tarea de tachar los mensajes alusivos a lo acontecido durante el paro. Sin duda alguna, en esas acciones cívicas de los negacionistas urbanos hay una particular estética, en la medida en que asumen las calles y los muros; es decir, el espacio público, como la extensión de la política de ocultamiento no solo de los desafueros y crímenes cometidos por agentes del Estado, sino de los graves problemas socioeconómicos que padece Cali, vendida como la Capital Mundial de la Salsa y como un paraíso por el que corrían ríos de miel y leche. Pero también hay una postura ético-política, por cuanto suprimir esas frases y expresiones de lo vivido en la ciudad, constituye un ejercicio de violencia simbólica que en lugar de aportar a la anhelada reconciliación, por el contrario, ahonda las diferencias, alimentadas por prácticas de exclusión étnica, social, económica y política que los caleños por largo tiempo desestimaron o quisieron ocultar.
Estos negacionistas urbanos son fieles seguidores del hacendado de marras y difusores de la idea consignada en la política de seguridad democrática, que señalaba que en Colombia jamás existió eso que se conoce como el conflicto armado interno. Por ese camino, ahora quieren negar lo ocurrido en Cali durante más de dos meses del paro nacional. Sin duda, un desafuero histórico, si valoramos como grave lo sucedido en la capital vallecaucana, en materia de violaciones a los derechos humanos.
Deben entender estos negacionistas citadinos que muros y puentes son las páginas en las que a diario se escribe la historia de la ciudad. Ni con pintura blanca y mucho menos con aquella de color gris plomo podrán borrar lo acontecido, porque el malestar social seguirá presente en el espacio público de la hasta ayer Sucursal del Cielo. Pretender ocultar los ignominiosos episodios de la violencia estatal constituye una forma de censura que solo servirá para hacer más grandes las fracturas que originó la política represiva, durante el experimento político-militar que montaron Uribe y Zapateiro en Cali.
